Agencias, Ciudad de México.- Las autoridades de La Paz, la ciudad más afectada por los bloqueos de carreteras que alcanzan un mes en Bolivia, declararon el martes la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días debido a que las protestas están generando escasez de suministros médicos.
Incluso, los hospitales decidieron priorizar las cirugías de emergencia debido al escaso oxígeno medicinal con el que cuentan en La Paz, la cual está aislada por los cortes producto de las protestas para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Gobernación de La Paz resolvió decretar la emergencia con el objetivo de priorizar el suministro de oxígeno a hospitales y centros de salud, así como coordinar la apertura de un corredor humanitario.
“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, dijo previamente el director del Servicio Departamental de Salud, Martín Carrasco. Agregó que se reprogramarán entre 50 a 60 intervenciones quirúrgicas.
La directora del Hospital de la Mujer, Jhanet Aliaga, aseguró a The Associated Press que gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno pero que sólo les alcanzará para dos a tres días.
Carlos Céspedes, de 42 años, dijo el martes a la AP que al menos tuvo la suerte de que se le practicara recién su cirugía, aunque aseguró que debió esperar casi una semana. Él se recuperaba en el Hospital General Público, en el centro de La Paz.
Aseguró que varios pacientes no pudieron llegar hasta ese centro por los cortes de ruta. “Yo era el 268 la primera vez, pero (después) en la fila conté solo ciento y algo”, agregó.
Las ciudades de La Paz y su vecina ciudad de El Alto son las que pasan por la situación más complicada ya que llevan más de 30 días aisladas del resto del país debio a las protestas y bloqueos. Además, enfrentan un desabastecimiento de alimentos y combustible.
El gobierno reportó el lunes otro fallecido por falta de atención médica por los bloqueos. La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos —la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos.
Los cortes de ruta se han extendido a siete de las nueve regiones del país, según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras. Los departamentos de La Paz y Cochabamba —al centro— son los más afectados.
La protesta ha polarizado al país entre los que piden una pronta solución del conflicto y los que realizan las protestas, que se han convertido en una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) luego de unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce (2020-2025) enfrentó un paro de 36 días.
Los empresarios estiman las pérdidas como consencuencia de las protestas en cerca de 2,000 millones de dólares en medio de una profunda crisis económica que heredó Paz.
En la región de Santa Cruz —el motor productivo de Bolivia— los manifestantes dieron el paso a varios camiones con oxígeno, combustible y alimentos por dos horas, dijo a radio Panamericana el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.
Mientras la solución al conflicto se hace esperar, crecen los pedidos del sector productivo, comerciantes, camioneros varados que exigen una pronta solución.
“El gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”, señaló el martes el expresidente Jorge Quiroga. Emplazó al gobierno a aplicar sus prerrogativas constitucionales luego que el Legislativo le abrió la posibilidad que llame a un estado de excepción.
Los sindicatos movilizados acordaron el martes en una concentración continuar con las medidas de presión y rechazar el diálogo. Dirigentes afines a Morales que participaron en el encuentro afirmaron que el conflicto sólo se resolverá con la dimisión de Paz. Entre tanto, el gobierno insistió en acusar a Morales de promover el conflicto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática.
Sindicatos bolivianos rechazan negociar y mantienen protesta en reclamo de renuncia de Rodrigo Paz
Bolivia ingresó el lunes en la quinta semana de protestas y cortes de carreteras por parte de sindicatos que rechazan negociar con el gobierno y reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos se han extendido a seis de las nueve regiones del país. La situación es más complicada en La Paz, la sede del gobierno, que lleva 30 dias aislada del resto del país con escaso suministro de alimentos y combustible y reservas mínimas de oxígeno en los hospitales.
La protesta ha polarizado al país y es una de las más largas desde la convulsión social que derivó en 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Su sucesor Luis Arce (2020-2025) enfrentó un paro de 36 días.
La Central Obrera Boliviana (COB), que lidera las protestas junto a sindicatos campesinos y juntas vecinales de la ciudad de El Alto, rechazaron negociar con el gobierno, pero anunciaron el domingo la apertura de corredores humanitarios para el paso de suministros esenciales. El gobierno retiró las demandas de detención contra los líderes de las manifestaciones, pero esto no ayudó a abrir negociaciones.
“Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz. No hay nada más que negociar”, dijo el dirigente Severo Marca tras una reunión el domingo en la noche. “La COB va a continuar con las medidas de presión, hemos descartado el diálogo”, agregó el dirigente José Luis Álvarez. “La única salida es el diálogo y seguiremos insistiendo”, señaló por separado el obispo católico de la ciudad de El Alto Giovanni Arana, uno de los mediadores.
Durante un acto público el lunes Paz llamó a una “tregua para pacificar el país” y anticipó que la solución está cerca, aunque no dio detalles. A su vez, el ministro de Desarrollo Económico, Oscar Justiniano, anunció que en las próximas horas firmará un acuerdo con sindicatos para habilitar un corredor para abastecer a La Paz.
