Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que ha dado paso a la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) con datos privados y biométricos que almacenará el Instituto Federa de Telecomunicaciones (IFT) en el País.
El decreto que entró en vigor este sábado dio a los usuarios un plazo de dos años para proporcionar datos biométricos, identificación y comprobante de domicilio a las operadoras del servicio de telefonía móvil en el País.
“El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil”, indicó el decreto publicado en el DOF.
El pasado 12 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a través de la que facultó a los operadores de telefonía móvil a recabar datos privados de usuarios, huella dactilar, iris de ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma.
El IFT tendrá un plazo de seis meses para expedir disposiciones administrativas de carácter general a partir de la entrada en vigor del decreto.
Paralelamente, las empresas de telefonía móvil elaboraran el padrón de usuarios que entregará al IFT en un plazo de dos años.
El IFT ha sido facultado para mantener bajo resguardo el Panaut a disposición de autoridades judiciales para combatir a la delincuencia organizada en el País.
El IFE requirió un presupuesto extraordinario de 109.8 millones de pesos para la integración del Panaut en el primer año.
Esto, incluirá costo de personal, oficinas, equipo de cómputo, conexión a internet, servicios generales y complementarios, además, de 88.5 millones de pesos adicionales cada año para su funcionamiento.
El IFT crearía una dirección de Padrón de Usuarios Móviles (PUM), que constaría de una dirección, dos subdirecciones nacionales y 32 regionales, cuatro jefaturas de departamento nacionales y 64 regionales y 20 enlaces.
En la dirección de Sistemas de Registro Público de Telecomunicaciones se crearían dos subdirecciones de área y siete jefaturas de departamento destinadas al Padrón, indicó el IFT en un documento que envió al Senado.
El IFT solicitó 38.1 millones de pesos por servicios generales como luz, agua, papelería, limpieza y vigilancia, además, para la instalación de sistemas contra incendios, alarma sísmica y extintores.
“Particularmente para el registro, tratamiento y almacenamiento de los datos biométricos (el rostro del titular de la línea), se deberán definir aspectos como: tiempo de almacenamiento en el dispositivo móvil, versiones de Android e iOS donde debe funcionar, tiempo de almacenamiento en la base de datos central del PUM de los datos biométricos”, precisó el IFT.
El Gobierno federal justificó que la nueva ley permitirá combatir el delito de secuestros y extorsión telefónica que han sido parte de un modus operandis que han sido operados desde los centros penitenciarios en el País.
Diversos grupos de defensores de derechos humanos han coincidido por separado que la reforma atenta contra las garantías individuales en el País.
La nueva norma violentaría la presunción de inocencia debido a que cualquier usuario que rehúse entregar sus datos personales será objeto de cancelación del servicio de telefonía móvil.
Además, las autoridades podrán investigar líneas de telefonía móvil sin necesidad de una orden de un Juez, y un usuario podría ser acusado de realizar llamadas de extorsión en el caso de que su aparato sea usada por otra persona.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) anunciaron por separado que interpondrán amparos contra esa ley.
