Agencias/Ciudad de México.- El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos compareció ante una Juez federal en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México
Según la Fiscalía General de la República (FGR), las empresas registraron movimientos sospechosos con ingresos por 3 mil 75 millones de pesos, través de 80 cuentas bancarias y operaciones en el extranjero por casi mil 400 millones de dólares.
La red que encabezaba, según la FGR transportó gasolina y diésel desde Texas declarando apenas el 10% del volumen real a través de en carros tanque de ferrocarril, con lo que habría causado un daño al fisco de más de 4,000 millones de pesos entre enero y julio de 2025.
El esquema operó desde refinerías de Texas, donde la red adquiría gasolina y diésel. Al cruzar la frontera hacia México por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa —todas en Tamaulipas— las empresas vinculadas presentaban pedimentos con volúmenes muy por debajo de la realidad.
La estructura de la red tenía su origen en una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ruffo Appel. Con el tiempo, esa firma amplió sus operaciones hacia la importación de derivados del petróleo, actividad bajo la cual se desarrolló el esquema de contrabando.
El pasado martes la juez de elección popular Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó la captura de Ruffo y 24 presuntos cómplices por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos, de acuerdo con constancias ministeriales del caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo considera, junto con otros 4 coimputados, líder de una organización criminal que de 2019 a 2026 importó petrolíferos declarando en los pedimentos aduanales el 10 por ciento de lo realmente transportado, omitiendo el pago total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Valor Agregado (IVA).
La supuesta operación del huachicol fiscal habría sido a través de 11 empresas en distintas entidades del país, entre las cuales tenían un papel central Ingemar, de la que Ruffo era socio fundador, y Servicios Aduanales JR, cuyo dueño Armando III Riestra Fernández está preso desde enero en el Penal del Altiplano.
“Ernesto Guillermo Ruffo Appel y/o Ernesto Ruffo Appel; José Merino Valdés Cuervo; Guadalupe Hernández Hinojosa; Armando III Riestra Fernández y José Luis Rangel Martínez, habrían tenido funciones de administración y dirección dentro del entramado delictivo, pues permitieron que la estructura de las empresas Ingemar S.A. de C.V. y Servicios Aduanales JR S.A.S. De C.V.
representadas por ellos, fuera utilizada de forma permanente o reiterada para introducir combustible ilegal, lo que denota un fuerte indicio de liderazgo en la organización criminal, respecto del cual no pueden alegar desconocimiento, pues la ley determina que, para su encargo como consejo de administración y los poderes para el caso de los apoderados que les fueron otorgados debieron haber sabido y evitado las conductas ilícitas”, acusó la FGR en el expediente.
Ruffo Appel y al menos otros cuatro detenidos -entre ellos Thompson Navarro- comparecieron en la audiencia de imputación en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Dos de los ilícitos que les atribuyen, la delincuencia organizada y el delito en materia de hidrocarburos, contemplan la prisión preventiva de oficio, razón la que es muy probable que sea internado en el Penal del Altiplano por lo menos hasta que se resuelva si es o no vinculado a proceso.
