Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Cientos de estudiantes de universidades públicas y privadas de derecho marcharon al unísono en protesta contra la reforma al Poder Judicial que han impulsado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y legiladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) que prevé la eleccón de jueves, magistrados y ministros a través del voto popular o tómbolas en el país.
Los universitarios arroparon a catedráticos y trabajadores del Poder Judicial que mantienen un paro (parcial) de trámites en juzgados contra la reforma del partido oficialista MORENA desde el pasado 19 de agosto.
Los estudiantes inconformes coordinación entre universidades públicas y privadas se congresaron en torno al Ángel de la Independencia y marcharon hacia la sede del Senado de la República en la que leyeron un pliego petitorio contra la reforma al Poder Judicial que ha enarbolado el oficialista partido MORENA-
“¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, “¡Sin Poder Judicial quién te va a amparar!”, y “¡México despierta, somos tu defensa”, corearon los estudiantes durante la protesta.
Leopoldo Hernández, estudiante de Derecho de noveno semestre de la Universidad Panamericana comentó que participó en la movilización dado que es necesario mantener el respeto a la división de poderes en México.
“Estamos en contra de la reforma judicial, que lo único que va a hacer es poner a otro poder al servicio del Ejecutivo”, afirmó.
En ese contexto, Hugo ‘N’ estudianted de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México (UNAM), advirtió que la reforma al poder judicial representaría un retroceso en la endeble democracia al concentrar todo el poder en una sola persona en el país.
Estudianes de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, Panamericaana, Libre de Derecho y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta la sede del Senado de la República en el marco de las crecientes protestas contra la reforma judicial que pretende aprobar el oficialista partido MORENA.
Los universitarios exigieron al oficialista partido MORENA abrir un canal de diálogo sin manipulación ni distorsión sobre los riesgos o beneficios que traería consigo la reforma al poder judicial en el país.
“Si el pueblo se informa no pasa la reforma”, “Somos abogados no somos acarreados” y “Poder judicial contrapeso nacional”, corearon una y otra vez los universitarios.
“Iniciamos el movimiento el martes con 12 personas en una llamada de zoom y hoy somos más de 6 mil, 7 mil personas, con mucha organización, con mucha valentía y con mucha fuerza”, dijo José María de la Garza, recién egresado de la Libre de Derecho y uno de los coordinadores de la movilización.
Explicó que este lunes 2 de septiembre entregarán firmas recolectadas a diputados para que les expliquen cómo la reforma judicial va a articular el derecho de acceso a la justicia.
“Esperamos lograr un diálogo plural, que sea un diálogo democrático, una reforma judicial que atienda las causas que tanto afectan la justicia”, señaló.
Para el egresado, el movimiento será una nueva fuerza.
“La fuerza que necesitamos para tomar en nuestras manos la coyuntura política, la coyuntura democrática”, añadió.
El pasado 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la polémica reforma al Poder Judicial, con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.
“El Poder Judicial no va a caer, no va a caer”.
Estudiantes universitarios de México marchan sobre Paseo de la Reforma para rechazar la reforma judicial de AMLO durante su sexto informe de Gobierno. Avanzan hacia el Senado de la República.
: @PedroMrquez_ pic.twitter.com/huXkOSmhIm
— Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) September 1, 2024
El dictamen de la reforma impulsada por el Presidente López Obrador, que busca elegir mediante el voto popular y tómbolas a jueces, magistrados y ministros pasará ahora al pleno de la nueva legislatura, que asumió el cargo este 1 de septiembre.
Adriana Bustamante, diputada del partido oficialista Morena, argumentó que es urgente contar con un Poder Judicial a la altura de los retos a los que hacen frente como nación y de las demandas legítimas de la sociedad que, “por encima de todo, cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesaria para hacer valer la justicia y la equidad”.
En caso de que la medida llegue a buen puerto, habría una elección extraordinaria en 2025, durante el primer año de mandato de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para renovar a los ministros, jueces y magistrados, en la que podrán participar los funcionarios que actualmente desempeñan esos cargos.
El proyecto ha generado una fuerte resistencia porque modificaría por completo al Poder Judicial, ya que establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral federal y los jueces de distrito sean designados en unas elecciones que, por primera vez en la historia, serían abiertas a la ciudadanía en 2025.
El pasado 5 de febrero, López Obrador presentó la reforma ante la Cámara de Diputados que ha sido secundada por legiusladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en medio de una creciente tensión entre las partes.
El dictamen prevé la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será integrada por 9 en lugar de 11 ministras y ministros, y funcionará en Pleno.
Paralelamente, acortaría de 4 a 2 años el periodo de la presidencia de la SCJN que sería renovada manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva.
Los ministros de la SCJ N durarán en el cargo 12 años en lugar de 15 y, solo serían removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Además, ninguna persona que ha sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.
“Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente”, indicó el dictamen
Asismimo, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.
El Poder Ejecutivo postulará hasta tres aspirantes para el caso de ministras y ministros de la SCJN, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
Y, corresponderá posturlar a 1 aspirante por parte de la Cámara de Diputados y 2 al Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.
Simultáneamente, el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la SCJN postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.
