Agencias/Ciudad de México.- La auditoría que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la semana pasada a las máquinas de tragamonedas del Casino del Hipódromo de Agua Caliente en Tijuana podría generar repercusiones negativas al sector, señaló Carlos Sanz, director de James Industries.
“Podría ser devastador si no se aclara esta situación. Los esfuerzos de estas empresas para fabricar en México son de acuerdo a los lineamientos que la dependencia de Economía impone a efectos d poder validar esta situación; es imperativo que esto se aclare porque de lo contrario se estaría anulando la iniciativa de generar puestos de trabajo a cambio de tener que estar importante las máquinas con un sobreprecio enorme.
“Sería muy complicado para la industria que lleva mucho tiempo impulsando la fabricación nacional”, aseguró.
El pasado 11 de marzo las autoridades realizaron el operativo por medio del cual decomisaron 208 máquinas de la compañía. La razón, de acuerdo con el organismo, fue que estas no estaban legalmente importadas.
“Este tipo de empresas suministran a los casinos la documentación donde no viene un pedimento de importación. Muchas de las máquinas extraídas están en ese caso, donde evidentemente los funcionarios del SAT no han encontrado el pedimento de importación que buscaban y no supieron entender que no existía este documento, porque son equipos fabricados en México”, sostuvo Sanz.
Indicó que eso dio lugar a que la mayoría de las máquinas extraídas se encontraban en dicho casino y que esto resulta una situación muy desagradable para las compañías que han hecho el esfuerzo por tener productos de fabricación nacional.
“Lo más importante es que la SE a nivel general tiene una serie de programas y de herramientas de promoción de todo tipo de industrias. Hay programas federales que permiten que empresas mexicanas fabriquen equipos en el país con reglas simples”, aseveró.
De acuerdo con el especialista, la respuesta tendrá que venir por parte del despacho jurídico, que deberá inspirar los documentos que anteriormente se habían presentado, para dar validez de sus máquinas.
“Debería de haber un poco de sensibilidad a la industria y no tratarla con una reticencia. Es un tema de sentido común, que no es motivo de incautación de los equipos”, finalizó.
Muchas de las máquinas de apuestas embargadas al Casino Caliente por no contar con permisos de importación fueron elaboradas en el país, por lo que carecen de permisos de importación, señaló Carlos Sanz, director de James Industries.
“El conocimiento que tenemos es que muchas de las máquinas extraídas en el episodio de estos últimos días están en ese caso, con lo cual evidentemente es una situación muy desagradable, sobre todo para esas empresas que han hecho todos los esfuerzos de hacer una fabricación nacional”, expresó.
Fue el pasado 13 de marzo cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Baja California procedió a incautar un total de 208 máquinas.
Sanz dijo que si bien las máquinas están elaboradas con componentes extranjeros, es en México donde se termina de fabricarlas.
“Lo que es claro es que el producto final es un producto nacional que obviamente no tiene ningún pedimento de importación porque ha sido fabricado aquí”, manifestó.
A la par de verse afectado el Grupo Caliente, también la industria que se dedica a ensamblar y crear estas máquinas en el país se ve dañada, expuso Sanz.
“Evidentemente hay una afectación enorme a Caliente pero quizás quien emprendió esta acción pierde de vista que el modelo económico en esta industria no es necesariamente que las máquinas pertenecen a los casinos, sino a los fabricantes que se les otorgan”, dijo.
“La gran mayoría de los equipos sustraídos a quien más afectan es a los propietarios que están entregando las máquinas en contrato de participación, entonces ahí hay una afectación para esos fabricantes”, subrayó.
El Grupo Caliente es manejado por Jorge Hank Rhon, actual candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) para la gubernatura de Baja California, mismo que ha sido desacreditado en pasados días por el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez.
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