Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero, acusado de ocultar evidencias relacionadas con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada en el municipio de Iguala, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
A través de su cuenta oficial de X, la FGR informó que un nuevo análisis las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos conllevó a la detención de Ángel ‘N’, por el ocultamiento de información relacionada con el caso.
“Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación que permitieron acreditar la posible participación de Ángel “N”, ex gobernador de ese estado.
“En el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra. En breve, tendremos mayor información”, difunfió la FGR en su cuenta oficial de X.
Activistas defensores de derechos humanos y familiares de los normalistas desaparecidos de manera forzada han acusado en múltiples protestas al ex gobernador Aguirre Rivero de ser cómplice de los trágicos hechos registrados en Iguala, Guerrero, hace 12 años.
Durante su gestión (2011-2014) Aguirre Rivero militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impulsó la creación de los grupos de policías comunitarios a las que entregó armas y vehículos en un intento por frenar la penetración del crimen organizado en las zonas rurales de Guerrero.
La multiplicación de grupos de civiles armados multiplicó los enfrentamientos por el control del territorio con cárteles que habían fomentado los sembradíos de amapola y producción de opioides en vastos territorios de la montaña de Guerrero.
El pasado mes de marzo, un juzgado mexicano ordenó a la Secretaría de la Defensa (Sedena) entregar documentos que serían relevantes para avanzar en las investigaciones del caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos del crimen organizado y fuerzas de seguridad en el municipio de Iguala, Guerrero, durante 2014.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México pidió a las Fuerzas Armadas entregar 853 folios con información generada por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) el año en que ocurrieron los hechos en el estado Guerrero contra los estudiantes de una escuela del magisterio en Ayotzinapa.
“La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”, informó este miércoles el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, conocido como Centro Pro, representante legal de las víctimas y sus familiares.
La resolución, además, establece que la información que debe entregar el Ejército, “no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa”, agregó el Centro Pro.
Familiares de los estudiantes desaparecidos, víctimas colaterales de la noche del 26 de septiembre, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ha investigado el caso, han señalado al Ejército por haber ocultado información crucial para dar con el paradero de los restos de los jóvenes y avanzar en el caso.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió de inmediato a solicitudes sobre el fallo de juez, ocurrido el 19 de febrero.
El pasado 4 de marzo, en su conferencia en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció retomar las reuniones con los padres y familiares de los normalistas desaparecidos.
El 4 de diciembre de 2024, familiares de normalistas de Ayotzinapa retomaron el diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum en el que pidieron abrir unos 800 documentos del Ejército relacionados con la desapareción forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Ese día, los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa sostuvieron su primera reunión con Sheinbaum tras el fracaso del diálogo con la anterior administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que rehúso abrir los expedientes del Ejército.
Los familiares plantearon al Gobierno mantener abierto un canal de diálogo sobre la investigación, aplicación de justicia y busqueda de los normalistas desaparecidos de manera forzada que fracaso en el sexenio pasado.
Durante la reunión, los familiares solicitaron a Sheinbaum abrir unos 800 documentos de inteligencia militar que podrían contener información nueva sobre el caso Ayotzinapa, que la administración de López Obrador y Secretsaría de la Defensa (Sedena) rehusaron entregar.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero (sureste), confiaron al cierre de sexenio pasado que Sheinbaum Pardo –quien forma parte del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) fundado por López Obrador- poidría resolver el caso en el que habrían estado implicados integrantes del crimen organizado, policías municipales, estatales, militares y exfuncionarios.
La Presidenta de México se comprometió al comienzo de su Gobierno a seguir trabajando con los familiares para “alcanzar la verdad y la justicia” y encontrar a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
El mismo López Obrador reconoció que durante su sexenio se avanzó en el caso, pero “no como hubiera querido” y prometió que el expediente quedaría abierto.
“Esperemos que [Sheinbaum] se comprometa y que cumpla con el decreto presidencial que firmó López Obrador para esclarecer el caso Ayotzinapa”, afirmó en septiembre pasado María de Jesús, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, quien tenía 19 años el 26 de septiembre de 2014, cuando desapareció.
En las últimas reuniones que sostuvieron con López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR), los padres exigieron que el Gobierno les entregara una serie de documentos del Ejército que ellos creen que tendría información clave sobre el paradero de sus hijos.
Sin embargo, el propio López Obrador aseguró en repetidas ocasiones que tanto el Gobierno como los militares han entregado todo a las familias, a sus abogados y al equipo de expertos independientes que investigaron el caso durante años.
