Agencias/Ciudad de México.- Los grupos armados que se disputan la región del Catatumbo, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, han cometido graves abusos contra los habitantes de la zona y han desplazado a miles de personas, señaló en un informe Human Rights Watch.
Dos grupos ilegales enemigos que se enfrentan desde enero en el noreste de Colombia cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas, asesinatos selectivos en las que varias de las víctimas fueron civiles, advirtió la organización internacional Human Rights Watch.
En enero, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una incursión violenta en el Catatumbo para disputar el control del territorio fronterizo con Venezuela con el “Frente 33”, una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.
La Gobernación de Norte de Santander, donde se ubica el Catatumbo, reportó el homicidio de 94 personas desde el 16 de enero —cuando inició la ola de violencia— hasta el 24 de marzo, fecha del último reporte disponible. Entre las víctimas, hay seis firmantes de paz de las extintas FARC, cuatro menores de edad y tres líderes sociales. Más de 56.000 personas se han desplazado forzosamente.
“Son asesinatos selectivos, van dirigidos a personas que ELN, en muchos casos, acusa de estar asociadas con el Frente 33, pero la evidencia que nosotros tenemos es que muchas de esas personas, esas víctimas, serían civiles”, dijo a The Associated Press Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de HRW.
La organización no señaló cuántos de los asesinatos corresponderían a civiles, pero advirtió que las cifras dadas por las autoridades podrían ser mayores debido a que los grupos armados “‘desaparecieron’ a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades”.
En el informe titulado “Colombia: Grupos armados azotan región fronteriza” que fue divulgado, HRW documentó varios casos de asesinatos tras entrevistar a 65 personas, incluyendo desplazados, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales.
Una de las víctimas que habló con HRW bajo condición de anonimato por temor a su seguridad relató que en la mañana del 16 de enero hombres armados que pertenecerían al ELN tocaron la puerta de la casa de un conductor y, al entrar, dispararon a la pierna de su esposa y lo sacaron para asesinarlo.
“Mientras les suplicaba que no la dejaran morir, lo arrastraron afuera y lo mataron delante de la casa”, contó la víctima. “Su cuerpo estuvo allí tendido para que todo el mundo lo viera hasta las 6 p.m., cuando alguien (de la comunidad) lo cubrió con una sábana”, agregó.
HRW geolocalizó un video que habría sido grabado poco antes de que ocurriera el asesinato. En el video, descrito en el informe, aparecen cinco hombres vestidos de civil, la mayoría portando armas de manera visible, mientras se acercan a un edificio. En otro video divulgado en Facebook el día del asesinato, muestran el cadáver de un hombre joven con jeans y camiseta negra, desde un ángulo diferente.
El gobierno colombiano ha señalado al ELN de ser el principal responsable de la ola de violencia, por lo que desde enero suspendió las negociaciones de paz que sostenía con la guerrilla en protesta por su accionar bélico.
HRW encontró que el aumento de homicidios en el Catatumbo se debe principalmente a la “campaña que ha hecho el ELN, que incluye asesinatos, secuestros, desapariciones de personas”, indicó Pappier, aunque también encontraron en menor medida casos en los que el responsable sería el Frente 33 de las disidencias, que se mantiene en una mesa de diálogo de paz con el gobierno.
Uno de los casos sería el del líder comunal Pedro María Ropero, quien fue asesinado por hombres armados el 17 de enero. “Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33”, indicó HRW en el informe.
Según dijeron varias personas a HRW, el Frente 33 utilizó un cese al fuego pactado con el gobierno en el marco de las conversaciones de paz para ampliar su control sobre las comunidades, imponiendo normas y usando asesinatos y trabajos forzados como castigo.
Para HRW, los asesinatos selectivos ocurridos en el Catatumbo guardan similitud con los que se registraron en 2022 en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, en donde el ELN se disputaba la zona con otra disidencia de las FARC.
“Todo parece indicar que hay un esfuerzo del ELN por controlar la frontera con Venezuela. Creo que parte de eso tiene que ver, en el caso de Catatumbo, con el narcotráfico, pero también con su vínculo con el régimen de (Nicolás) Maduro, con el cual tiene enorme complicidad”, indicó Pappier.
El gobierno venezolano ha negado apoyar a grupos armados ilegales colombianos y tras el aumento de la violencia en Catatumbo desplegó una operación militar antinarcóticos, luego de que el presidente colombiano buscara establecer un plan conjunto que permita la erradicación de bandas armadas en la frontera.
