Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- El Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca encontró que policías ministeriales permanecían asignados a tareas de seguridad a los ex mandatarios priistas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, buscados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Drug Enforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) por sus ligas con delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, fraude bancario y enriquecimiento ilícito.

Irving Barrios Mojica procurador General de Justicia Tamaulipas dio a conocer en el Programa 10 en Punto de Televisa que el ex Gobernador Yarrington tenía ocho personas comisionadas para su seguridad, mientras que a Hernández permanecían asignados otros cuatro policías ministeriales con sueldos y armas reglamentarias a cargo de la administración estatal.

“En la Procuraduría se dota de un arma corta que es una pistola y un arma larga que es un rifle y en este caso todos los elementos contaban con los dos tipos de armas”, dijo.

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Barrios Mojica reveló que por lo menos una docena de policías con armamento reglamentario protegían a los ex mandatarios priistas por órdenes del anterior Gobernador priista Egidio Torre Cantú.

“Una de las debilidades que existe en la Procuraduría es la falta de personal ministerial o la falta de personal policial para realizar las investigaciones, es un cuerpo muy reducido, se necesita el recurso humano para fortalecer el rezago y las investigaciones que se llevan acabo”, explicó.

Durante el sexenio del priista Torres Cantú canalizaron alrededor de 30 millones de pesos en el pago de salarios y viáticos para los agentes ministeriales encargados de la protección de los ex gobernadores Yarrington y Hernández prófugos de la justicia.

“Podríamos decir que de sueldos a las personas comisionadas de las 12, son 350 mil, 400 mil aproximadamente de sueldo de todas las personas, mensualmente.

“Si los elementos se encontraban fuera del estado de Tamaulipas, lo que se suele decir fuera de plaza, el compromiso de la Procuraduría si esta comisionado es pagarles sus viáticos”, sostuvo.

De 1999 a 2004, Yarrington gobernó Tamaulipas, y es buscado por la DEA desde diciembre del 2013.

Una Corte Federal en Estados Unidos mantiene sendas demandas contra Yarrington por delincuencia organizada, tras haber recibido dinero por proteger al Cartel del Golfo durante su mandato.

En el caso de Eugenio Hernández que gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010, y también es buscado por la DEA desde junio del 2015.

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el arresto del ex Gobernador por recibir dinero del cartel de los Zetas durante su administración.

La DEA acusó al ex Gobernador priista de los delitos de lavado de dinero y transferencias financieras de manera ilegal por 30 millones de dólares en bancos de Texas.

El nuevo gobierno panista a cargo de García Cabeza de Vaca ordenó la suspensión de escoltas ministeriales a los ex-mandatarios priistas.

“Dimos parte a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de su competencia pudiera hacer las acciones que consideraran pertinentes en el presente caso”, aseguró el procurador de Tamaulipas Barrios Mojica.

Durante la revisión administrativa y tareas ministeriales, dijo, han encontrado entre otras irregularidades que por lo menos 50 elementos han sido asignados a tareas de escoltas de ex funcionarios del anterior Gobierno priista.

“La mayoría de ex servidores públicos de primer nivel estatal contaba con este tipo de apoyo, con el servicio de protección, presidentes municipales, en algunos casos de algunos síndicos, en algunos casos de diputados, de secretarios, subsecretarios”, indicó.

Mientras que el personal administrativo de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas tenía para su uso privado 300 de los 600 de los vehículos oficiales.

“Había mucho personal que no usaba el vehículo propiamente como una función del trabajo, si no que lo usaba como un vehículo personal, nada más era para transportarse a su casa, a su domicilio y para algunos estados de la República pero no era para usarse en las funciones de la Procuraduría.

“Había vehículos que estaban destinados a personal administrativo comisionados en otras dependencias”, comentó.

 

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