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febrero 20, 2021

Detecta ASF anomalías en programas y compras de Gobierno Federal

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publica la segunda entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Agencias, Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la política pública de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) no generó los resultados esperados en términos de diseño, implementación, y determinar su pertinencia para atender el problema en el País en 2019.

En el tercer informe de la cuenta pública 2019 de la ASF, se señaló que la existencia de una política genérica que no reconoce las diferencias entre los distintos tamaños de empresa y los sectores a los que pertenecen provoca que las acciones realizadas se diluyan y no impulse la productividad y competitividad.

“En opinión de la ASF, si bien, el objetivo directo de la política fue incrementar la productividad y competitividad de las empresas; sus acciones carecieron de focalización; no tuvieron forma de cuantificar su resultado, y no se vincularon directamente con los fines esperados: crecimiento económico y generación de empleos”, aseveró.

Lo anterior, en un marco de elevada informalidad, principalmente concentrada en las microempresas, las cuales integran el 96 por ciento de las firmas del país, que a su vez se encuentran centradas en actividades tradicionales de poco valor agregado, que tienen problemáticas distintas a las de las pequeñas y medianas empresas.

“Además de que la política pública en la conceptualización de los términos productividad y competitividad, no analizó los determinantes de esas variables y dejó fuera del diseño factores productivos tales como el conocimiento y la infraestructura”, afirmó.

Ante ello, la ASF recomendó a la Secretaría de Economía, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, Nacional Financiera, Bancomext, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y  la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y en compañía de las Secretarías de Educación, Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se elaboren diagnósticos que permitan implementar una política pública diferenciada, de tal manera que se puedan identificar las necesidades de las empresas, por tamaño y sector económico.

“Es conveniente que la Secretaría de Economía, como cabeza de sector, diseñe una política específica para la atención de las microempresas, en la que las acciones se orienten a fomentar la formalización legal de esas empresas y su inclusión financiera con el fin de impulsar su crecimiento y la seguridad laboral de las personas que ahí trabajan”, indicó.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el programa del gobierno federal Microcréditos para el Bienestar, para micronegocios, no cubrió el 100 por ciento de las personas inscritas en el padrón, ya que los apoyos sólo  llegaron al 22 por ciento de los solicitantes.

En su tercer informe de la cuenta pública 2019, la ASF explicó que la carencia de la métrica y la falta de información, no permitieron acreditar el impacto de los resultados en la población atendida con los subsidios, e implicó que no fuera posible precisar la contribución a fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento.

“En 2019, la población objetivo del programa ascendió a 1 millón 575 mil 563 personas, y la meta original fue atender el 100 por ciento de la población inscrita en el padrón; pero sólo se alcanzó 22 por ciento de la población objetivo, equivalente a 350 mil 371 personas con micronegocios; 77 puntos porcentuales menos que la meta original, quedando pendientes de atender a los 1 millón 225 mil 192 personas incluidas en el padrón”, afirmó.

La ASF expuso que los lineamientos para la operación del programa Microcréditos para el Bienestar 2019, no constituyeron el medio más eficiente para alcanzar los objetivos y metas propuestas, “porque su diseño no precisa ni cuantifica la población objetivo por grupo específico, región, entidad federativa y municipio del país”.

Ante eso indicó que la Secretaría de Economía (SE) reportó un presupuesto ejercido de dos millones 188 mil 152 millones de pesos; monto inferior en 27.8 por ciento, es decir, 845 mil 081 millones de pesos, al aprobado originalmente, por las reducciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda.

La ASF aseguró que en el programa se omitieron los mecanismos de atención a los grupos sociales más vulnerables en la regiones de media, alta y muy alta marginación, en las que no se tiene acceso a servicios financieros en ninguna modalidad, además, no se definieron los procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la eficiencia, la eficacia, la economía y el acceso equitativo a los apoyos.

“No se incluyeron procedimientos de verificación documental de los beneficiarios, ni se fijaron visitas domiciliarias para constatar el cumplimiento de los requisitos y la existencia del beneficiario; tampoco se establecieron mecanismos para comprobar y documentar que el beneficiario recibiera el subsidio y lo destinara a la actividad a la que se dedica”, destacó.

