Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación urgió al Poder Judicial a agilizar trámites de sentencias para evitar la violación a los derechos humanos de personas recluidas en los diversos centros penitenciarios del País.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional Sánchez Cordero ejemplificó sobre la dilación de justicia con el caso de Rafael Méndez joven detenido en 2008 en Valle de Bravo, Estado de México, que ha cumplido el periodo de sentencia en medio de un proceso salpicado de irregularidades y tortura.
Sánchez Cordero recordó que el joven ha sido acusado del presunto delito de delincuencia organizada y portar armas exclusivas del Ejército, siendo sometido a tortura durante el proceso que conllevó a una sentencia de 10 años cuyo plazo venció hace 36 meses en prisión.
“Conforme avanzó el proceso se demostró que incluso fue torturado y que ante las irregularidades en el caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó su liberación y la reparación del daño; no obstante, desde hace 3 años cumplió la sentencia, aun así una sentencia y aún sigue recluido.
“Es una injusticia por donde se le vea. Hay 4 protocolos de Estambul que determinaron que fue torturado.
“Es paradójico que por una parte ya estuvo 10 años cumpliendo una sentencia, ahora tiene 13 años privado de su libertad y las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Es una tragedia jurídica, porque no hay sentencia definitiva.
“Desde esta tribuna hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia trae como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal”, afirmó Sánchez Cordero.
Paralelamente, Sánchez Cordero consideró que es urgente mejorar el nivel de calidad de los abogados en materia de estrategias y argumentos a presentar en los diversos casos que desahogan ante los jueces.
La agilización de las sentencias, dijo, en todos los casos debe ser atendida y con ello crear un debate sobre la impartición de justicia en el país.
“Debemos estar pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México. Se busca generar un debate democrático sobre cuestiones esenciales para cualquier democracia como son los debates sobre los debates de las sentencias de los juzgadores”, sostuvo.
Rogelio Hernández en su columna ‘Miradas de Reportero’ difundida en el periódico Eje Central narró el periplo de Judith Valenzuela Ortiz madre de Rafael Méndez.
El pasado 25 de noviembre, en Palacio Nacional Judith Valenzuela Ortiz periodista del Semanario Río Doce expuso ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el cúmulo de irregularidades documentadas durante el proceso judicial de su hijo Rafael Méndez
Valenzuela Ortiz relató que la aprehensión ilegal de su hijo ha sido por su labor profesional de periodista:
En 2008 cuando Rafael Méndez, su hijo, cumplía 20 años fue secuestrado por policías en Valle de Bravo, Estado de México.
Esos policías estatales, otros federales y algunos militares lo torturaron hasta que aceptó firmar una confesión de pertenecer a la familia michoacana.
Un estudio médico independiente comprobó que Rafael “fue sometido a torturas durante seis horas: le destrozaron los dedos de la mano uno por uno, recibió golpes en los oídos e intentos de asfixia.”
Para confirmar la tortura, le han practicado a Rafael cuatro protocolos de Estambul, dos independientes y dos “oficiales”, estos del Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura del Estado de México. Todos concluyen que “Si hay evidencia física y secuelas mentales por acciones de tortura».
Aun así, cuatro años después un juez federal del Estado de México lo condenó a 10 años de cárcel.
El 2 de marzo de 2018 Rafael completó los diez años en prisión, pero no ha sido liberado porque insiste en que se investigue la acusación falsa y el suplicio aplicado.
Inconforme, Judith logró que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la ONU conociera el caso de su hijo y reconfirmara la tortura.
En sus observaciones finales, apunta que también “sufrió dislocación del hombro izquierdo y que sufre de otros traumas físicos y psicológicos.”
Ese grupo de la ONU emitió sus opiniones sobre Detención Arbitraria el 3 de mayo de 2019, lo turnó al tribunal de Suecia y este le ordenó al Estado mexicano la liberación inmediata del joven y la reparación del daño.
Ya pasó otro año y medio pero la Juez Federal del Estado de México que lleva el caso (María del Socorro Castillo Sánchez) no decide su liberación.
El martes 24 de noviembre de 2020 había aceptado una audiencia, pero no se presentó.
En los casi 13 años la reportera Judith Valenzuela no ha cejado. Gestionó amparos, revisiones del caso.
Consiguió una resolución de la Suprema Corte de Justicia para que se investigara la tortura. Buscó y envió cartas a la fiscalía de Sinaloa, a la Fiscalía General, a instancias internacionales, al Presidente López Obrador.
Y tras todas las dilaciones encontró, como constante, el encubrimiento de quienes deben procurar justicia, en este caso para ocultar la tortura.
Las dilaciones las confirmó el Grupo de Trabajo de la ONU:
“… algunos de los retrasos son inexplicables y los obstáculos burocráticos parecen exceder los que normalmente se podrían esperar dentro de un sistema de justicia penal atareado”. Y refiere cuatro de esos retrasos como intencionales.
La más reciente demora deliberada es de la Juez Castillo Sánchez, quien cobró trascendencia nacional en julio de 2020 cuando liberó a José Ángel Casarrubias Salgado “el Mochomo”, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto líder de la organización criminal “Guerreros Unidos” y presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De esto el Presidente López Obrador dijo en público que hubo corrupción ‘dinero de por medio’ porque era increíble la versión de la juez que lo liberó ‘por errores técnicos.’
Esa juez también liberó a ex coordinadora de los penales federales, Celina Oseguera, acusada de complicidad en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán el 11 de julio de 2015.
