Agencias / La Paz.- El gobierno de facto de Bolivia ha solicitado la rescisión del contrato con la empresa española GPA Innova, que proveyó los 170 respiradores cuya adquisición está siendo investigada por la Justicia boliviana por sobrecoste en su compra.
Así, se pide la devolución de 2,2 millones de dólares que se pagaron por adelantado a cambio del retorno de los equipamientos adquiridos a finales de mayo, que tampoco servían para prestar asistencia a los pacientes más graves de covid-19.
Así lo ha comunicado el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, que ha explicado que la compañía española fabricante de los aparatos ya ha informado de que “no va a poder cumplir” con algunos apartados del contrato. “La fábrica ha hecho conocer a la empresa que vendió (esos equipos) que no va a poder cumplir con algunos ítems, más allá del proceso penal”, ha sostenido Coímbra, y ha añadido: “Nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato; eso significa la devolución de los 2.200.000 dólares al Estado y nosotros devolvemos los respiradores que llegaron a Bolivia”.
Sobreprecio en los respiradores
La compra de los ventiladores pulmonares al fabricante GPA Innova fue intermediada por la proveedora, también española, IME Consulting Global Service SL, que estableció un precio de $28,080 dólares por unidad, mientras que la fábrica aclaró posteriormente que cada respirador tenía un costo de $7,234 dólares, por lo que se estima un sobreprecio de 3,3 millones de dólares.
Este caso se cobró la cabeza del ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien fue detenido y enviado a prisión preventiva. También están siendo investigados otros implicados, como el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela o el exdirector de Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco, entre otros.
Según ha apuntado el titular de Justicia, las investigaciones que se están desarrollando están a punto de establecer las acusaciones: “En las próximas semanas, máximo en 15 días, van a salir las acusaciones, en contra de todas las personas que han sido denunciadas”, ha sostenido.
Niegan corrupción en pruebas rápidas Covid-19
Coímbra también ha negado que se hubieran producido irregularidades y sobrecostes en la adquisición de pruebas PCR para detectar posibles casos del nuevo coronavirus, después de que se hiciera pública una denuncia en este sentido.
El ministro de Justicia ha explicado durante una entrevista para Radio Marítima que han recibido los informes de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), en los cuales no se evidencia “ninguna irregularidad o ilegalidad jurídica, ni tampoco un sobreprecio”, ya que, ha apuntado, “habían propuestas mucho más altas”.
Este hecho ese basa en una denuncia en la que se acusa al Ministerio de Salud de adquirir una dotación de pruebas PCR a una empresa china por un valor de 47,3 millones de bolivianos (5,7 millones de euros), el doble del presupuesto que presentó con anterioridad un laboratorio uruguayo, que tasó el proyecto en 22,8 millones de bolivianos (2,7 millones de euros).
Coímbra ha explicado que si se descartó la propuesta del laboratorio uruguayo fue debido a que no cumplía con los varemos y los requisitos necesarios para comercializar ese producto, y ha anunciado que en “las próximas horas”, todos los informes del caso serán enviados a la Presidencia “para establecer de manera clara que no hubo irregularidades en el proceso de contratación”.