Por el momento el gobierno descartó utilizar a los militares para despejar las rutas ante el temor de incidentes que podrían agravar el conflicto y tampoco ha decretado el estado de excepción a pesar de una reciente ley que lo faculta a aplicar ese recurso.
La Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos —la mayoría por falta de atención médica por los cortes de rutas—, 23 heridos y 321 detenidos.
El lunes La Paz amaneció con escaso transporte público y protestas de choferes por la escasez de combustible. Según la petrolera estatal cientos de camiones cisterna están varados en las carreteras.
Un centenar de seguidores de Morales están reforzando las protestas en La Paz, según los sindicatos. El gobierno acusó al exmandatario de alentar las protestas y éste ha sugerido convocar nuevas elecciones.
“Esta es una movilización convocada por el hambre y el desempleo… la movilización ya es contra el Estado neoliberal”, dijo Morales el domingo en la radio de los cocaleros del Chapare, donde resiste una investigación judicial por el supuesto abuso de una menor cuando era mandatario.
“No veo al gobierno usando la fuerza, lo veo frágil. Los sindicatos quieren preservar el modelo que dominó por 20 años con Morales y Arce. Ese es el pulso en este momento”, opinó el analista Gonzalo Mendieta en la radio católica Fides.
Paz sostiene que el modelo estatista de Morales y Arce dejó al país “en la quiebra”.
Bolivianas se las ingenian para abastecerse de verduras tras bloqueos
¡No podemos esperar más!”, señaló Jhoselyn Chávez luego de trepar montañas y caminar más de 15 kilómetros al igual que centenares de amas de casa bolivianas para sortear los puntos de bloqueos antigubernamentales y proveerse de hortalizas en un mercado improvisado.
“Ya tengo verduras para dos semanas, ahora que pase lo que pase”, dijo a The Associated Press Chávez, de 48 años, contenta de adquirir brócoli, lechugas y pepinos en Avircato, en los valles bajos en el sur de La Paz.
Chávez, madre de cuatro niños, prefirió caminar desde la medianoche para comprar directo de los productores porque dice que en los mercados tradicionales el precio se ha encarecido por los cortes de ruta que llevan cinco semanas y que mantienen aislada a La Paz para exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz.
El gobierno atribuye a los cortes de carreteras la muerte de al menos diez personas por no recibir atención médica oportuna.
La Paz y su vecina ciudad de El Alto son las más afectada donde escasean alimentos, oxígeno medicinal y combustible, mientras la solución no llega. Las autoridades dijeron el jueves que los puntos de bloqueos han disminuido de 90 a 60 en medio de un feriado por Corpus Cristi.
Las productoras de las verduras en Avircato han improvisado un mercado en las calles cerca de sus sembradíos para recibir a las compradoras.
Ana Sirpa, una cultivadora de choclos de 28 años, explicó que de esta forma no pierden su cosecha y “pueden recuperar lo invertido”, aunque aseguró que no va a generar ganancias. “No esperábamos que tardara tanto en solucionarse el conflicto”, señaló.
Ante la gran afluencia de compradores, los operadores turísticos locales alquilaron sus caballos y cuadriciclos para transportar a las personas en tramos cortos de la ruta.
En el camino a estas localidades productoras, consideradas la despensa de La Paz, se veían cantidades de tomates y lechugas podridas tiradas en el trayecto, así como largas filas de autos esperando gasolina en la zona. Los manifestantes controlaban que no salgan grandes cantidades de hortalizas y otros alimentos.
Mientras tanto, otras familias hacían largas fillas para conseguir carne de res y pollo que el gobierno trae vía aérea y que vende en tiendas oficiales al doble del precio normal.
Las protestas también golpean a los empresarios quienes reportaron pérdidas por cerca de 2,000 millones de dólares en medio de una dura crisis económica. El sector advierte que se encuentra al límite de su sostenibilidad y exige una rápida solución al conflicto.
Paz asumió en noviembre después de casi 20 años de gobiernos de izquierda y en medio de la profunda crisis de la economía. El mandatario centrista se ha resistido a decretar un estado de excepción y utilizar la fuerza pública para contrarrestar las protestas, abogando por una vía de diálogo que no ha dado resultados hasta el momento. Por la tarde se prevé un acercamiento del gobierno con un sector campesino que participa en los bloqueos.
“Hace cuánto estamos esperando una solución y hasta ahora no hay nada”, se quejó en un barrio al este de La Paz Mirian Chávez, una ama de casa desesperada que pidió al presidente que ordene un régimen de excepción.
Las protestas iniciaron en mayo lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y a las que se sumaron sindicatos campesinos, juntas vecinales de la ciudad de El Alto y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz. Alegan que sus pedidos sectoriales y de un aumento salarial no fueron atendidos a tiempo.
Mientras tanto, Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente Paz. “Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región”, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en su cuenta de X.
Poco antes, el expresidente Morales, un crítico a Estados Unidos, insistió que hay un supuesto plan que busca detenerlo y trasladarlo a la capital estadounidense. Él está atrincherado en el centro de Bolivia desde octubre de 2024 y ha evitado declarar sobre un presunto caso de abuso a una menor, por lo que tiene vigente una orden de detención.
