Agencias, Ciudad de México.- El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó su preocupación por la filtracion de los contratos que suscribió el gobierno con las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer para adquirir vacunas contra COVID-19 por un valor unitario de 12 y 6 dólares, respectivamente, pese a que estaban sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad.
“Hemos venido hablando con las farmacéuticas y lo que esperamos es que no venga ningún tipo de sanción contractual que nos afecte en el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación”, dijo Duque a la prensa. “Tenemos que ser lo suficientemente claros y persuasivos en que aquí no hubo ningún incumplimiento de parte del Estado colombiano, que fue el que firmó el acuerdo con ellos”, agregó.
El contrato fue divulgado en un sistema de información virtual del Consejo de Estado, un alto tribunal de Colombia que tramita una acción jurídica por la cual se solicitaba la publicación de los contratos para la adquisición de vacunas. El tribunal señaló el martes en un comunicado que se trató de un “error involuntario” por el cual se “adelantarán las investigaciones correspondientes”.
Tras la filtración se conocieron los detalles del contrato firmado en febrero de 2021 y en el cual Pfizer le vendió al país 9,9 millones de dosis, cada una a un precio de 12 dólares. El anticipo acordado fue de 19,9 millones de dólares, que correspondía a 2 dólares por cada dosis, y por tanto el precio total de la compra fue de 119 millones de dólares.
Una de las condiciones de confidencialidad dice expresamente que Colombia no podía revelar ninguna de las disposiciones de carácter financiero sobre el precio de cada dosis sin un consentimiento previo de Pfizer.
El precio de las vacunas ha sido celosamente cuidado. Hace pocos días el periódico Financial Times indicó que la Unión Europea pasó de pagar 15,50 euros a 19,50 por cada dosis de Pfizer.
A Colombia han llegado 11,2 millones de dosis de Pfizer producto del acuerdo de compra bilateral, según informó el miércoles la oficina de prensa del Ministerio de Salud a The Associated Press. De acuerdo con las cláusulas del contrato, Colombia podía solicitar dosis adicionales a Pfizer las cuales serían despachadas de acuerdo con la disponibilidad y bajo los mismos términos.
En el contrato se especifica que Colombia “renuncia a la inmunidad soberana” de sus activos en caso de un conflicto judicial con la farmacéutica. “Las Partes expresan e irrevocablemente se acogen a la jurisdicción de las cortes de Nueva York, o cualquier otra corte de jurisdicción competente, con el fin de ejecutar una decisión arbitral u orden”, indica el documento.
Colombia también se comprometió a brindar “protección adecuada” a Pfizer, BioNTech y sus afiliados contra la “responsabilidad por reclamaciones que surjan de o en relación con la vacuna o su uso”.
En el caso de AstraZeneca fueron compradas 9,9 millones de dosis, sin embargo, el Ministerio de Salud indicó que hasta el momento solo han llegado a Colombia 1,4 millones de dosis. El precio de cada vacuna es de 6 dólares, para un costo total de 59, 9 millones de dólares.
Este es un precio relativamente alto si se tiene en cuenta que AstraZeneca habría cobrado aproximadamente 2 dólares a la Unión Europea por cada dosis, según indicó por error la secretaria de presupuesto de Bélgica en diciembre de 2020.
El contrato indica que se acordó un pago inicial del 60% y el restante se debía pagar en la fecha de confirmación de la primera entrega y también aclara que el Estado protegerá a la farmacéutica en caso de reclamos legales.
“El comprador (Colombia) mantendrá indemne a AstraZeneca… de y contra cada uno de los daños y responsabilidades… y los costos legales razonables (en lo sucesivo una “Reclamación de Terceros”) por fallecimiento, daño físico, mental o emocional, enfermedad, incapacidad”, indica el contrato.
Desde la firma de los contratos, varios congresistas de la oposición al gobierno han solicitado que se haga pública la información sobre los acuerdos y las cláusulas, especialmente sobre aquellas que exoneran a las farmacéuticas de responsabilidad en caso de efectos secundarios de la vacuna. Sin embargo, el gobierno siempre argumentó que no podía revelarlas en cumplimiento de los acuerdos de confidencialidad.
El Estado colombiano está evaluando el impacto que puede tener la divulgación de los contratos firmados con las dos farmacéuticas. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, dijo el miércoles a la prensa que tras las reuniones con las farmacúticas, AstraZeneca les manifestó que no habrá “ningún tipo de afectación frente al cronograma” de llegada de las vacunas en lo que resta del año, y pidieron a Colombia “tomar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la información”.
Pfizer escaló la revisión de las cláusulas de confidencialidad a su oficina en Estados Unidos, indicó Muñoz tras la reunión con sus abogados.
El equipo jurídico del gobierno colombiano ha sostenido reuniones con Johnson & Johnson y espera hacerlo con Moderna y el mecanismo COVAX, debido a que la divulgación de los contratos ha generado “incertidumbre jurídica” en las otras farmacéuticas y no quieren afectar las negociaciones que se adelantan para adquirir más dosis para 2022.
En Colombia se han aplicado 30,8 millones de vacunas -17 millones corresponden a primeras dosis-, de acuerdo con las cifras oficiales.