Indicó que la Secretaría de Economía no acreditó para 2019 la información necesaria y suficiente para evidenciar los beneficios esperados, ni los sistemas de información que permitan identificar y cuantificar los avances en la creación de capacidades y de nuevos y mejores empleos.

“La Secretaría de Economía no acreditó que los subsidios se entregaron, en 2019, a los beneficiarios del programa que cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, por la falta de un sistema de control y seguimiento presupuestal”, aseguró la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la planeación y operación de las adquisiciones públicas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la conducción y aplicación de los mecanismos de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) fueron deficientes.

De acuerdo con el resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019, lo anterior impidió que se aseguraran las mejores condiciones disponibles de compra, a fin de que los recursos aplicados en las contrataciones cumplieran con los criterios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer a sus objetivos.

La ASF explicó que esto se debió a que el marco normativo general y específico en la materia no se ha actualizado ni homologado de conformidad con las nuevas atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se estableció una nueva propuesta de compra basada en la consolidación de las adquisiciones y la centralización del modelo organizacional y de operación.

Además, abundó, la planeación de las compras no contó con mecanismos de coordinación interinstitucionales ni con criterios de especialización para los bienes y servicios con características técnicas específicas, dada la diversidad de compra que se realiza, lo que repercutió en la falta de información específica y técnica para llevar a cabo la programación de los bienes a consolidar, además de criterios presupuestales y de información histórica de compras.

La auditoría añadió que los sistemas de información de la SHCP y CompraNet carecieron de mecanismos de control que aseguren la calidad, veracidad y confiabilidad de la información que contienen, desaprovechando los beneficios tecnológicos que pudieran apoyar el proceso.

Asimismo, en los procesos de contratación no se contó con diagnósticos y criterios metodológicos para el diseño de nuevas estrategias de compra basadas en economías de escala y se cuentan con áreas de mejora en los mecanismos de control y supervisión de los procesos de contratación implementados por la SFP.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclarar 156 millones 106 mil 025 pesos por el proyecto del Tren Maya.

De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, dentro del rubro de Financiamiento y Erogaciones está pendiente por aclarar 20 millones 716 mil 232 pesos.

En cuanto a la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto del tren, la dependencia no aclaró 135 millones 389 mil 793 pesos.

“En términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, indicó.

La Auditoría señaló que en este caso se encuentran temas como la adjudicación injustificada en el contrato número C-TM-008/2019 para realizar los servicios de Ingeniería Básica; la duplicidad en pagos del personal directivo y técnico, toda vez que se encontraron, tanto en costos indirectos como en cada una de las matrices de precios unitarios, la falta del establecimiento de mecanismos para verificar el cumplimiento del contrato C-TM-007/2019 sobre la liberación del derecho de vía, entre otros.

Además, el organismo encontró que no se acreditó la recepción de los servicios de un organismo internacional, a los que se pagaron 20 mil 716.2 pesos, por lo que dicho gasto no se encuentra justificado.

“Ni Fonatur ni FTM contaban con un modelo financiero y proyecto ejecutivo en el que se establecieran variables económicas o financieras, entre otras, a efecto de identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el proyecto Tren Maya”, apuntó la ASF.

En el proceso de adjudicación de 14 contratos de la muestra revisada en el Fonatur, éste no acreditó en dos contratos el cumplimiento de la normativa.

“Se corroboró que el Fonatur careció de mecanismos o herramientas para ejercer su gobernanza con sus empresas filiales, ya que no se estableció un marco normativo que permita al Comité Técnico conocer las actividades de gestión y de rendición de cuentas de las empresas filiales.

“Por lo que se refiere a la información que el Fonatur le presenta a su órgano de gobierno, se constató que existieron actividades discrecionales, debido a que la información presentada del proyecto del Tren Maya fue informativa y no para su aprobación, lo que afectó la buena gobernanza que el Comité Técnico debe materializar hacia el Fonatur”, expuso la auditoría.

En este tenor, concluyó que el inadecuado modelo de gobernanza y las deficiencias de control interno detectadas en el ejercicio fiscal 2019 respecto al proyecto del Tren Maya provocaron deficiencias por 6 millones de pesos, lo que expuso, puede generar consecuencias negativas importantes y persistentes.

