Agencias, Ciudad de México.- Un tribunal federal de apelación evitó nuevamente que Texas arreste y deporte a migrantes acusados de ingresar sin autorización a Estados Unidos, horas después de que la ley entró en vigor apenas brevemente,
Antes de que la Corte Suprema federal, en un fallo dividido, permitió previamente que la ley del estado entrara en vigor en lo que se resuelve el proceso jurídico, algunos sheriffs estaban preparados para disfrutar de una expansión estatal sin precedentes en la aplicación de la ley fronteriza, mientras que otros se mostraban reacios.
Texas se mantuvo en silencio en las horas posteriores al fallo sobre si los policías estatales o los soldados de la Guardia Nacional del estado —quienes tienen la mayor interacción con los migrantes— comenzarán a implementar la ley y cuándo lo harán.
Horas más tarde, una orden de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito suspendió nuevamente la ley. En una decisión de 2-1, un panel del tribunal levantó una pausa anterior antes de escuchar argumentos sobre el caso, programados para el miércoles.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló en un firme comunicado que el país se negará a acoger a cualquier persona a la que se le ordene salir de Estados Unidos en virtud de la ley estatal y que “rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio”.
“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, dijo el gobierno.
El jefe policial del condado de Kinney, Brad Coe, quien ha apoyado en buena medida el multimillonario esfuerzo del gobernador de Texas, Greg Abbott, en la aplicación de las leyes migratorias, dijo que estaba “preparado para proceder con las acciones judiciales”, pero que los agentes necesitarán una “causa probable” para llevar a cabo los arrestos. Su condado abarca una franja de la frontera cerca de Del Río que hasta hace poco fue el corredor de mayor actividad de cruces ilegales, pero que se ha calmado considerablemente.
“Es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana”, dijo Coe.
El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, comentó que la impartición de las leyes migratorias debe seguir siendo una responsabilidad de las autoridades federales, y no de las estatales, manteniendo la postura del gobierno del presidente Joe Biden. Dijo que el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en la ciudad de El Paso durante una oleada de inmigrantes anterior trajo consigo persecuciones a alta velocidad y detenciones de tránsito basadas en la suposición de que los pasajeros se encontraban ilegalmente en el país.
“Tuvimos accidentes, tuvimos heridos, obtuvimos un pequeño vistazo de lo que podría pasar si el estado empieza a controlar lo que ocurre en relación con la inmigración”, señaló Samaniego.
Su impacto se extiende más allá de la frontera de Texas. Legisladores republicanos redactaron la ley para que se pueda aplicar en los 254 condados del estado, aunque Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha dicho que prevé que se implemente principalmente cerca de la frontera.
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— Texas DPS (@TxDPS) March 25, 2024
Otros estados gobernados por republicanos lejos la frontera también buscan seguir los pasos de Texas. En Iowa, la Cámara de Representantes estatal dio su aprobación final a un proyecto de ley que también otorgaría a sus fuerzas policiales el poder para arrestar a las personas que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal y se les hubiera negado anteriormente la entrada en el país.
El proyecto de ley pasará ahora a manos de la gobernadora, la republicana Kim Reynolds. De promulgarse, la medida entraría en vigor en julio.
“El gobierno federal ha abdicado sus responsabilidades y los estados pueden y deben actuar”, comentó el representante Steven Holt.
Skylor Hearn, director ejecutivo de la Asociación de Jefes Policiales de Condados de Texas, dijo que los departamentos de policía han estado recibiendo capacitaciones desde el año pasado.
“Si un condado decide tomar el asunto en sus manos, está decidiendo que sus contribuyentes también lo hagan”, comentó Hearn. “Mientras el gobierno federal esté dispuesto a hacer la parte que le corresponde, lo ideal es que tome posesión y custodia de estas personas”.
No hubo un repunte inmediato de cruces en la frontera ni reportes de detenciones, pero la noticia del fallo se difundió rápidamente y causó inquietudes entre los defensores de los inmigrantes.
”¡Terrible noticia de última hora, amigos!”. dijo Carlos Eduardo Espina en su cuenta de TikTok con más de 8 millones de seguidores, muchos de ellos migrantes en tránsito. Dijo que la ley sembraría la confusión y prometió instrucciones para “conocer sus derechos” sobre cómo responder a un interrogatorio policial.
