Agencias/Ciudad de México.- Felipe de Jesús Delgadillo Padierna Juez de Control dictó esta madrugada prisión preventiva justificada contra el empresario Rafael Olvera Amezcua socio mayoritario de Ficrea que ha sido trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
La parte defensora de Olvera Amezcua solicitó duplicar el plazo de 72 a 144 horas para definir su situación jurídica ante esa instancia.
El Juez de Control fijó la nueva audiencia para dictaminar si ratifica la vinculación a proceso contra Olvera Amezcua para las 16:00 horas del próximo 7 de marzo.
Olvera Amezcua ha sido acusado de defraudación fiscal de más de 185 millones de pesos omitidos en 2013.
El Juez de Control impuso la prisión preventiva justificada al empresario debido a que existen elevados riesgos de fuga del País.
Delgadillo Padierna consideró que el imputado no cuenta con un domicilio cierto, ya que el único que indicó en la audiencia se encuentra asegurado, además, tiene facilidad para huir debido al acceso a recursos económicos altos y antecedentes de fuga al extranjero.
Además, existen otras investigaciones en su contra y, órdenes de aprehensión vigentes que implicarían su inmediata detención por hechos diversos.
Olvera Amezcua quedó internado en el Reclusorio Sur a la espera de definir su situación jurídica el próximo lunes.
Anoche, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al dueño de Ficrea una presunta defraudación fiscal de 185 millones 41 mil 280 pesos, por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) que dejó de pagar en 2013.
Según la FGR, Olvera declaró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en aquel año tuvo ingresos acumulables de 10 millones 272 mil 132 pesos, posteriormente una revisión fiscal arrojó que en realidad obtuvo 627 millones 75 mil 333 pesos.
El SAT señaló que el imputado obtuvo ingresos acumulables mayores a los declarados y calculó la omisión del pago de ISR en más de 185 millones de pesos.
Ayer, autoridades de Estados Unidos deportaron a Olvera Amezcua a México, que permitió a la FGR cumplimentar seis órdenes de aprehensión pendientes desde 2014 a la fecha.
La FGR mantiene procesos abiertos contra el empresario por presuntos fraudes y lavado de hasta 7 mil 500 millones de pesos, en agravio de más de 6 mil ahorradores en México.
Las autoridades estadounidenses entregaron a la FGR a Olvera Amezcua en el Puente Internacional de Juárez-Lincoln, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras 8 años de estar prófugo de la justicia.
La FGR trasladó al empresario en avión desde Tamaulipas a la Ciudad de México para ser presentado ante un Juez en el Reclusorio Sur.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que producto de la cooperación binacional en el marco del Entendimiento Bicentenario, la FGR y autoridades de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración (ICE),concluyeron de manera exitosa la deportación a territorio nacional del empresario.
Olvera Amezcua ha sido acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley de Ahorro y Crédito Popular a través de Ficrea.
“El Gobierno de México reconoce la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos para hacer frente a los crímenes transnacionales desde una visión de responsabilidad compartida y respeto a nuestras soberanías”, indicó la SRE.
En 2017, las autoridades estadounidenses capturaron al empresario mexicano en Texas. Desde esa fecha los afectados por el fraude de Ficrea habían solicitado su extradición a México.
Ficrea brindó servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos en México.
La empresa operó como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) tras una autorización del Gobierno federal que recibió en 2008.
Dos años más tarde, un grupo de empresarios, entre los que destacó Rafael Olvera Amezcua, principal accionista con el 99.92% del capital adquirió esa caja de ahorras denominada Ficrea.
Los nuevos operadores la hicieron crecer hasta que se convirtió en la segunda sociedad de ahorro popular más grande del país.
El escándalo llegó tras una auditoría que realizó la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores (CNBC) que detectó varias operaciones irregulares que configuraron el delito de lavado de dinero o un manejo fraudulento.
El 7 de noviembre de 2014, la CNBV suspendió las operaciones financieras de Ficrea en el País.
Los clientas de Ficrea solían firmar dos contratos de operaciones financieras.
El primero con Ficrea que otorgaba un crédito, y el segundo con otra empresa relacionada como Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial a través del que desviaban los recursos sin supervisión de la CNBV.
Olvera Amezcua resultó ser el mayor beneficiado con ese esquema de lavado de dinero, dándose una vida de lujos y posteriormente emprendió la fuga hacia Estados Unidos.
Los afectados interpusieron demandado contra Olvera Amezcua ante una corte de Florida, Estados Unidos. Se presentaron al menos 100 denuncias por el fraude, la mayoría desistió de la acusación.
A la fecha, el 5% de los clientes continúa con los procesos para recuperar sus ahorros, que en conjunto equivale a 800 millones de pesos.
