Agencias/Ciudad de México.- Ricardo Monreal coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) dijo que tras una ‘sugerencia’ de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, han decidido desacelerar la discusión y aprobación de la reforma judicial en ese órgano legislativo a partir del 1 de septiembre.
“Lo que la Presidenta electa ha sugerido al grupo Parlamentario es que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipiten, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que nos parece correcta.
“A pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial, vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular, para hacer amplio el debate, que sepan todos los mexicanos de lo que estamos hablando, es la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum”, justificó Monreal.
La nueva Cámara de Diputados entrará en funciones con una mayoría calificada del partido oficialista MORENA y aliados del PVEM y PT a partir del 1 de septiembre.
En conferencia de prensa improvisada al término de la reunión plenaria, Monreal dijo que han modificado del 1 al 3 de septiembre la fecha de discusión sobre la reforma judicial.
Ese día, añadió, en una sesión distinta iniciará todo el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular para hacer amplio el debate.
En la sesión plenaria de MORENA acordó aprobar las reformas al Poder Judicial, en materia de pueblos indígenas y de Guardia Nacional, además, de posponer el proyecto electoral.
El pasado 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general el dictamen de la polémica reforma al Poder Judicial, con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.
El dictamen de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca elegir mediante el voto popular y tómbolas a jueces, magistrados y ministros pasará ahora al pleno de la nueva legislatura, que asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre.
Adriana Bustamante, diputada del partido oficialista Morena, argumentó que es urgente contar con un Poder Judicial a la altura de los retos a los que hacen frente como nación y de las demandas legítimas de la sociedad que, “por encima de todo, cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesaria para hacer valer la justicia y la equidad”.
En caso de que la medida llegue a buen puerto, habría una elección extraordinaria en 2025, durante el primer año de mandato de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para renovar a los ministros, jueces y magistrados, en la que podrán participar los funcionarios que actualmente desempeñan esos cargos.
El proyecto ha generado una fuerte resistencia porque modificaría por completo al Poder Judicial, ya que establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral federal y los jueces de distrito sean designados en unas elecciones que, por primera vez en la historia, serían abiertas a la ciudadanía en 2025.
El pasado 5 de febrero, López Obrador presentó la reforma ante la Cámara de Diputados que ha sido secundada por legiusladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en medio de una creciente tensión entre las partes.
El dictamen prevé la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será integrada por 9 en lugar de 11 ministras y ministros, y funcionará en Pleno.
Paralelamente, acortaría de 4 a 2 años el periodo de la presidencia de la SCJN que sería renovada manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva.
Las ministras y ministros de la SCJN durarán en el cargo 12 años en lugar de 15 y, solo serían removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Además, ninguna persona que ha sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.
“Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente.
“Un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
“Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda”, prevé el dictamen..
Asismimo, añadió, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda.
Destartó que el Poder Ejecutivo postulará hasta tres aspirantes para el caso de ministras y ministros de la SCJN, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
Y, 1 aspirante por parte de la Cámara de Diputados y 2 corresponderían al Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.
Simultáneamente, el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la SCJN postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.
“Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos.
“Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna”, se desprende del dictamente.
El pasado domingo, cientos de personas protestaron en calles de Ciudad de México contra la polémica reforma constitucional impulsada por López Obrador que concluirá su mandanto est 1 de octubre y sido secundada por legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Paralelamente, el Banco de México (Banxico) reportó que durante el segundo trimestre del 2024 salieron capitales golondrinos por un total de 8,233 millones de dólares (mdd).
Esto, indicó Baxico, es una tendencia registrada en 16 de los últimos 21 trimestres con salidas de capitales.
La salida de inversión registrada durante el segundo trimestre del presente año es la más grande para un trimestre desde el periodo octubre-diciembre del 2021, cuando salieron 14,476 millones de dólares, en medio de la creciente polémica relacionada con la reforma judicial.
La reforma será abordada en la legislatura que iniciará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para su aprobación sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Ante ello, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que se vulneran sus derechos laborales el asado 19 de agosto.
Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Señalan también que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos.
“Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos es cortar la carrera judicial”, dijo a la AFP Roberto Zayas (39), empleado judicial.
Esta reforma tensó también la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, socios en el tratado de libre comercio T-MEC.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo el jueves pasado que la elección popular de jueces “amenaza” la relación comercial entre ambos países y es un “riesgo” para la democracia mexicana.
Su par de Canadá, Graeme Clark, indicó por su parte que los inversionistas de su país mostraron preocupación por la reforma y que esperan un “sistema judicial que funcione si hay problemas”.
El gobierno de López Obrador calificó la declaración de Salazar de “injerencista”, mientras que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum -quien asume el primero de octubre- remarcó que en Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular.
Como parte de los principios de la ‘austeridad republicana’, se pretende además poner un alto a los que se consideran “gastos excesivos y onerosos” del Poder Judicial: la iniciativa contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y reducir sus prestaciones.
Asimismo, se propone que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también elegidos mediante el voto popular.
Se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte.
Y no solo eso, se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo, a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.
Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición y no pocas barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Para el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, en cambio, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave para conseguir, finalmente, echar abajo los obstáculos para continuar profundizando el proceso de transformación que comenzó en 2018.
Cabe recordar que, en varias ocasiones, la Suprema Corte ha declarado inválidas algunas iniciativas de reforma impulsadas por el partido oficial, al tiempo que jueces han otorgado amparos a favor de particulares inconformes ante decretos presidenciales o cambios a leyes secundarias y la Constitución.
Es una reforma que pone al descubierto dos visiones contrapuestas de proyecto de país: mientras que para la oposición el Gobierno no busca sino una “mayor concentración del poder”, “atropellar el Estado de derecho” y “debilitar la democracia”; para la 4T se trata de “fortalecer el sistema de impartición de justicia” con el objetivo de “colocarlo al servicio del pueblo”.
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial es que atenta contra uno de los principios básicos de los órganos de impartición de justicia: la independencia.
Bajo esta perspectiva, toda vez que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial harían propuestas de candidatos para ocupar los cargos de ministros de la Corte, magistrados y jueces, las preferencias del partido oficialista MORENA y sus aliados, que arrasaron en la elección de junio de este año (y por lo tanto ostentarán la Presidencia y la mayoría del Congreso), serían preponderantes.
El filósofo y sociólogo Armando Bartra, un intelectual de izquierda que ha estudiado los procesos políticos de la historia reciente de América Latina, dijo a la Revista Proceso que está convencido de que el Plan C del Presidente López Obrador es equivalente a las asambleas constituyentes que permitieron cambios de régimen en varios países de la región en los últimos 30 años.
En entrevista con Proceso, Bartra sostiene que el paquete de reformas estructurales consideradas en el Plan C del mandatario, el cual cuenta con el apoyo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, producirá, en los hechos, una “nueva Constitución” que plasmará el proyecto político, económico y social de la Cuarta Transformación (4T).
Esta nueva Constitución mexicana, que es posible aprobar modificando varios artículos del texto actual con la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y la que puede lograr en el Senado, tendría que rescatar el progresismo de la Constitución de 1917 y, “por otro lado, ponerlo al día con los retos nuevo milenio”, señala el académico.
Para el autor de 30 libros, entre ellos Los nuevos herederos de Zapata y El fin del principio: hacia la segunda etapa de la 4T, lo que se verá en las próximas semanas en México es un proceso equivalente al de las asambleas constituyentes que en su momento impulsaron Hugo Chávez en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador (2007).
Ellos, dice Bartra, lograron plasmar sus reformas progresistas en esas nuevas constituciones surgidas de dinámicas constituyentes, mientras que en México el proyecto de la 4T quedaría incorporado a la Carta Magna con la aprobación, por parte del Congreso, de las 18 iniciativas de López Obrador conocidas como Plan C, más cuatro que ha planteado Sheinbaum.
Bartra recordó que en 2018, tras el triunfo electoral de López Obrador, platicó con el entonces presidente electo sobre la necesidad, o no, de comenzar su gobierno con un paquete de reformas constitucionales, dado que MORENA había logrado mayoría calificada en el Congreso.
El planteamiento de López Obrador, narró Bartra, fue que, efectivamente, la Constitución mexicana había sido gravemente alterada en sus postulados nacionalistas, progresistas y populares para favorecer intereses privados, pero que, aun así, se podía trabajar con esa Carta Magna y, sobre la marcha, ir introduciendo reformas.
Pero los tres primeros años de gobierno se priorizó la agenda social, luego vino la pandemia del Covid-19 y, en 2021, MORENA perdió la mayoría calificada en el Congreso.
“Ahí –sostiene– las reformas constitucionales, en general, ya no pasaban, porque había una derecha decidida a no dejarlas pasar, a bloquearlas. Ahora, con la derrota del bloque conservador (en los comicios del 2 de junio y la conformación de una mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y probablemente en el Senado) no van a poder bloquearlas”.
Para Bartra, “no es deseable para la democracia” tener mayorías calificadas y “aplanadoras legislativas”, pero es la única forma de sacar adelante la agenda de reformas progresistas de López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo cual “es absolutamente legítimo”, porque el contundente triunfo electoral de Morena fue una decisión democrática de los electores.
Y con esto, señala el académico, ya hay que dejar de hablar, como muchos lo hacían, de “la llamada Cuarta Transformación” o de “la 4T” entre comillas, y hay que hablar “de una gran transformación y de un cambio de época” en el que habrá grandes reformas que son “necesarias” para México, como la del INE y la del Poder Judicial, contempladas en el Plan C.
“Creo que es claro que ya estamos en una nueva época y en un cambio de régimen, y una de las definiciones de esta nueva realidad política van a ser los cambios constitucionales”, afirma el filósofo, sociólogo y antropólogo social, quien ha impartido clases en la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco).
Bartra coincide con quienes piensan que, en esta nueva época, en México se instaló una nueva hegemonía, “pero no es la hegemonía de un partido (Morena, en este caso) sino que es la hegemonía de un proyecto político, social y cultural, de izquierda, progresista y posneoliberal”.
