Agencias/Ciudad de México.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de los delitos de narcotráfico y armas, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Los funcionarios señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos durante el proceso electoral en México.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados -funcionarios en activo y retirados- enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos.
El caso ha sido asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con la acusación, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Entre los nombres figuran Enrique Inzunza Cázarez, actual senador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.
Además, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestros vinculados a una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en sus muertes.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Entre los señalados en la acusación se encuentran figuras clave de la administración estatal y de las fuerzas del orden, como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y el ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
Según el documento judicial, estos funcionarios desempeñaron roles esenciales para el Cártel: proporcionaron información confidencial de inteligencia, ordenaron a las policías estatal y municipal proteger cargamentos de droga y permitieron que los criminales cometieran actos de violencia brutal sin enfrentar consecuencias.
A cambio de estas acciones, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares en sobornos.
La acusación destaca una relación directa entre el Gobernador Rocha Moya y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Precisa que “Los Chapitos” ayudaron a Rocha Moya a ganar la gubernatura mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos en 2021.
A cambio del apoyo electoral, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los líderes de la facción, tanto antes como después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, donde se comprometió a brindarles protección para sus actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses afirman que, bajo su mandato, el Gobernador ha permitido que el grupo opere con total impunidad en Sinaloa.
Uno de los puntos más graves de la acusación involucra a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán.
Millán es acusado de recibir pagos mensuales de “Los Chapitos” a cambio de otorgarles acceso total a la fuerza policial.
Además, ha sido imputado de haber participado directamente en octubre de 2023 en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, debido a las sospechas de que colaboraban con la investigación estadounidense.
Otros funcionarios, como Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía del Estado, habrían recibido pagos mensuales de 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos policiales.
Texto íntegro de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de NY
El fiscal federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la desclasificación de una acusación formal que imputa a RUBÉN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, alias “Cholo”, GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO, alias “Tornado”, JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL y JUAN VALENZUELA MILLÁN, alias “Juanito”, por delitos de narcotráfico y relacionados con armas.
Además, a MILLÁN se le imputan cargos adicionales por su presunta participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar de ésta, que derivaron en sus muertes.
Los acusados son actuales o exfuncionarios de alto nivel del gobierno y de corporaciones de seguridad en el estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador, RUBÉN ROCHA MOYA, y presuntamente habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. “El Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para generar violencia y ganancias”, dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole.
“Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente usaron posiciones de confianza para proteger operaciones del cártel, facilitando el flujo de drogas letales hacia nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios en Estados Unidos y México que eligen la integridad todos los días y trabajan con nosotros para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos seguiremos ejerciendo presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la imputación, otros documentos judiciales y declaraciones en audiencias: El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico global. Desde su base, ha trabajado con redes criminales en todo el mundo -productores de cocaína en Colombia y Venezuela, traficantes y políticos corruptos en Centro y Sudamérica, y fabricantes de químicos precursores en China y otros países- para distribuir grandes cantidades de droga en Estados Unidos y causar daños severos en sus comunidades.
También ha perpetrado violencia generalizada, incluidos miles de homicidios en México y otras partes del mundo, incluido Estados Unidos. Para proteger y expandir este imperio, el cártel presuntamente se ha aliado con políticos y agentes de seguridad corruptos, incluidos los acusados, quienes abusaron de su autoridad, expusieron a víctimas a amenazas y violencia, y vendieron sus cargos a cambio de sobornos millonarios.
Algunos funcionarios policiales incluso habrían participado directamente en actos violentos, como asesinatos de enemigos del cártel y secuestros de personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses. Los acusados, todos funcionarios o exfuncionarios de gobierno y seguridad en Sinaloa, habrían participado en una conspiración corrupta y violenta para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Entre sus funciones, habrían protegido a líderes del cártel de investigaciones y detenciones, filtrado información sensible de seguridad, ordenado a corporaciones policiacas resguardar cargamentos de droga y permitido actos de violencia sin consecuencias.
A cambio, habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico. Según la acusación, estaban especialmente alineados con la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde distintos niveles de gobierno, habrían abusado de su poder para facilitar las operaciones de este grupo.
En el caso de ROCHA MOYA, se señala que fue electo gobernador en 2021 con apoyo de los Chapitos, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a sus rivales.
A cambio, habría sostenido reuniones con ellos y prometido protección para sus actividades, permitiendo que operaran con impunidad en Sinaloa. Otros acusados también habrían recibido sobornos constantes.
Por ejemplo, ZAAVEDRA, subprocurador estatal, habría recibido unos 11 mil dólares mensuales a cambio de proteger a miembros del cártel y alertarlos sobre operativos. Algunos incluso habrían participado directamente en la violencia.
MILLÁN, mando de la Policía Municipal de Culiacán, habría recibido pagos mensuales y facilitado el control del cártel en la ciudad mediante arrestos, secuestros y homicidios. En octubre de 2023, presuntamente ayudó a secuestrar a un informante de la DEA y a un familiar, quienes fueron torturados y asesinados.
Esta acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 contra más de 30 integrantes y asociados del cártel, lo que ha generado impactos en sus operaciones de tráfico de drogas.
Todos los acusados se cree que se encuentran actualmente en México. Las penas mínimas y máximas están fijadas por ley, pero cualquier sentencia será determinada por un juez. El fiscal Clayton destacó el trabajo de la DEA y de diversas agencias estadounidenses y mexicanas, así como la cooperación internacional en la investigación.
El caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales, y los fiscales Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles encabezan la acusación.
Las acusaciones son únicamente señalamientos, y los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
