Una de las banderas más emblemáticas de Andrés Manuel López Obrador y de MORENA es el combate a las grandes asimetrías entre los que ganan más y aquellos que tienen los ingresos más modestos.
A la menor oportunidad Andrés Manuel habla de la importancia de la austeridad.
Ha dicho, incluso, que: “Vamos a empezar, vamos a iniciar, se va a predicar con el ejemplo, el próximo presidente de México va a ganar menos de la mitad de lo que gana (Enrique) Peña Nieto, no vamos a actuar con fantocherías, no tengo complejos, no me va a marear el poder, voy a estar siempre anclado a la tierra”.
Incluso la fracción parlamentaria de MORENA en la Cámara de Diputados ha presentado una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, con el propósito de hacer caso “a un reclamo de la sociedad, es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios, así como eliminar prestaciones como el del seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las pensiones de los ex presidentes. También se pueden reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial”.
La Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, pre candidata a senadora y eventual secretaria de Gobernación en el gabinete de AMLO, si obtiene el triunfo en las elecciones presidenciales de julio próximo, se encuentra frente a dos dilemas: el primero la inelegibilidad conforme lo dispuesto por el artículo 55, fracción V, segundo párrafo del que ya he escrito (1 y 2) ; el segundo, es la inconsistencia entre las prédicas que, no tengo duda, comparte la ministra Sánchez Cordero con Andrés Manuel con las práctica de la jurista.
En diciembre del 2015, la ministra Sánchez Cordero empezó a recibir su pensión que encuadra precisamente en la hipótesis contraria a la austeridad que pregona MORENA. En efecto, la pensión consiste en 258 mil pesos mensuales, gastos de representación y 5 asistentes con sueldos promedio de 40 mil pesos. Sobra decir que, salvo las cuestionadas pensiones de expresidentes (para un estudio a profundidad ver mi obra sobre el tema Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes. México. Proceso ediciones. 2017) las pensiones más cuantiosas son precisamente las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de más del 1000 por ciento de las más altas pensiones que otorga el ISSSTE a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal y en el Legislativo no existe esa figura.
El único caso en la historia contemporánea de las pensiones de ministros es el de Jorge Carpizo, quien por considerarla excesiva y contraria a las condiciones del país la rechazó y nunca recibió un solo centavo de pensión ni de apoyo de ningún tipo de la SCJN.
La ministra no hizo mutis y feliz recibió ese privilegio que va a contrapelo de las propuestas básicas de MORENA y AMLO. En el hipotético caso de que al final del día se haga una interpretación a modo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y llegara a ser senadora de la República tendría dos ingresos del erario, el correspondiente a su pensión con cifras escandalosas más el relativo a su salario como senadora de la República o, si gana AMLO la justa comicial, el que corresponda a un secretario de Estado para el cual ya fue nominada por el propio AMLO.
En ese contexto, la ministra Sánchez Cordero debe renunciar a su pensión de la Suprema Corte por razones de ética pública y acompañar en los hechos la narrativa de la austeridad no sólo de AMLO y de MORENA, sino de su electorado potencial. Sería poco menos que imposible (o al menos severamente criticado) que a la ministra Sánchez Cordero se le permita contar con dos ingresos del erario. ¿Renunciará la ministra Sánchez Cordero a su cuantiosa pensión o buscará negociar para que ese privilegio se le mantenga a costa de la credibilidad de MORENA y de la molestia de los propios dirigentes de ese partido? Veremos.