Daniel Morales, profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, dijo que “claramente será un desastre” implementar la ley de Texas.
“Está muy claro que Greg Abbott quiere implementar la ley para que pueda conseguir un montón de fotografías y oportunidades, pero su implementación va a requerir muchos recursos estatales. Y no sé, de hecho, cuánto apetito y capacidad realmente tiene el gobierno estatal para hacerlo”, comentó Morales. Texas se dará cuenta de que su aplicación es “difícil y agotadora”, añadió.
Las detenciones por cruces ilegales se redujeron a la mitad en enero respecto a un máximo histórico de 250.000 en diciembre, y hubo marcados declives en Texas. Los arrestos en el sector de Del Río de la Patrulla Fronteriza, epicentro de las medidas de Abbott, bajaron un 76% en comparación con diciembre. Rio Grande Valley, el corredor de mayor actividad de cruces ilegales durante la mayor parte de la última década, registró su menor cantidad de detenciones desde junio de 2020.
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Under the direction of Gov. @GregAbbott_TX, DPS remains steadfast in our mission to protect Texas communities by securing the border as part of Operation Lone Star.#OperationLoneStar#ProtectAndServe#BorderSecurity pic.twitter.com/sksvyauvcE
— Texas DPS (@TxDPS) March 22, 2024
Tucson, Arizona, ha sido el corredor más transitado en los últimos meses, seguido de San Diego en enero, pero las razones de los cambios repentinos suelen ser complicadas y están dictadas por las organizaciones de tráfico de personas.
Cuando el presidente Biden visitó Rio Grande Valley en su segundo viaje a la frontera como mandatario el mes pasado, funcionarios del gobierno atribuyeron el descenso en el número de detenciones a un mayor control por parte de las autoridades mexicanas en esa parte de la frontera. Dijeron que las condiciones eran más difíciles en Sonora, estado situado al sur de Arizona.
La mayoría conservadora del tribunal rechazó una solicitud de emergencia que presentó el gobierno del presidente Joe Biden, que sostiene que la ley es una clara violación a la autoridad federal que provocará caos en las leyes migratorias.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, elogió la orden — y la ley — que permite a cualquier agente policial de Texas detener a migrantes por entrada ilegal y faculta a los jueces para que ordenen su salida de Estados Unidos.
El máximo tribunal estadounidense no abordó la constitucionalidad de la ley. La medida regresó a la corte de apelaciones, que se pronunció más tarde.
Tampoco quedó claro a dónde podrían ir los migrantes que sean expulsados del país. La ley establece que deben ser enviados a los puertos de entrada ubicados en la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.
Pero el gobierno de México dijo que “bajo ninguna circunstancia” aceptará el retorno de ningún migrante a su territorio desde el estado de Texas. México no está obligado a aceptar la deportación de nadie excepto de ciudadanos mexicanos.
México también condenó que se permita la entrada en vigor de la ley de Texas, asegurando que criminaliza a los migrantes y conduce a la separación de familias, la discriminación y el encasillamiento racial. El gobierno indicó que presentará su postura ante la corte de apelaciones que recibirá el caso.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que el gobierno federal seguirá recurriendo en los tribunales una ley que “complicará más” el trabajo de sus efectivos “ya desbordados”. La agencia no participará en la aplicación de la norma conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado (SB4 por sus iniciales en inglés).
Every day, members of DPS' Aircraft Operations Division play a critical role in ensuring public safety. From conducting statewide air patrol to criminal surveillance to assisting in rescue operations, DPS air patrol plays a vital role in protecting and serving Texas. pic.twitter.com/v1lzk1rdcd
— Texas DPS (@TxDPS) March 18, 2024
La mayoría de la Corte Suprema no redactó una opinión detallada sobre el caso, tal como suele suceder en apelaciones de emergencia. Pero la decisión de permitir que la ley entre en vigor produjo disensos de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
“La corte da luz verde a una ley que alterará el equilibrio de poder que se ha mantenido durante mucho tiempo entre el gobierno federal y el estatal, y sembrará el caos”, escribió Sotomayor en una contundente opinión de la parte en disenso, a la que se unió Jackson.
