Agencias/Ciudad de México.- El gobierno federal mantiene abiertas varios procesos de investigación contra ex y actuales funcionarios públicos vinculados a la red de contrabando de combustible o llamado “huachicol fiscal” que ha ingresado vía terrestre y marítima desde Estados Unidos a México, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en entrevista con el periódico ‘El Universal.
“Hasta el momento sí, va a continuar habiendo golpes y aquí [hay que] resaltar la actuación de la propia Secretaría de Marina; muchas veces dijeron que la Marina estaba corrompida, pero fue la propia Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Inteligencia Naval, que inició la investigación en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República para dar con estos delincuentes”, sostuvo.
Añadió que la Marina aportó datos recabados como parte de una investigación interna. En ese sentido, el funcionario afirmó que el caso del ‘huachicol fiscal’ “fue aislado y muy particular”, pero la gran mayoría de quienes integran la institución “trabaja con integridad y ayuda a mejorar la situación”.
En ese sentido, adelantó que existen “un número considerable” de órdenes de aprehensión que restan por liberarse. Aseguró que no se protegerá a nadie y que las investigaciones no se basan en especulaciones, sino en pruebas “muy concretas, evidencias específicas, y las investigaciones siguen en curso”.
El 6 pasado de septiembre, las autoridades mexicanas dieron a conocer el arresto de 14 personas, incluidos directivos de empresas y servidores públicos, involucradas en las pesquisas sobre 10 millones de litros de combustible que fueron incautados en marzo en Tampico, Tamaulipas (noreste).
Entre los implicados figuran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando, sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien denunció presuntos actos ilícitos dentro de la dependencia federal.
Además de las indagatorias relacionadas con el llamado “huachicol fiscal” llevadas adelante por la FGR y Semar, García Harfuch confirmó que abrió cuatro investigaciones internas en 2024 contra cuatro mandos navales por posibles delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta.
Estas investigaciones ya han derivado en sanciones contra dos marinos de alto rango adscritos a la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon), según reveló El Universal, aunque sus nombres permanecen reservados.
El pasado mes de septiembre, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y FGR documentaron que la red criminal de oficiales de la marina y agentes de aduanas llamada “Los Primos” realizaron depósitos bancarios millonarios, compra-venta de bienes inmuebles, vehículos de alta gama, joyas y lavado de dinero en casinos producto de los sobornos que recibieron al permitir el contrabando de hidrocarburos en varios puertos del país.
La FGR acusó a los hermanos: Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, Vicealmirante y Contralmirante de la Marina, de “crear una estructura de control sistemático en áreas estratégicas de las Aduanas, en donde se cometían delitos en temas relacionados a hidrocarburos y tráfico de drogas”.
La FGR a través de órdenes de un Juez, rastreó el número telefónico del Contralmirante Fernando siendo ubicado en operaciones en las aduanas de Guaymas y Dos Bocas, Tabasco, sin tener una comisión oficial entre octubre de 2023 y mayo de 2025.
La FGR infiere que Fernando realizó actividades de delincuencia organizada. Actualmente el mando de la Marina se encuentra prófugo de la Justicia.
Las autoridades fiscales le congelaron nueve cuentas bancarias a Fernando y dos a su esposa. Y aplicaron la extinción de dominio en dos propiedades.
Mientras que Manuel Roberto Farías Laguna, Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, blanqueo dinero del contrabando de combustible mediante dos pagos en efectivo a una aseguradora por el concepto de aportación voluntaria por más de 2 millones de pesos. Y un tercer movimiento por reaseguro de 1 millón de dólares en 2023.
La UIF reportó que “El pago de pólizas se realizó en efectivo existiendo la sospecha de que utilizó instituciones de seguros y fianzas para efecto de darle la apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de manera ilícita”.
Las autoridades rastrearon el número telefónico de Manuel Roberto sobrino político del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y ubicaron sus operaciones en las aduanas de Ensenada, Baja California, Guaymas, Sonora y Veracruz, sin tener tener una adscripción oficial, facilitando el ingreso ilícito de hidrocarburos en esos puertos marítimos.
En 2019, el Vicealmirante adquirió un inmueble con valor de 5 millones 136 mil 489 pesos, a nombre de su esposa, Lucia León Molina, mediante tres pagos en efectivo.
Manuel Roberto registró entre sus bienes patrimoniales nueve casas en los estados Jalisco, Ciudad de México, Sonora y Estado de México.
