Agencias/Ciudad de México.- Un Jurado Federal abrió un proceso contra Loyd Walter Hall y tres de sus cómplices acusados de conspiración para suministrar armas de fuego y adiestrar a sicarios del Cártel de Sinaloa, a través de la ruta de Texas hacia la región noroeste de México.
Walter Hall, de 27 años, residente de Amarillo, Texas, enfrenta doce cargos, entre ellos conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación a Estados Unidos.
Además, de posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico, y múltiples cargos por declaraciones falsas ante vendedores de armas con licencia, en Texas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos buscaría sentenciar a Walter Hall a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.
Paralelamente, sigue el proceso contra sus cómplices, Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años, residente de Utah, por los delitos de conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego.
Los dos implicados podrían alcanzar una condena de hasta 15 años de prisión en Estados Unidos.
Simultáneamente, las autoridades acusaron a Catlynn Ann Townsend, de 29 años y residente de Amarillo, de proporcionar una declaración falsa en la documentación requerida por un vendedor de armas con licencia.
Ann Townsend podrían recibir una pena máxima que enfrenta es de 5 años de prisión.
Entre 2024 y 2026, según la investigación, Loyd Walter Hall y varios cómplices —identificados y anónimos— mantuvieron contacto con un miembro del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, México.
A través de esa relación, el estadounidense entregó armas de fuego, además, se encargó del adiestramiento técnico y asesoramiento sobre cómo evadir a las autoridades a pesar de tener pleno conocimiento del estatus terrorista del Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos.
“Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible”, declaró Raybould, citado por el portal Infobae.
El fiscal advirtió que su oficina no cesará hasta que los cárteles y quienes los apoyan “sean erradicados por completo”.
El portal Infobae reportó que Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Dallas, señaló que la acusación describe esfuerzos para brindar al Cártel de Sinaloa “orientación sobre cómo eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectado por las fuerzas del orden”.
El pasado 22 de junio, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó el aseguramiento de 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona.
El funcionario destacó que el decomiso se realizó por elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en una acción con la que buscan desarmar a los cárteles de la droga como parte de la cooperación bilateral para detener el flujo de armas en la frontera y de drogas.
Johnson destacó que en la acción se utilizó tecnología avanzada de inspección no intrusiva en los puertos de entrada y salida con el objetivo de facilitar la detención de objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como a Estados Unidos.
Ese aseguramiento se sumó al realizado a principios de año, en una operación que inició el 20 de enero de 2025 y permitió a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) el decomiso de 4 mil 359 armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por los cárteles.
Durante ese periodo decomisaron un total de 36 mil 277 armas de fuego, de las cuales más de 4 mil serían enviadas a territorio mexicano.
Además, aseguraron 648 mil 975 rondas de municiones que tenían como destino México, dando un total de 2 millones 317 mil 999 cartuchos decomisados.
En ese contexto, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), detalló que durante la actual administración se ha identificado que entre 77% y 78% de las armas decomisadas provienen de Estados Unidos.