Los grupos armados llevan años reclutando niños en el Catatumbo. En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que el reclutamiento de menores en el Catatumbo “iba en aumento”, en lo que describió como parte de una “estrategia de fortalecimiento [del grupo] y expansión territorial”.
Varias personas nos dijeron que se desplazaron por miedo a que el ELN o el Frente 33 reclutaran a sus hijos adolescentes. Según una mujer desplazada del municipio de El Tarra: “Nos fuimos porque tenía mucho miedo de que se los llevaran. Soy la única mujer en una familia de hombres jóvenes y fuertes, en cualquier momento se los llevarían”.
Entre el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados. Según el ICBF, entre los menores recuperados hay niños nacidos en varias partes de Colombia, así como al menos cuatro nacidos en Venezuela.
Por ejemplo, Human Rights Watch documentó el caso de un niño de 12 años en Tibú. Un familiar del menor nos dijo que un hombre había le ofrecido al niño trabajar en cultivos de coca e intentó llevárselo, pero la madre lo impidió. Días después, el hombre regresó (vestido de civil) y el niño aceptó irse con él. Semanas después, el ELN devolvió al niño, según nos contó el familiar, con la condición de que se fuera del municipio.
Tras el inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, más de 46.900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento. Cientos de profesores también han huido del Catatumbo. “En un momento de enfrentamiento, [los grupos armados] siguen disparándose unos a otros y no respetan los colegios ni nada”, nos dijo un profesor desplazado.
Los combates y los abusos en la frontera desencadenaron lo que la Defensoría del Pueblo describió como el mayor incidente de desplazamiento forzado desde que las autoridades comenzaron a registrar los desplazamientos en 1997.
Más de 56,500 personas, es decir, más del 14 % de la población de la región, han sido desplazadas forzosamente, según las autoridades de Norte de Santander. Esta cifra es mayor a la de personas que fueron desplazadas forzosamente debido a la violencia en toda Colombia durante el 2024, según las estimaciones de OCHA. En el Catatumbo vive solo el 0.7 % de la población colombiana, pero el número de desplazados representa el 93 % de todos los desplazamientos forzados en lo que va de 2025.
Las cifras más elevadas de recepción de desplazados se registraron en Cúcuta (20,300 personas) y en Ocaña (12,097 personas), una ciudad del Catatumbo.
Aunque la mayoría de las personas huyeron por miedo a ser atacados o quedar atrapados en el fuego cruzado, muchos habían sido amenazados por miembros del ELN o del Frente 33. Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que, tras ser desplazadas, la gente de sus comunidades les había dicho que el ELN había destruido sus propiedades o se había apoderado de sus casas. “Un vecino me llamó para decirme que el ELN lanzó una granada contra la casa donde yo vivía y que se llevaron mi moto y todo lo que había en la casa”, dijo un líder comunal miembro de ASUNCAT.
Otro campesino desplazado señaló: “Saquearon nuestra finca, se llevaron motos, maquinaria y todo el equipo que teníamos para los cultivos. Los vecinos dicen que nadie puede acercarse a la casa y cualquiera que lo haga es declarado objetivo militar”.
Ambos grupos armados se han aprovechado de la falta de presencia estatal para establecer su control social en el Catatumbo.
Los entrevistados nos dijeron que el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados.
Un hombre de 35 años dijo a Human Rights Watch que, el 8 de diciembre de 2024, miembros del Frente 33 lo sacaron de su casa y lo llevaron a lo que describió como un “campamentos de resocialización”. Fue llevado allí para “ser investigado” por publicar en WhatsApp un video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que según los miembros del Frente 33 era una prueba de que cooperaba con los militares.
A él y a otras 27 personas, según nos contó, las obligaban a trabajar cortando caña de azúcar todos los días de 4 a.m. a 6:30 p.m.: “Una vez, un combatiente [del Frente 33] mató a una pareja que estaba discutiendo… Los mataron delante de todos y nos hicieron enterrarlos”.
También nos describió la violencia sexual contra las mujeres y las niñas ejercida por los comandantes del grupo armado. “Las ‘favoritas’ tenían ciertos ‘lujos’, como dormir en una cama”, nos dijo. Funcionarios públicos señalaron a Human Rights Watch que habían recibido reportes similares de casos de violencia sexual.
