Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Un Juez de Control dictó auto de formal prisión a Roberto Sandoval ex Gobernador de Nayarit por lavado de dinero y, ordenó la liberación bajo caución de 1 millón 500 mil pesos y uso de un brazalete electrónico a su hija Lidy Alejandra.
El Juez de Control consideró que existían elementos de prueba suficientes para mantener a Sandoval en prisión preventiva justificada acusado de lavado de dinero.
Fiscalía General de la República acusó a Sandoval de la presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su gestión en la gubernatura de Nayarit.
El ex Gobernador priista permanecerá en el penal federal de “El Rincón”, en Tepic, Nayarit.
El Juez de Control emitió el fallo en una audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Tepic.
Los abogados de Sandoval alegaron que las operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente definidas como lavado de dinero, no tienen prevista la prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, la FGR solicitó la prisión justificada bajo el argumento de que Sandoval contaría con recursos financieros suficientes dando una alta posibilidad a fuga hacia otras regiones del extranjero o del País.
Paralelamente, existen contra Sandoval tres órdenes de aprehensión más del fuero común, giradas por jueces de la misma entidad, por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y por tres hipótesis de delito electoral.
Ayer, elementos del Ejército, Guardia Nacional y FGR capturaron a Sandoval y su hija, Lidy Alejandra Sandoval, en un domicilio de Linares, Nuevo León.
La FGR mantiene una investigación abierta contra Sandoval relacionada con la adquisición de propiedades con recursos presuntamente ilícitos, y su relación con el ex Fiscal estatal, Édgar Veytia, preso por narcotráfico en Estados Unidos.
Durante la audiencia, el Juez de Control liberó a Lidy Alejandra Sandoval mediante el pago de una fianza de 1 millón 500 mil pesos y uso de brazalete electrónico.
Lidy Alejandra gozará de libertad hasta definir su situación jurídica en una próxima audiencia fijada para el próximo 12 de junio.
Los abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas de descargo.
