Agencias/Ciudad de México.- Latinoamérica destaca como cada año por las alarmantes cifras de personas desaparecidas en la región, número que no deja de crecer según el último reporte de Naciones Unidas. Los expertos señalan que, a diferencia de otras regiones como Europa, en América Latina impera un bajo nivel de institucionalidad estatal y, por el contrario, un alto índice de impunidad.
Los detonantes que hay detrás de las desapariciones en América Latina dejaron de ser meramente políticos, como ocurrió en la década de 1970 y 1980 con las dictaduras militares que, según estima Amnistía Internacional, dejaron más de 90 mil desaparecidos entre 1966 y 1986. Hoy se resumen básicamente en tres los factores que provocan las desapariciones de personas: migración forzada, crimen organizado y conflictos políticos internos de cada nación.
Pero el factor que más incide es, sin duda, el crimen organizado que suele estar detrás de las desapariciones en los casos de las rutas migratorias y de la represión política como ocurre en Venezuela y Nicaragua, por ejemplo. “En muchos países las organizaciones criminales operan en contubernio y con la aquiescencia del Estado porque las estructuras estatales se han visto penetradas, afectadas por la actuación de la delincuencia organizada”, explica a DW Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la Oficina de las Naciones Unidas.
Los casos más nuevos, que se han repetido en el último tiempo y se suman a los ya mencionados, son los que enumera Luciano Hazan, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. A apuntan a “las desapariciones de activistas ambientales y a favor de la tierra que ocurren especialmente en Colombia; las desapariciones ocurridas como intento de control ilegal por parte de la policía de sectores marginados, que se dan mucho en Argentina, y lo que ocurre en las rutas migratorias, sobre todo en el tránsito a Estados Unidos, víctimas del crimen organizado con cierta aquiescencia de los Estados”.
Para Rainer Huhle, miembro del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y académico de la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen-Nürnberg, la mezcla del Estado con el actuar del crimen organizado representa el mayor desafío en este tipo de casos. “Cuando uno mira los análisis de politólogos y especialista, se observa que la frontera entre crimen organizado y el Estado en muchas regiones ya no existe; entonces, si lo miramos desde una perspectiva de encontrar a quienes están detrás de las desapariciones, la situación se vuelve más difusa de lo que ya es, haciendo que tanto la búsqueda como la persecución de los perpetradores se vuelva más compleja”.
Un ejemplo de lo que narra Huhle lo entrega el abogado Juan Pablo Albán, quien detalla a DW otra modalidad en la que se está aplicando la desaparición forzada en naciones con conflictos políticos internos o gobiernos que han derivado en autoritarismo. Se trata del enmascaramiento de las desapariciones. “Existe un fenómeno que se da en una frontera poco clara entre desaparición y detención arbitraria, y tiene que ver con situaciones en las que se buscan disuadir de ejercer el derecho a las libertades civiles. Lo hemos visto en Cuba, en Venezuela, se ve en Nicaragua, donde las personas desaparecidas después de cierto tiempo son presentadas ante la prensa o las autoridades reconocen que han sido detenidas, pero no dan información sobre su ubicación o no permiten el contacto con sus familiares: Eso es una fachada para evitar que el hecho se califique de desaparición”.
Para Rainer Huhle “hay dos cosas que son urgentes: hacer más efectiva la búsqueda con organismos especializados y reforzar los órganos de la justicia que tiene la tarea de perseguir el crimen en cuestión”.
La falta de una adecuada inversión y la poca presencia de organismos especializados en este área en los países de Latinoamérica hacen que las cifras de desaparecidos sigan siendo alarmantes. De hecho, para Albán, “el número de víctimas que se registran hoy es mucho mayor al oficial (la ONU registra más de 13,000 casos en su último informe sobre acciones urgentes) debido a que el fenómeno se ha diversificado en sus factores y a la débil institucionalidad que caracteriza a buena parte de los países latinoamericanos, además de los altísimos índices de impunidad frente a la comisión de delitos que hay en nuestra región. Tampoco hay una inversión ni formación adecuada en sistemas de identificación humana, que son elementos necesarios si buscamos disminuir el número de desaparecidos”.
Aunque México y Colombia son los países que más desaparecidos registran (115,540 y 11,640 respectivamente, según sus organismos internos) también son parte de los países que han desarrollado iniciativas que apuntan al esclarecimiento y término de las desapariciones forzadas. A ellos se suman Perú, El Salvador y Argentina. Este último ha desarrollado un buen sistema de recopilación genética.
“A pesar de las iniciativas que apuntan a establecer una maquinaria institucional especializada en la búsqueda de los desaparecidos, ningún país puede mencionarse como el más avanzado en la materia, porque ahí donde hay avances también hay retrocesos. Quizás de la combinación de los avances que se ven en los diferentes países podría surgir un modelo interesante para enfrentar el fenómeno”, apunta Juan Pablo Albán, que también es académico de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador.
