Redacción
Panamá, Panamá, 1 febrero 2018.-La renuncia de José Ayú Prado como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña, ahondó la crisis político-judicial, y a partir de hoy deberá asumir el vicepresidente Hernán de León como encargado del Órgano Judicial.
La dimisión ‘irrevocable’ sucedió a la derrota del Ejecutivo, al intentar que los diputados aprobaran dos magistradas como relevo de quienes concluyeron su mandato en la CSJ, pero el Parlamento rechazó la propuesta con 52 votos en contra y solo 18 a favor, en todos los casos de la bancada oficialista.
Agrias intervenciones matizaron la sesión, en la que insultos y acusaciones mutuas deslucieron un debate, donde predominó la presunción de que las propuestas responderían a los intereses del Partido Panameñista (oficial).
Las candidatas designadas por el Ejecutivo son Zuleika Moore, fiscal anticorrupción al frente de relevantes expedientes de alto perfil, incluido el caso Odebrecht en Panamá; y la otra es Ana Lucrecia Tovar, quien participó en la campaña presidencial del actual gobierno, aunque negó pertenecer al partido.
Esa reacción de la Asamblea Nacional estuvo antecedida por protestas de la sociedad civil y reacciones del Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático, quienes expresaron su desacuerdo por considerar que el presidente Juan Carlos Varela pretendía colocar a sus incondicionales.
Visiblemente molesto por lo que analistas califican de una las peores derrotas de su mandato, Varela compareció ante la televisión para arreciar sus críticas a quienes rechazaron su propuesta, al considerar que les interesó ‘más la política partidista que un sistema de justicia honesto’.
Por su parte, Ayú Prado negó a periodistas que fuera presionado a renunciar, mientras una fuente cercana al magistrado, que pidió el anonimato, dijo a Prensa Latina que, desde antes de la situación creada en el Parlamento, el letrado tomó la decisión de no continuar en el cargo.
En el nuevo escenario, la CSJ deberá escoger a un presidente y el mandatario hacer otras propuestas a los parlamentarios para buscar los sustitutos de los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, cuyo mandato concluyó el pasado 2 de enero.
Acusaciones del Ministerio Público al Ã’rgano Judicial, por lo que el primero considera bloqueos que generan impunidad, reciben respuesta del último arguyendo ‘errores técnicos’ de los fiscales, violatorios del ‘debido proceso’, mientras tribunales archivan expedientes y detienen investigaciones.
A diario se suceden denuncias públicas entre el tratamiento diferente de un acusado ‘de cuello blanco’ y ‘el hijo de la cocinera’, como llaman aquí a los presos más humildes.
‘Impera la percepción de corrupción e impunidad sobre todo en los casos de alto perfil’, señaló un comentario de la encuestadora Dichter y Neira, que mensualmente sondea la opinión popular, al analizar la transparencia del gobierno en septiembre pasado, respaldada por el 12 por ciento de la muestra.
En los últimos tres años, el sistema de justicia solo juzgó y sancionó a un magistrado de la Corte Suprema, mientras fueron investigados decenas de ministros, otros altos exfuncionarios, empresarios y políticos, en su mayoría cercanos al gobierno pasado.