La FGR señala que, en 2020, Manuel Roberto y su hermano Fernando simularon la venta de una propiedad a un familiar por 4 millones 500 mil pesos.
Las autoridades sospechan que la presunta compradora, podría ser prestanombre de los hermanos Farías Laguna, debido a que no tiene capacidad económica para pagar el inmueble.
También en el 2023, el Vicealmirante Manuel Roberto compró en 1 millón 166 mil pesos un vehículo BMW.
Antes, en 2021, adquirió un vehículo Ford, en 1 millón 114 mil 400 pesos y lo registró a nombre de su esposa, Lucia León Molina…Un año después, en 2022, compró un vehículo Ford Mustang, Coupe de colección. Por ello le congelaron 13 cuentas bancarias.
La investigación oficial de la FGR tambien ubicó a Miguel Ángel Solano Ruíz, Capitán de Corbeta retirado, como el operador de los hermanos Farías Laguna y responsable de entregar los sobres de dinero a funcionarios de aduanas y puertos de Tampico, Tamaulipas; Veracruz; Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco y Cancún, Quintana Roo (PAGINA 344).
Solano Ruiz, lavó más de 52 millones de pesos en casinos de la Ciudad de México y Veracruz, de acuerdo a 400 avisos de operaciones sospechosas de dinero en efectivo que reportaron las casas de apuestas y sorteos a las autoridades.
“Solano Ruiz llegaba a los casinos ingresaba altas cantidades para la compra de fichas de juego y sólo utilizaba una mínima parte y posteriormente solicitaba el reembolso mediante cheques y transferencias para blanquear el dinero”
También realizó consumos por 17 millones de pesos en tarjetas de servicios, crédito y prepago… En febrero de 2025, compró en efectivo una pieza de joyería a la empresa Tiffany por 428 mil 500.
Entre 2018-2022, Solano Ruiz recibió más de 10 millones de pesos en depósitos en efectivo, cheques de caja provenientes de empresas de transportes, operadoras y comercializadoras.
Las autoridades lo vinculan con tráfico de influencias, enriquecimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada, actualmente se encuentra prófugo.
Otro de los funcionarios bajo investigación de las autoridades es Francisco Javier Antonio Martínez Gerente de Administración y Finanzas de la ASIPONA en Tampico, Tamaulipas, quien cobró 19 millones 977 mil 145 pesos, de una empresa aseguradora (Mapfre México, S.A. en 2019.
Las autoridades investigan esa operación considerada entre las tipologías de lavado de dinero mediante la cancelación anticipada de seguros.
El ex funcionario actualmente detenido, recibió 247 depósitos por 9 millones 63 mil 128 pesos, entre el 1 de octubre de 2021 al 21 de mayo de 2025
La UIF documentó que 57 depósitos han sido en efectivo en montos cerrados de 50 mil y 100 mil pesos, realizados en la Ciudad de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Nuevo León (Página 363).
El 28 de enero de 2025, realizó la compraventa a través de Grupo Velas División Construcción de un inmueble con un precio pactado en 5 millones 403 mil pesos.
En este mismo año, Martínez declaró que su cónyuge Nuria Jiménez León, adquirió un departamento en 9 millones de pesos, en la Ciudad de México. Y recibió depósitos en efectivo por 2 millones 554 mil 879 pesos..
Un año antes, Martínez recibió un depósito de 6 millones 384 mil 500 pesos de procedente de las empresas Ltoil And Gas Construction S.A. de C.V., y Osmo Multiservicios S.A. de C.V. siendo una operación sospechosa de empresas del ramo de la construcció.
En 2023, adquirió 17 vehículos clásicos y motocicletas por un monto de 9 millones 809 mil 484 pesos que no corresponde a su perfil ni ingresos.
Entre 2018-2025, reportó ingresos por 2 millones 270 mil pesos procedentes de su pequeño establecimiento de tacos. Además, declaró ganancias por la operatividad de un taller mecánico por 1 millón 860 mil pesos, sin coincidir con sus ingresos reales de más de 26 millones que detectó la UIF.
Durante 2014, Martínez realizó una aparente compraventa de 17 inmuebles por un monto de 15 millones 556 mil 801 pesos 68 centavos, bajo investigación por blanqueo de dinero.
Las autoridades congelaron 9 cuentas bancarias a Martínez y 2 de su esposa, además, aplicaron la extinción de dominio a tres propiedades ubicadas en Tampico, Tamaulipas, Ensenada, Baja California y CDMX.