Este crimen no prescribe. Así lo disponen normas de tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. De ahí se deriva también que la obligación de búsqueda es permanente, siempre bajo la presunción de vida de los desaparecidos. “No estamos buscando cadáveres, buscamos personas vivas”, afirma Juan Pablo Albán Alencastro, docente de la Universidad San Francisco de Quito y relator del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
Se estima que entre 1966 y 1986 tuvieron lugar más de 90 mil desapariciones forzadas en México, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Haití. Pero este es un horror que dista de haber quedado en el pasado. El drama se sigue viviendo en diversos lugares de la región, como Colombia, que sigue buscando a sus desaparecidos.
“Es un fenómeno muy fuerte, especialmente en ciertos países, como México, que en el mundo es probablemente el que presenta la peor problemática de desapariciones”, afirma Albán. Y subraya que ahora, “si bien, en su gran mayoría, no se trata de desapariciones directamente perpetradas por agentes estatales, sino por la delincuencia organizada, finalmente, el que el Estado no haya podido dar una respuesta adecuada, termina convirtiéndose en una especie de aquiescencia, y, por ende, el hecho es atribuible al Estado”. La impunidad es un factor clave, que sigue alentando a los perpetradores.
“No ha habido ninguna mejoría en México, al contrario. Es ya una situación de lesa humanidad”, considera por su parte José Ugalde. Su hijo salió de casa un 14 de septiembre de 2015 y ya no regresó. El 18 de diciembre de ese año, le avisaron que sus restos habían sido encontrados.
“Hasta el momento no hemos tenido ni verdad, ni justicia ni reparación. Tal parece que todo el sistema está en contra de nosotros y tenemos que luchar con todo esto”, dice a DW este padre, que dejó su antiguo trabajo de carpintero para dedicarse a ayudar a las familias que sufren un dolor como el que conoció en carne propia.
“Es un sufrimiento enorme. Tenemos compañeras que hace más de 10 años que están buscando a sus seres queridos, que no tienen idea de qué sucedió con ellos. Y esto es vivir en una tortura psicológica diaria, se nos está yendo la vida de dolor; y vemos que las autoridades no han sido competentes” para dar respuesta, dice.
José Ugalde integra hoy el colectivo Desaparecidos Justicia AC Querétaro y es vocero de la comisión de comunicación del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, al que pertenecen más de 80 colectivos de 25 estados de la república.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —una relación oficial de los casos acumulados desde 1964— hay más de 100.000 personas que son buscadas en México. “Nosotros creemos que todavía hay más. Y esa cantidad es increíble”, dice Ugalde. Para graficarla, pone el ejemplo del Estadio Azteca, que tiene una capacidad de 110.000 personas: “Es todo un estadio de jóvenes, mujeres, niñas, padres, mujeres, hermanos, que no están en casa. Que no sabemos dónde están”.
Además, llama la atención sobre los graves problemas de identificación forense en el país: “Hay más de 52 mil cuerpos que tiene el Gobierno y ni les ha podido dar el nombre y regresarlos a casa”.
México también se ve afectado por el fenómeno migratorio, junto a gran parte de América Central. Más de 6,700 muertes o desapariciones de personas migrantes ha registrado el proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, desde 2014.
“Esa cifra es un subregistro, porque no todas las personas desaparecidas en las rutas migratorias son reportadas”, estima el relator del Comité Contra la Desaparición Forzada, que está en el proceso de diseñar parámetros de intervención frente a casos de desaparición de personas migrantes. “El migrante es víctima de redes de estafa migratoria, de tráfico de personas y, a veces, de otras redes de delincuentes, que los captan para cometer otro tipo de ilícitos y luego los desaparecen”, explica Albán.
Este fin de semana, familiares de desaparecidos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México se reunieron por primera vez para intercambiar experiencias de sus procesos de búsqueda. El encuentro fue convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
En México, también hay actividades especiales en esta jornada. Y ahí esta José Ugalde. “Mandamos simbólicamente el mensaje de que buscamos por tierra, mar y aire, a nuestros seres queridos”, dice. Los familiares siguen buscando y pidiendo justicia, porque tampoco el dolor prescribe.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)de México reporta 111,095 personas desaparecidas, mientras que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia indica un total de 103.955 en el marco y contexto del conflicto armado en el país. En entrevista con DW, García apunta a las dificultades de evaluar cuantitativamente las cifras y al “subregistro” persistente, que hace que las estadísticas estén por debajo del número real, pese a los esfuerzos en los últimos años a favor de hacer una estimación del total de víctimas y las circunstancias de su desaparición forzada.