Agencias/Ciudad de México.- El Congreso de Sinaloa aprobó vía fast track la solicitud de licencia del Gobernador Rubén Rocha Moya “por más de 30 días” en medio de la petición de extradición en curso y decomisó de bienes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió basadoen sendas acusaciones de narcotráfico.
La mayoría de legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) avalaron a mano alzada por unanimidad de 38 votos, la licencia del Gobernador Rocha Moya.
Rodolfo Valenzuela Sánchez presidente de la mesa directiva del Congreso local abrió un receso para dar paso a la Comisión de Gobernación para designar al sucesor de Rocha Moya.
Rocha Moya solicitó la separación voluntaria del cargo en medio de una investigación en curso de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusó de haber gobernado con la complicidad del Cártel de Sinaloa.
El político de MORENA no acudió a la sesión extraordinaria del Congreso local, consignó el periódico Reforma.
En el documento que envío Rocha Moya señaló quese apartaba del cargo con la confianza en las instituciones mexicanas.
“Con la confianza de que las instituciones del Estado mexicano cumplirán su función constitucional en relación con los hechos en que se me concierne y que son del dominio público, a fin de que no quede duda alguna de la legalidad e integridad de mi conducta”.
Además, externó su “reconocimiento invaluable, verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”.
En ese contexto, el portal Infobae reportó que la estrategia legal del Distrito Sur de Nueva York contra altos funcionarios mexicanos prevé el desmantelamiento total de la estructura financiera de Rocha Moya y su círculo cercano en Sinaloa.
Según el documento de acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido notificaciones de decomiso que afectan directamente a Rocha Moya, ahora con licencia, y otros nueve altos ex y funcionarios de Sinaloa.
El eje central de la ofensiva financiera contra los políticos de MORENA cómplices del Cártel de Sinaloa ha sido desglosada en el apartado de “Notificaciones de Decomiso” del expediente.
El Gran Jurado determinó que los políticos mexicanos incurrieron en asociación delictuosa para la importación de narcóticos, por ello deberán ceder a favor de los Estados Unidos todos los bienes que constituyan o se deriven de cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente de estas actividades.
Esta medida alcanzan a Rocha Moya y figuras de alto nivel como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el actual Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra.
El documento incluyó el decomiso de cualquier propiedad utilizada, o que se haya intentado utilizar, para facilitar el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
Uno de los puntos más agresivos de la acusación es la “Disposición sobre bienes sustitutos”.
El gobierno de Estados Unidos (EEUU), adviertió que, si los bienes sujetos a decomiso no pueden ser localizados tras un ejercicio de debida diligencia, han sido transferidos a terceros, vendidos, o han disminuido sustancialmente de valor, la justicia estadounidense buscará el decomiso de cualquier otro bien de los acusados hasta cubrir el valor total de la deuda criminal.
Esta cláusula impediría que los señalados protejan su patrimonio mediante la transferencia de activos a familiares o prestanombres, permitiendo al tribunal neoyorquino perseguir propiedades legalmente registradas que originalmente no estuvieran vinculadas al delito.
“Si los acusados escondieron, transfirieron a terceros o gastaron el dinero de los sobornos, el gobierno de Estados Unidos ordenará confiscar sus propiedades y cuentas legales hasta cubrir el equivalente a la deuda criminal.
“El decomiso no se limita a dinero en efectivo o cuentas bancarias. Por los cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, el tribunal exige que los acusados entreguen todas las armas de fuego y municiones involucradas en la comisión de los delitos”, indica la acusación.
El expediente menciona que los políticos mexicanos permitieron el uso constante de camiones blindados, lanzagranadas, bazucas y fusiles AK-47 y AR-15 para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.
En el caso particular de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, la orden de decomiso es aún más específica.
“Debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, Millán deberá ceder todo bien mueble e inmueble derivado de las ganancias de dichos delitos, incluyendo sumas de dinero en moneda estadounidense que representen el importe total de las ganancias atribuibles a estos actos de violencia”.
La magnitud del decomiso se sustenta en la evidencia de sobornos sistemáticos que el cártel pagaba a los funcionarios.
El documento revela que jefes policiales y fiscales recibían pagos mensuales que oscilaban entre los 5 mil 450 y los 16 mil 670 dólares a cambio de protección y filtración de información sensible.
Ahora, la justicia de los Estados Unidos busca recuperar cada dólar de esa red de corrupción que permitió la expansión de la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa y el resto del mundo.
