Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Gobierno capitalino publicó el decreto que avaló la investigación de oficio sin denuncia de por medio contra presuntos responsables de delitos de violación y privación de la libertad de pasajeros en transporte público en la Ciudad de México a partir de este 7 de febrero.

El Gobierno difundió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal que entrará en vigor este viernes 7 de febrero.

Las reformas prevén perseguir de oficio los casos de violación y privación de la libertad de pasajeros en transporte público, taxis o servicio de aplicaciones.

Es decir, a partir de ahora no se requiere de una denuncia penal para iniciar la carpeta de investigación ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

La modificación al artículo 160 incrementó las sanciones del delito de privación de la libertad de 6 meses a 3 años de prisión.

La pena aumentará si los hechos son de forma violenta o la víctima es menor de edad, mayor de 60 años o cuando esté en situación de inferioridad física o mental.

Además, incluyó la modalidad de privación de la libertad contra los pasajeros en transporte público o taxis privados a partir de este viernes.

La reforma al código penal prevé un mayor castigo en aquellos casos en los que la víctima viaja en un transporte público o en un vehículo particular solicitado a través de una plataforma digital.

Paralelamente la modificación al artículo 162 del Código Penal, sanciona de 4 a 7 años de prisión a quien prive de la libertad a una persona para realizar un acto sexual.

La sanción incrementará en aquellos casos que el delito ocurra en vehículos destinados al transporte público o en transportes privados solicitados a través de plataformas tecnológicas.

“En caso de que el autor del delito deje en libertad a las víctimas en las 24 horas siguientes, sin haber practicado el acto sexual, se le impondrá una pena de uno a 3 años de prisión.

Anteriormente la sanción tipificada era de 3 meses a 3 años de cárcel.

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