Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) dio a conocer que capturó a cinco personas tras rescatar a nueve mujeres, entre ellas una de nacionalidad cubana y otra colombiana que permanecían sometidas a la explotación sexual en tres inmuebles de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez.
Los elementos de la PGJ-CDMX desplegaron un operativo en tres inmuebles para desmantelar esa red de trata de personas en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, para des
En un comunicado precisó que remitió a tres hombres, de 25, 56 y 57 años de edad, al Reclusorio Preventivo Sur.
Además, traslado a dos mujeres, de 51 y 83 años, –esta última, propietaria del negocio y “contratista” de las agraviadas–, al Centro de Reclusión Femenil Santa Martha Acatitla, en el que enfrentarán proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual.
Los elementos de la PGJ-CDMX siguen la pista un hombre identificado como el dueño de una agencia de publicidad, que permitía enganchar a las mujeres como modelos y después, someter a los servicios sexuales en una casa de citas.
La PGJ-CDMX promoverá ante la instancia judicial aplicar la Ley de Extinción de Dominio a los predios en los que operaban las casa de citas.
Una de las víctimas relató que los tratantes despojaron de los documentos migratorios para obligar a participar en pasarelas frente a los clientes que posteriormente las escogían para un sexo-servicio.
Antes de ingresar a una recámara con la chica elegida, el cliente debía pagar entre cuatro y seis mil pesos, más tres mil por el costo de las bebidas.
La cifra permitía al cliente tener relaciones sexuales durante dos horas; y en los casos que de traslado a un hotel cubrían una cuota de dos mil pesos de “derecho de salida”.
Según el testimonio, al final las víctimas obtenían un pago de mil 800 pesos, pero como les descontaban el costo de su alojamiento, sólo recibían 100 pesos en efectivo.
La historia de Brenda
La PGJ difundió la historia de Brenda –nombre ficticio–, una de las mujeres víctimas que denunció haber sido presa de este delito.
El 10 de agosto de 2015, la mujer fue a una cita de trabajo para modelo en un inmueble de la calle Hermosillo, en la colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc.
La mujer que la atendió le dijo que debía cuidar su presentación para conservar el trabajo, ponerse un nombre artístico y que el sueldo sería de mil 800 pesos por evento.
De aquel lugar, Brenda fue llevada a otro domicilio en la calle Nuevo León, colonia Hipódromo Condesa, en la misma demarcación.
Ahí observó meseros y la atendió un hombre que dijo ser el dueño de la empresa. Éste la llevó a una recámara y le ordenó desnudarse para “aprobarla” como empleada.
Luego le detalló sus labores: atender a los clientes del lugar, consumir bebidas alcohólicas con ellos y tener relaciones sexuales con los interesados.
Brenda aceptó y se presentó al día siguiente. Al llegar a su lugar de trabajo observó a varias chicas de entre 20 y 30 años y de distintas nacionalidades. Era el “desfile” de la casa ante los clientes.
Ahí, la joven observó a dos de los hoy detenidos; eran el vigilante y el administrador del sitio.
Un mes después, el dueño del negocio dijo a Brenda que era momento de “aspirar a tener mayor prestigio”. Por ello, comenzó a “promocionarla” en un sitio de internet.
En octubre la llevó a vivir a su casa, ubicada en la avenida Gabriel Mancera, colonia Del Valle Sur, delegación Benito Juárez.
Según la joven, el sujeto le daba de comer sólo cuando él lo hacía y no le permitía tener comunicación con sus familiares, mientras seguía obligándola a ofrecer sexoservicio.
Un año pasó. Algunas víctimas extranjeras se dieron cuenta que Brenda vivía en la casa del explotador. Entonces, le pidieron ayudar para recuperar sus documentos migratorios que éste les quitó cuando las contrató.
La joven le reclamó al sujeto y éste la amenazó que la dañaría. Fue entonces cuando acudió al Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas y denunció los hechos.
Un juez de Control obsequió a la policía una orden de cateo en los inmuebles mencionados, misma que se realizó el pasado 13 de enero.
Según la PGJ capitalina, tras el rescate, las nueve agraviadas recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica de parte de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, pues el dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad de las mujeres.
