Agencias /Ciudad de México.- El ex responsable de las operaciones de Odebrecht confirmó ante la fiscalía peruana que la constructora entregó dinero a la campaña electoral del extinto ex-Presidente Alan García en 2006.
En declaraciones a la televisora, desde la ciudad brasileña de Curitiba, el fiscal peruano Rafael Vela dijo que durante la jornada “solamente (se habló) sobre financiamiento de campaña del señor (Alan) García del año 2006”.
Añadió que la información entregada por el ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, “ha sido rigurosa y lo que puedo decir es que estamos en condiciones de (decir) que las hipótesis de investigación del Ministerio Público se están comprobando”.
García llegó al poder por segunda vez en 2006 y gobernó hasta 2011. Antes había gobernado Perú en el periodo 1985-1990. El fiscal no reveló la cantidad de dinero entregado a la campaña electoral de García.
Los fiscales peruanos que investigan a la élite política peruana ligada a los delitos cometidos por Odebrecht interrogan desde el martes hasta el viernes a ex ejecutivos de Odebrecht en la ciudad brasileña de Curitiba luego que en los primeros meses del año se firmara un acuerdo con la compañía para que revelen los nombres de los políticos peruanos corrompidos a cambio de que la constructora pague una millonaria multa y pueda seguir laborando en el país.
García, quien se suicidó la semana pasada cuando iba a ser detenido por la policía en el marco de las investigaciones a Odebrecht, siempre negó haber recibido dinero de la compañía brasileña.
Todos los presidentes de Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso junto a su mujer entre 2017 y 2018.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) está internado en una clínica local por dolencias en el corazón a la espera de ser trasladado a una cárcel para cumplir tres años de prisión preventiva.
Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de admitir en 2016 -como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos- que sobornó a funcionarios de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.
