Agencias / InsurgentePress, Ciudad de México.- Ningún edificio construido después de 1985 debió haber sufrido daños mayores si se hubiese construido conforme a las reglas vigentes. Al menos 47 de los edificios caídos o con daños estructurales severos son fruto de la corrupción, sea porque quedaron dañados desde 85 y se autorizó su restauración sin cumplir las normas o por qué se construyeron fuera de reglamento. Entre los que habría que revisar está el Colegio Enrique Rébsamen en Coapa, pues la estructura que colapsó es la que se construyó hace tres años.
Brincarse un permiso, autorizar una construcción que no cumple los reglamentos, construir algo distinto a lo autorizado, bajar la calidad de los materiales son todos actos de corrupción que involucran a autoridades y/o particulares. Un terremoto es un desastre natural que no podemos ni prever ni evitar; un acto de corrupción es una acto criminal que no debemos ni solapar ni naturalizar.
Mejía, especialista en temas anticorrupción, junto con otros abogados está reuniendo información y documentos de los edificios en que los rescatistas han encontrado irregularidades en las normas mínimas de construcción.
“No puedo entender cómo es que en la colonia Portales, una de las más afectadas, se cayeran edificios con menos de cinco años de vida útil y, a un lado, está un edificio con 20 o 25 años de antigüedad. Traducción: el edificio viejo está bien hecho y los nuevos bajo el esquema de la corrupción”, explicó el abogado.
Dijo que hay delegaciones en las que ya había un antecedente de quejas vecinales por inmobiliarias y constructoras que no seguían las normas establecidas para construir viviendas, como en la Benito Juárez, una de las zonas más afectadas por el sismo.
“La corrupción no se puede entender sino como un binomio entre la iniciativa privada y la administración pública en cualquier nivel. Las autoridades también lo tiene que hacer, comenzar a darle un seguimiento al por qué se cayeron los edificios nuevos”, comentó Mejía.
El diario Reforma y el portal Animal Político documentaron el caso del Residencial San José, en la colonia Portales de la Benito Juárez, que con solo un año de haberse construido se derrumbó en el temblor del martes 19 de septiembre.
“No soy ingeniero, pero entiendo cuando un rescatista dice ‘estoy encontrando vigas’ que no cumplen con las características. Están construyendo estos edificios sin atender a los mínimos de seguridad establecidos por las normas”, explicó el abogado.
El abogado aseguró que destinará recursos de su firma Asimetrics “para entender qué fue lo que ocurrió y para vigilar que la reconstrucción y donativos estén bien enfocados”.
“Quiero tener muy claro si hubo negligencia por parte de las constructores y hubo algún acuerdo por parte de la autoridad”, explicó.
Mejía considera que es necesario tener una visión a largo plazo para vigilar que en los esfuerzos y recursos públicos destinados a la reconstrucción de estos inmuebles no haya casos de corrupción. “(Ayudar por el sismo) no es una carrera, será un maratón”.
El otro lado de la corrupción en un sismo es la reconstrucción. Después del terremoto de 1985, la corrupción no hizo sino prolongar la tragedia. Los recursos públicos deberán comenzar a fluir, y como se trata de emergencias buscarán eludir las licitaciones o que las compras no sean sometidas a los controles normales de la administración pública.
La tragedia es siempre campo fértil para la corrupción. Hay que evitar caer en la disyuntiva del gallego, aquella de rapidez o exactitud, que en nuestro caso se traduce a rapidez de respuesta o control del dinero. Es una falsa disyuntiva: tenemos que canalizar los recursos para la reconstrucción de manera rápida y eficiente, pero controlando la corrupción.
En las primeras horas después de la emergencia surgió la propuesta de nombrar un comisionado para la reconstrucción, alguien que dé confianza y tenga facultades para decidir. No es una mala idea, pero en cualquier caso deberá ir acompañado de ciudadanos y técnicos que le ayuden no sólo a tomar las mejores decisiones, donde por supuesto el único elemento no es el precio, sino sobre todo a darle confianza a los ciudadanos.
“Se le tiene que dar, si se construye nuevamente, se le va a dar a los usuarios originales un inmueble. Creo que tenemos que vigilar que no vaya a haber otro acto de corrupción a cargo de autoridades del cártel inmobiliario”, dijo finalmente Salvador Mejía de la consultora Asimetrics.
El horno no está para bollos. Lo que se juega aquí en mucho más que una elección, es la confianza en nosotros mismos.
Ya comenzamos a chingarle.
Si fuiste afectado por el #TerremotoEnMexico ven a Cerezas 89 en @En_laDelValle #BrigadaJurídica pic.twitter.com/0CA8r0R8DR
— MEJÍA, Salvador (@ESEMEJIA) September 21, 2017