El pasado 25 de agosto, cientos de personas protestaron en calles de Ciudad de México contra la polémica reforma constitucional impulsada por López Obrador que concluirá su mandanto est 1 de octubre y sido secundada por legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Paralelamente, el Banco de México (Banxico) reportó que durante el segundo trimestre del 2024 salieron capitales golondrinos por un total de 8,233 millones de dólares (mdd).
Esto, indicó Baxico, es una tendencia registrada en 16 de los últimos 21 trimestres con salidas de capitales.
La salida de inversión registrada durante el segundo trimestre del presente año es la más grande para un trimestre desde el periodo octubre-diciembre del 2021, cuando salieron 14,476 millones de dólares, en medio de la creciente polémica relacionada con la reforma judicial.
La reforma será abordada en la legislatura que iniciará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para su aprobación sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Ante ello, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que se vulneran sus derechos laborales el asado 19 de agosto.
Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Señalan también que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos.
“Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos es cortar la carrera judicial”, dijo a la AFP Roberto Zayas (39), empleado judicial.
Esta reforma tensó también la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, socios en el tratado de libre comercio T-MEC.
El pasado 22 de agosto, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, advirtió que la elección popular de jueces “amenaza” la relación comercial entre ambos países y es un “riesgo” para la democracia mexicana.
Su par de Canadá, Graeme Clark, indicó por su parte que los inversionistas de su país mostraron preocupación por la reforma y que esperan un “sistema judicial que funcione si hay problemas”.
El gobierno de López Obrador calificó la declaración de Salazar de “injerencista”, mientras que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum -quien asume el primero de octubre- remarcó que en Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular.
Como parte de los principios de la ‘austeridad republicana’, se pretende además poner un alto a los que se consideran “gastos excesivos y onerosos” del Poder Judicial: la iniciativa contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y reducir sus prestaciones.
Asimismo, se propone que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también elegidos mediante el voto popular.
Se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte.
Y no solo eso, se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo, a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.
Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición y no pocas barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Para el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, en cambio, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave para conseguir, finalmente, echar abajo los obstáculos para continuar profundizando el proceso de transformación que comenzó en 2018.
Cabe recordar que, en varias ocasiones, la Suprema Corte ha declarado inválidas algunas iniciativas de reforma impulsadas por el partido oficial, al tiempo que jueces han otorgado amparos a favor de particulares inconformes ante decretos presidenciales o cambios a leyes secundarias y la Constitución.
Es una reforma que pone al descubierto dos visiones contrapuestas de proyecto de país: mientras que para la oposición el Gobierno no busca sino una “mayor concentración del poder”, “atropellar el Estado de derecho” y “debilitar la democracia”; para la 4T se trata de “fortalecer el sistema de impartición de justicia” con el objetivo de “colocarlo al servicio del pueblo”.
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial es que atenta contra uno de los principios básicos de los órganos de impartición de justicia: la independencia.
Bajo esta perspectiva, toda vez que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial harían propuestas de candidatos para ocupar los cargos de ministros de la Corte, magistrados y jueces, las preferencias del partido oficialista MORENA y sus aliados, que arrasaron en la elección de junio de este año (y por lo tanto ostentarán la Presidencia y la mayoría del Congreso), serían preponderantes.
Además de los partidos políticos de la oposición, buena parte de quienes laboran en el Poder Judicial ha expresado su rechazo hacia la reforma judicial.
No solamente ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, sino también quienes integran el personal administrativo se han terminado sumando al paro indefinido que comenzó el pasado 21 de agosto, en escala nacional.
Acusan que sus derechos laborales se verán socavados en caso de aprobarse la reforma, con todo y que la iniciativa constitucional no implica afectaciones en materia de salarios y prestaciones para quienes no son altos funcionarios.
Por otro lado, en el plano externo, a partir de que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la elección presidencial, el pasado 2 de junio, y refrendó su compromiso de apoyar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el peso mexicano comenzó a sufrir un proceso de depreciación ante el dólar.
En esos días, en medio de la incertidumbre entre inversionistas, Sheinbaum reiteró en una conferencia de prensa el compromiso de la Administración que encabezará de garantizar la certidumbre jurídica.
Adicionalmente, con ánimo de fomentar la confianza en los mercados financieros, Sheinbaum comentó que Rogelio Ramírez de la O, quien se ha desempeñado como secretario de Hacienda y Crédito Público durante el Gobierno del Presidente López Obrador, se mantendría en el cargo.
Sin embargo, desde entonces el peso mexicano no ha logrado recuperar terreno ante el dólar. De principios de junio a la tercera semana de agosto, el tipo de cambio pasó de 17 a 19,45 pesos por dólar, una depreciación de casi 14,5 %.
Y las presiones externas sobre la economía mexicana van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley lanzó la recomendación de no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente “aumentará las primas de riesgo en México”.
Las presiones externas van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley recomendó no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente “aumentará las primas de riesgo” en el país latinoamericano.
Por otro lado, el cumplimiento de las reglas del pacto comercial más relevante para México, el T-MEC, suscrito con EEUU y Canadá, también está siendo objeto de cuestionamientos, ya no solo por parte de legisladores norteamericanos y funcionarios como Brian Nichols, titular del Departamento de Estado para América Latina.
