Agencias / Ciudad de México- La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha ordenado este miércoles la “inmediata localización y captura” del expresidente Rafael Correa, tras ratificar hace dos semanas su condena a ocho años de prisión por el delito de “cohecho agravado” en el caso conocido como ‘Sobornos 2012-2016’.
Además, el tribunal exhorta a la detención de otros 17 exfuncionarios que formaron parte del Ejecutivo de Correa, que también han sido condenados por cohecho, ya que según la sentencia del caso recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas compañías. Según la Fiscalía General del Estado, estos sobornos tuvieron lugar entre 2012 a 2016, y superarían los 7,5 millones de dólares.
Los sentenciados en esta causa son 20 en total, y entre ellos se encuentran el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, y el exvicepresidente Jorge Glas, que se encuentra desde 2017 cumpliendo otra condena a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita.
Además de las detenciones inmediatas, la Corte Nacional ha ordenado al Ministerio de Finanzas la suspensión de los sueldos vitalicios tanto de Correa como de Glas.
— Rafael Correa (@MashiRafael) September 24, 2020
Junto al expresidente, el Tribunal ha pedido a la Policía del país la detención de otros 17 condenados, entre los que también se encuentran el ex vicepresidente Jorge Glas, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, el ex ministro de Turismo Vinicio Alvarado o el ex secretario de Agua Walter Solís.
Tanto Correa como Glas han sido privados además de las pensiones vitalicias que recibían por los cargos públicos que habían desempeñado previamente, dicta la sentencia recogida por el diario local ‘El Comercio’.
La condena contra Correa fue ratificada por el Tribunal de Casación del país sudamericano el pasado 7 de septiembre, lo que cerró la posibilidad de que el político concurriera a las elecciones presidenciales de Ecuador, que se celebrarán el próximo febrero, como candidato a vicepresidente, ya que también ha sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
El tribunal sitúa a Correa en la cúspide de una trama que cobraba sobornos a cambio de contratos públicos a una serie de empresas entre la que se encontraría la brasileña Odebrecht, compañía protagonista de la operación Lava Jato, la mayor contra la corrupción realizada en América Latina.
En su cuenta de Twitter, Correa ha tildado de “farsa” la decisión del tribunal en lo que él denomina como “caso Bochornos” y ha señalado que la pensión vitalicia no les fue retirada a otros presidentes del país que también se enfrentaron a procesos legales en los tribunales como Jamil Mahuadad, presidente entre 1998 y 2000, y Abdalá Bucaram, que ostentó la máxima autoridad de Ecuador entre 1996 y 1997.
#LoUltimo La justicia de #Ecuador ordenó el miércoles la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en #Belgica tras dejar en firme la condena a ocho años de prisión por corrupción, informó el tribunal que dictó la sentencia en su contra.#QueOpinasPanama #ComentaPanama pic.twitter.com/nHU9JLJVlf
— ¿Qué Opinas Panamá? (@QueOpinasPanama) September 24, 2020
Inhabilitación política
El fallo del juez comunica también al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inhabilitación de por vida de Correa para desempeñar cualquier cargo de elección popular, anulando definitivamente sus opciones de participar en las próximas elecciones nacionales, previstas para el mes de febrero.
En cualquier caso, Correa ya había asumido este impedimento una vez que la Corte Nacional ratificó su sentencia, que en sí misma implica la imposibilidad de participar en los comicios. Por ese motivo, la formación a la que pertenece Correa presentó la semana pasada al candidato Carlos Rabascall para sustituirlo como candidato a la Vicepresidencia, de cara a los próximos comicios presidenciales.
Aparte de las penas de cárcel, los acusados también están condenados a pagar una reparación de 14 millones de dólares (casi 12 millones de euros) al Estado ecuatoriano a repartir entre ellos así como a pedir disculpas públicas en un acto en la Plaza de la Independencia de Quito. Además, deberán asistir a un curso de 300 horas de ética laica.
Correa siempre ha defendido su inocencia y ha culpado al Gobierno del actual presidente, Lenín Moreno, de iniciar una persecución cuyo principal objetivo es apartarle de la primera línea de la política ecuatoriana.
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Condena en firme
El pasado 7 de septiembre, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia, dictada cinco meses antes, en contra de Correa y los otros exfuncionarios procesados.
Una vez firme, la condena ya solo puede ser recusada ante la Corte Constitucional o ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia ‘definitiva’ para inhabilitarme como candidato”, lamentó entonces Correa en un tuit. El exmandatario denuncia que el procesamiento judicial persigue únicamente apartarlo definitivamente de la carrera política en Ecuador, un país en el que a su juicio ya no existe el Estado de Derecho.
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