Agencias/Ciudad de México.- El Presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos realizará el trabajo del combate al trafico de drogas vía terrestre de forma similar a los bombardeos contra narcolanchas en aguas del Caribe y Pacífico en caso de que el gobierno de México incumpla con la labor.
Durante un evento para celebrar el Día de las Madres en la Casa Blanca, Trump dijo que los ataques contra las narcolanchas han dejado más de 190 personas muertas desde mediados de 2025.
Y, eso, añadió Trump, ha logrado disminuir el tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos.
“El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla.
“Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, advirtió Trump, en el evento al que asistieron madres militares, difundió el portal Infobae.
Desde 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las ofertas de Trump para enviar tropas militares estadounidenses a territorio mexicano para atacar blancos de los cárteles de las drogas.
En la edición 2026 de la Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos, la administración de Trump dijo estar lista para tomar acciones unilaterales en contra de los cárteles del narcotráfico ubicados en el continente americano especialmente en los países en los que existen Gobiernos “cómplices” de esas organizaciones.
A mediados de 20205, el gobierno de Estados Unidos emprendió los ataques contra presuntas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental.
México rechazó en diversas ocasiones las operaciones unilaterales estadounidenses, además, exigió respetar los protocolos bilaterales de coordinación marítima.
En septiembre de 2025, los gobierno de México y Estados Unidos firmaron el ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’ y crearon un grupo de implementación de alto nivel para dar seguimiento a los compromisos mutuos.
Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU llegó a calificar como sin precedentes históricos la colaboración con el gobierno mexicano.
El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), por los delitos de narcotráfico y armas,
Los funcionarios señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos durante el proceso electoral en México, en 2021.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados -funcionarios en activo y retirados- enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos.
El caso ha sido asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con la acusación, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Entre los nombres figuran Enrique Inzunza Cázarez, actual senador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.
Además, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestros vinculados a una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en sus muertes.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Entre los señalados en la acusación se encuentran figuras clave de la administración estatal y de las fuerzas del orden, como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y el ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
Según el documento judicial, estos funcionarios desempeñaron roles esenciales para el Cártel: proporcionaron información confidencial de inteligencia, ordenaron a las policías estatal y municipal proteger cargamentos de droga y permitieron que los criminales cometieran actos de violencia brutal sin enfrentar consecuencias.
A cambio de estas acciones, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares en sobornos.
La acusación destaca una relación directa entre el Gobernador Rocha Moya y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Precisa que “Los Chapitos” ayudaron a Rocha Moya a ganar la gubernatura mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos en 2021.
A cambio del apoyo electoral, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los líderes de la facción, tanto antes como después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, donde se comprometió a brindarles protección para sus actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses afirman que, bajo su mandato, el Gobernador ha permitido que el grupo opere con total impunidad en Sinaloa.
Uno de los puntos más graves de la acusación involucra a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán.
Millán es acusado de recibir pagos mensuales de “Los Chapitos” a cambio de otorgarles acceso total a la fuerza policial.
Además, ha sido imputado de haber participado directamente en octubre de 2023 en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, debido a las sospechas de que colaboraban con la investigación estadounidense.
Otros funcionarios, como Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía del Estado, habrían recibido pagos mensuales de 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos policiales.
