Agencias/Ciudad de México.- El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un comunicado en donde justifica el actuar de su gobierno tras el asalto a la embajada de México en Quito, acción que derivó en la ruptura de las relaciones bilaterales.

En el texto, hecho público ayer, el mandatario señaló que la situación “es compleja y sin precedentes”; sin embargo, dijo, “no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados”, en referencia al ex vicepresidente Jorge Glas.

“Los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedente que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas”, reza el comunicado.

Noboa agregó que está dispuesto “a resolver cualquier diferencia con México”, pero agregó que “la justicia no se negocia”.

De acuerdo con el presidente de Ecuador, quien en la misiva justifica su actuar contra el cuerpo diplomático mexicano, destaca que dar asilo a una persona señalada por “crímenes muy graves” viola el Artículo III del Acuerdo de Caracas, el Artículo I de la Convención de Montevideo y el 41 de la Convención de Viena.

El pasado 5 de abril, la Policía Nacional de Ecuador ingresó por la fuerza a la Embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien previamente había solicitado asilo político al Gobierno de López Obrador.

Glas tiene una orden de aprehensión en su país por presunta malversación de fondos en la reconstrucción de dos provincias afectadas por un sismo. Tras los eventos en la representación mexicana en Quito, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en la ciudad de Guayaquil (suroeste).

El ingreso de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre las naciones y se inició el procedimiento por parte del Estado mexicano para interponer una denuncia contra el Gobierno de Noboa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

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