Agencias/Ciudad de México.- La inseguridad es el problema que más aqueja a los mexicanos, esto a pesar de la disminución de algunos delitos durante 2022, lo cual refleja que aún hay retos por vencer en materia de justicia en el país latinoamericano, afirman expertos en entrevista para la agencia Sputnik.

El 60,5% de la población en México mayor de 18 años consideró que la inseguridad es su principal preocupación, seguida del aumento de precios (44,1%) y la salud (30,5%), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 —que elabora el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)—.

A esto se suma que en 27,4% de los hogares del territorio mexicano al menos un integrante fue víctima de un delito durante el año pasado.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró recientemente que esas mismas cifras institucionales mostraban el avance de las políticas públicas implementadas en el país.

“La gente está consciente que estamos trabajando por garantizar la paz; es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo”, declaró el 13 de septiembre.

“Hay una muy leve disminución de algunos delitos de impacto, especialmente hablamos de homicidios dolosos, donde se incluyen los feminicidios, y secuestros. Aquí estamos abordando las cifras oficiales. Sin embargo, la ENVIPE hace una estadística de percepción y, en esa materia, no hay una reducción significativa”, diferencia en tanto el doctor en derecho José Antonio Álvarez León, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Esto quiere decir que, probablemente, pueda haber algún efecto positivo desde el punto de vista oficial en el tratamiento del delito y la prevención, pero no se ve en la sociedad”, añade.

En esta línea, el doctor en estudios sociales Ignacio Isaías López Pérez, formado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Iztapalapa, señala que este tema estará en boga debido al proceso electoral que vive ya el país latinoamericano y que se desarrollará en las urnas en el verano de 2024.

“Podemos ver [el fenómeno] de manera longitudinal, en que supuestamente estaría mejor. Sin embargo, los porcentajes son muy bajos. Aún no son cifras tan fuertes como para decir que está muy bien la situación de seguridad”, apunta.

Y esto se refleja en la encuesta del Inegi. “Comparado con 2021, en 2022 la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes bajó en cuatro entidades federativas, tres presentaron un alza y 25 no tuvieron cambios. Durante el año pasado, las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México, con 46.032; Estado de México, con 36.583, y Querétaro, con 35.823. Los estados con las tasas más bajas fueron Chiapas, con 14.111, Veracruz, con 17.129, y Tamaulipas, con 18.205”.

Delitos más cometidos y la cifra negra

Según la ENVIPE 2023, se cometieron 26.8 millones de delitos durante 2022 en el país latinoamericano, de los cuales los más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público, y extorsión.

Para Álvarez León, que estas acciones delictivas sean las que más prevalecieron en el país es un indicador de que la situación económica se ha agravado desde la pandemia de COVID-19 hasta la fecha.

“Evidentemente, los delitos con mayor incidencia serán los patrimoniales y económicos. Otra razón es porque los grupos de delincuencia organizada, en buena medida, se van financiando a partir de estos hechos”, destaca.

No obstante, pese a la cifra de delitos analizados por el Inegi, aún existe una gran cantidad de episodios ilegales que no se denunciaron o por los que las autoridades no iniciaron una carpeta de investigación: un 92,4%.

La ENVIPE expone que en 59% de las ocasiones esto ocurrió por culpa de la autoridad. De ese porcentaje, los motivos más comunes fueron que denunciar se considera una pérdida de tiempo (31,5%) y que no hay confianza en las instituciones (14,7%).

Esto va de la mano con el resultado de las personas que sí acudieron a denunciar. De 69,3% de las situaciones en donde se abrió una carpeta de investigación, en 46,1% no se resolvió o las autoridades no hicieron nada y 31,4% solo quedó en un trámite.

La información sobre los millones de delitos y la cifra negra muestran para Álvarez León, también docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, una deficiencia estructural que no solo atañe al sexenio de López Obrador, sino a gobiernos anteriores.

“Hay muchas causas que son permanentes, no solamente de esta Administración, sino la condición de desarrollo en la seguridad pública y el sistema de justicia. Hay desconfianza en las instituciones, además existe la penetración de la delincuencia (en las mismas). Por lo tanto, el miedo a denunciar y que la gente ve como una pérdida de tiempo acudir al sistema de justicia, aparecen”, menciona.

Sumado a ello, tampoco existe un acercamiento y confianza en los jueces, lo que no genera resultados positivos en la percepción de la seguridad, considera el universitario. “Muchos de los delitos prefieren no denunciarlos, no seguir los procesos y arreglarse de otra manera. El sistema de justicia siempre está en entredicho”, indica.

Los retos a vencer

Ambos expertos coinciden en que tanto la Administración de López Obrador como el próximo Gobierno, que arrancaría su gestión en el segundo semestre de 2024, tienen varias tareas pendientes a resolver.

En el caso del sexenio actual, dice López Pérez, se debería apostar por el fortalecimiento de los aparatos judiciales en términos de financiamiento y de institucionalidad, además de por una clara separación de los poderes gubernamentales.

“Para mejorar la situación que está prevaleciendo en México, se requiere fortalecer el estado de derecho, que descansa en que las personas tengan a su disposición los instrumentos de procuración de justicia. Esto también ayuda a la mejora del cuerpo policiaco”,

Mientras tanto, Álvarez León asevera que entre algunos de los pendientes que la próxima persona que ocupe la presidencia de México deberá atender, en primer lugar figura el combate a los grupos delincuenciales con un sistema de inteligencia, que emplee tecnología de punta.

Además, “desde mi punto de vista, debe haber una modificación a la ley de uso de la fuerza, donde se requiere quitar la consideración del policía, quien debe decidir si emplea un arma de fuego en defensa legítima. Debe existir un protocolo donde la autoridad actúe y genere respeto. También debe existir un régimen más específico de sanciones para policías, ministerios públicos y jueces que no acaten el complimiento de la ley”, estima.

Ambos docentes prevén que no habrá un repliegue de las Fuerzas Armadas, pero que esta situación debe comenzar a cambiar, con el fin de frenar la descomposición social generada por la inseguridad.

“Los militares están entrenados para la guerra y otros menesteres, pero no cuentan con la misma formación de los policías, quienes supuestamente deben respetar los derechos civiles de las personas”, dice López Pérez.

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