Los habitantes del Catatumbo sufren altos niveles de pobreza (3,4 veces por encima del promedio nacional) y cuentan con infraestructuras deficientes, incluyendo acceso limitado a carreteras, escuelas y hospitales. Para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños. A menudo, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del ELN.
Los grupos armados también convocan a los líderes comunitarios y a otras personas a reuniones en las que anuncian normas para sus comunidades. Un líder comunitario de Tibú nos dijo que “todos los líderes deben asistir a las reuniones; de lo contrario, [recibimos] amenazas de muerte”.
El 17 de enero, hombres armados asesinaron a Pedro María Ropero, un líder del corregimiento de Campo Seis, en Tibú. Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33.
Según la Ley de Víctimas de Colombia, los gobiernos municipales deben proporcionar a las víctimas de abusos relacionados con el conflicto, incluyendo de desplazamiento forzado, asistencia humanitaria inmediata como alimentos, alojamiento temporal y transporte de emergencia. Cuando las autoridades municipales o departamentales no puedan hacer frente a la situación, el gobierno nacional está obligado a brindar la asistencia.
Los gobiernos municipales de Cúcuta y Ocaña, así como el departamental de Norte de Santander, han tomado medidas para ayudar a los desplazados, en gran medida gracias al apoyo de organizaciones humanitarias. Ocaña abrió albergues para 1.700 personas, Cúcuta ha brindado alimentos, cubrió los gastos de alojamiento de los desplazados en hoteles y habilitó un albergue con vigilancia policial para las personas con mayor vulnerabilidad y Norte de Santander destinó un colegio para niños desplazados.
A pesar de estas ayudas, muchos desplazados dijeron a Human Rights Watch que temían represalias del ELN en los hoteles y en el estadio de fútbol donde la gente recoge los paquetes de comida de ayuda humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha documentado la presencia de combatientes del ELN en Cúcuta. Según trabajadores humanitarios, en los hoteles se han registrado personas diferentes a los desplazados
Muchos desplazados, tanto en hoteles como en casas de conocidos, describieron condiciones de hacinamiento. Los trabajadores humanitarios afirmaron que estas condiciones exponían a las mujeres y niñas a violencia de género, acoso y abusos sexuales por parte de sus familiares y otros desplazados.
Trabajadores humanitarios y autoridades locales también nos dijeron que muchos desplazados han sufrido graves impactos psicológicos y que algunos intentaron suicidarse. Debido a estas condiciones, algunos desplazados nos contaron que estaban considerando la posibilidad de regresar al Catatumbo, a pesar de los graves riesgos. “Da miedo volver porque no sabes por qué te buscan, ni por qué razón”, nos explicó una mujer desplazada que abandonó su hogar en Tibú con su hijo de 3 años.
Algunas de las limitaciones de la respuesta humanitaria parecen deberse a que el gobierno no previó adecuadamente una crisis de esta magnitud. Cúcuta tenía un plan de contingencia, pero solo contemplaba 1,000 desplazados.
En ocho municipios del Catatumbo, el gobierno nacional se comprometió a implementar un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de 10 años, en el marco del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Ocho años después, el gobierno ha financiado aproximadamente un tercio de la inversión inicial anunciada para el Catatumbo.
El gobierno del presidente Petro ha anunciado una nueva serie de proyectos de desarrollo, en el marco de lo que denomina el Pacto Social del Catatumbo. Asimismo, desde que estalló la crisis en enero, el gobierno ha anunciado proyectos con una financiación de más de $640 millones de dólares. Este presupuesto está pendiente de una revisión de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del “estado de conmoción interior”.
La Agencia de Desarrollo Rural ha comprado alimentos cosechados por campesinos locales y los ha utilizado como ayuda humanitaria para los desplazados. Además, el 13 de febrero, el gobierno anunció que, en un esfuerzo por limitar la producción de drogas en el Catatumbo, proporcionaría dinero y asistencia para desarrollar cultivos como el café o el cacaoa los campesinos que se comprometieran a sustituir sus cultivos de coca por cultivos de alimentos u otras fuentes legales de ingresos.
Múltiples estudios sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) han demostrado que, debido a la falta de coordinación institucional y planes más amplios para ayudar a la población a obtener un mejor acceso a los mercados de alimentos, el programa creó incentivos para que la población cultive más coca para luego recibir los pagos, lo cual puede desencadenar en más violencia.
