Agencias/Ciudad de México.- La justicia argentina da comienzo a un juicio oral que investiga la responsabilidad de 28 expolicías en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1981 contra más de 300 personas en la provincia de Mendoza (centro-oeste).
“El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza comienza a juzgar a 28 ex miembros de la policía provincial”, informó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
Los acusados son 28 exintegrantes del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, y homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Los exagentes también enfrentan acusaciones por lesiones graves agravadas, robo agravado por el uso de armas de fuego y violación perpetrada con el uso de fuerza o intimidación, cometidos antes y durante la última dictadura cívica militar (1976-1983) contra más de 300 víctimas.
De todas ellas, 71 fueron asesinadas o desaparecidas y más de una docena era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Para 15 de los acusados, esta es la primera vez que enfrentan a un juicio oral por crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. El resto ya tienen condenas previas en alguno de los 12 juicios que se realizaron en la provincia desde 2010.
El D2, que se especializó en tareas de inteligencia contra militantes y organizaciones políticas desde antes de la dictadura cívico-militar, fue uno de los principales instrumentos del terrorismo de Estado en Mendoza. En sus instalaciones funcionó el mayor centro clandestino de detención de la zona.
Argentina tiene en curso 15 juicios orales por delitos de lesa humanidad en todo el territorio. Desde el regreso de la democracia en 1983, más de 1.100 genocidas fueron condenados por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.
La labor de las entidades argentinas de derechos humanos permitió conocer con mayor profundidad la violación de los derechos humanos perpetrada por la última dictadura cívico-militar, que causó 30.000 desaparecidos y se apropió de unos 500 hijos de opositores políticos nacidos en cautiverio.