Los detractores afirman que la SB4 es el intento más drástico de un estado por controlar la inmigración desde que Arizona implementó hace más de 10 años una ley de la cual la Corte Suprema anuló algunas partes. Los críticos también indicaron que la medida de Texas podría dar lugar a violaciones de los derechos civiles y a encasillamiento racial.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que la ley era “perjudicial e inconstitucional” y dijo que supondría una carga para las fuerzas policiales al tiempo que crearía confusión. Hizo un llamado a los legisladores republicanos para que resuelvan la cuestión con un proyecto de ley federal de seguridad fronteriza.
Texas, por su parte, ha argumentado que tiene derecho a tomar medidas ante lo que, según las autoridades, es una crisis actual en la frontera sur. El Departamento de Justicia Penal de Texas afirmó en un comunicado que está “preparado para gestionar cualquier afluencia de población” asociada a la ley estatal.
Departamentos de policía condales de Texas se han estado preparando para la implementación de la medida desde el periodo de sesiones legislativas del estado el año pasado, dijo Skylor Hearn, director ejecutivo de la Asociación de Jefes de Policía Condales de Texas.
La ley permite que policías de condados limítrofes con México realicen arrestos si ven a alguien cruzar ilegalmente la frontera, explicó. También se puede aplicar en cualquier otra parte del estado si alguien es detenido bajo sospecha por otro delito y la toma de huellas dactilares durante su fichaje los vincula con una supuesta infracción de reingreso al país. Posiblemente la ley no se aplique durante una parada de tráfico rutinaria, añadió.
“No creo que vayan a notar algo que sea muy distinto”, señaló Hearn.
Las detenciones por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur alcanzaron cifras sin precedentes en diciembre, pero se redujeron a la mitad en enero, un cambio que se atribuye a los declives estacionales y a un mayor control. El gobierno federal aún no da a conocer las cifras correspondientes al mes de febrero.
Otros funcionarios de Texas adoptaron una postura más cautelosa.
“Varios de los jefes policiales locales no creemos que vaya a sobrevivir una impugnación constitucional. No parece que vaya a lograrlo, porque un agente de policía de Texas no está capacitado. No tenemos entrenamiento de ningún tipo para determinar si un individuo está en el país de manera legal”, comentó Eddie Guerra, jefe policial del condado de Hidalgo y presidente de la Coalición de Jefes Policiales de la Frontera Suroeste, organismo que representa a 31 condados fronterizos desde Texas hasta California.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett insinuó que su voto a favor de Texas se debía a los tecnicismos en el proceso de apelación más que a un acuerdo con el estado sobre el contenido de la ley.
“Que yo sepa, esta corte nunca ha revisado la decisión de un tribunal de apelaciones de dictar — o no dictar— una suspensión administrativa. Yo no entraría en ese asunto. Cuando se introduce, una suspensión administrativa se supone que es un preludio de corta duración al evento principal: un fallo sobre la moción de suspensión pendiente de apelación”, escribió en una opinión concurrente a la que se unió el juez conservador Brett Kavanaugh.
La batalla en torno a la ley de inmigración de Texas es una de varias disputas judiciales entre funcionarios de Texas y el gobierno del presidente Joe Biden sobre qué tan lejos puede ir el estado para vigilar la frontera con México y evitar los cruces fronterizos ilegales.
Varios gobernadores republicanos han respaldado las labores de Abbott, asegurando que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para aplicar las leyes migratorias existentes.
La Corte Suprema anuló en 2012 partes fundamentales de una ley de Arizona que le habría permitido a la policía detener a personas por violaciones federales de inmigración, una medida a la que los detractores se referían frecuentemente como la iniciativa “muéstreme sus documentos”. En un fallo dividido, el tribunal determinó en aquel entonces que el estancamiento en Washington en torno a una reforma migratoria no justificaba una intrusión estatal.
ICYMI: Check out the latest Operation Lone Star update from @TxDPSSouth in the video below.
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— Texas DPS (@TxDPS) March 25, 2024
