Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Arturo Peimbert Calvo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó un expediente contra los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y el gobernador Ulises Ruiz, por delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con sede en Holanda.
La Revista Proceso informó en su sitio web que Peimmbert Calvo entregó ante la Corte Penal de La Haya, información acusatoria sobre los hechos de represión en el marco de las protestas del magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el periodo de 2006 y 2007 en la ciudad de Oaxaca.
El expediente entregado imputó a los expresidentes del Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox y Felipe Calderón, además, a Ulises Ruiz ex Gobernador priista de Oaxaca.
Peimbert Calvo acuso a los ex funcionarios de los delitos desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias, los cuales, afirma Peimbert, podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad que recaen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
“En México se agotaron las instancias legales”, dijo Peimbert Calvo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en entrevista con la Revista Proceso.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió que hubo violaciones graves a derechos humanos, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Posteriormente, el gobierno y el Congreso de Oaxaca constituyeron la Comisión de la Verdad para investigar los hechos”, llegando a la misma conclusión y sin que en ningún caso hubiera castigo para los culpables”, dijo Peimbert Calvo a Proceso.
Peimbert Calvo incluyó en el expediente que interpuso ante la CPI, el informe de la Comisión de la Verdad, la resolución de la SCJN, las recomendaciones de la CNDH y “otros datos actualizados que pueden servir a la Corte en este caso”, dando en total una carpeta de mil 600 hojas.
Es la primera comunicación mexicana en la CPI que proviene de instituciones del Estado, afirmó.
Destacó que mantiene conversaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión para que oficialmente “acompañen” la solicitud para que La Haya intervenga en el caso y “ayude a resolver el rezago que existe en la impartición de justicia en el País”.
La comunicación será ahora revisada por la unidad de información y evidencia de la Fiscalía de la CPI, que respondió a Peimbert Calvo con un “acuse de recibo”, cuyo envío podría tomar meses y que de ninguna manera significa un avance o la apertura de un proceso.
Desde que en 2011 el abogado Netzaí Sandoval –hermano de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval– presentó la primera comunicación pública sobre crímenes de lesa humanidad en México, la CPI ha recibido al menos otras seis expedientes presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales sobre casos en Chihuahua o Coahuila, y algunas menos serias de políticos mexicanos.
A pesar de la documentación y los testimonios de víctimas que se han aportado, la Fiscalía de la CPI no ha procedido a abrir un examen preliminar en México, y en octubre de 2015 incluso rechazó una comunicación –presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos con ONG mexicanas– sobre hechos violentos cometidos por militares y policías en Baja California durante el sexenio de Felipe Calderón.
En un polémico argumento legal, la Fiscalía consideró que en México ocurren violaciones a los derechos humanos, que no equivalen en derecho internacional a crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con la Revista Proceso la Fiscalía justificó que en México “existen elementos de contexto más amplios, tales como la debilidad estructural de la administración de justicia, un alto nivel de impunidad y el aumento del crimen organizado que pueden haber contribuido a las violaciones generalizadas a los derechos humanos reportadas durante los últimos años”.
Y “las extensas violaciones a los derechos humanos no necesariamente constituyen crímenes de competencia de la Corte”.