A inicios de 2019 el gobierno federal inició una estrategia contra el robo de combustible que llevó al desabasto de gasolinas, por lo cual se compraron pipas con el fin de garantizar el abasto a la población, de lo cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó deficiencias en el mecanismo de adquisición de este transporte.

“En opinión de la ASF, Pemex Corporativo (PCORP) y Pemex Logística (PLOG) llevaron a cabo una gestión administrativa deficiente en la adquisición de pipas para el transporte de combustible que limitó garantizar que el mecanismo diseñado aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”, refirió la Cuenta Pública 2019.

La ASF añadió respecto de la eficiencia operativa de las pipas adquiridas, que se identificó que los autotanques comprados en 2019, a través de la filial I.I.I. Servicios, no fueron entregados con la oportunidad requerida, no cumplieron la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), no se efectuó la inspección de los bienes recibidos, ni se distribuyeron con base en las necesidades de abastecimiento y se identificaron deficiencias en la operación, resguardo y mantenimiento de los vehículos.

Lo anterior, limitó a PCORP y PLOG garantizar la atención de la emergencia de abasto de combustible.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos fuera de norma de 75 millones 591 mil pesos durante 2019 en la construcción de la refinería de Dos Boca, en Tabasco, uno de los proyectos insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2019, se encontró que se pagaron fuera de norma 70 millones 700 mil pesos por diferencias detectadas entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados.

Además, se detectaron pagos por 2 millones 706 mil pesos en diferencias determinadas en la revisión por el uso y cobro de maquinaria diferente de la ofertada y contratada, respecto de la que realmente se utilizó para ejecutar los trabajos.

Finalmente, se destinaron 2 millones 183 mil pesos a duplicidad de pago de los mismos rubros considerados en diferentes conceptos.

La ASF dictaminó que no se elaboró la totalidad de los reportes semanales que acrediten las cantidades de horas hombre del personal empleado en cada disciplina de trabajo reportada por los contratistas, para elaborar los entregables correspondientes.

Otra de las observaciones fue que se contrataron los trabajos de la fase I de las plantas reformadora de naftas, de desintegración catalítica, de isomerización de butanos, isomerizadora C5/C6 y de alquilación, sin haber contratado previamente la ingeniería básica.

Lo anterior, ocasionó que no se consideraran los trabajos de procura temprana de los componentes de las plantas por lo que se modificaron las condiciones originales con las que se licitó el contrato, que difieren de las condiciones que fueron necesarias para la ejecución de los trabajos.

Los gobiernos de Chiapas y Morelos son los gobiernos estatales que acumulan los más altos probables daños patrimoniales ocasionados a la Hacienda federal, de acuerdo con el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2019, entregado este sábado.

En el segundo informe de la ASF a la fiscalización a la Cuenta Pública 2019, entregado en octubre de 2020, el gobierno estatal con el posible daño al erario más grande había sido la Ciudad de México, con más de 7 mil 500 millones de pesos.

En esta ocasión, Chiapas suma un posible desfalco por mil 76 millones de pesos, la mayoría destinados a pagos a maestros.

Morelos acumula un probable daño al erario por 951.7 millones de pesos; la mayoría de los recursos desapareció en 17 instituciones estatales.

En total, 31 estados, excepto Querétaro, fueron señalados, en esta entrega de la ASF, con posibles daños patrimoniales por un monto en conjunto de más de 5 mil 264 millones de pesos.

Después de Chiapas y Morelos, le siguen Tabasco y Nayarit como las entidades con más montos de probables daños al erario, con más de 606 y de 377 millones de pesos cada una; los de menos daño al erario son Quintana Roo y Sonora, en donde el posible desfalco fue de 233 mil y 605 mil pesos, respectivamente.

En el caso de Chiapas, la mayoría de los recursos federales considerados como daño al erario, más de 973 millones, fue utilizada de manera indebida en pagos relacionados con actividades educativas.

En Chiapas, prácticamente todos los profesores están adscritos a la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con el tercer informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019, el estado gobernado por Rutilio Escandón hizo un probable mal uso de recursos federales provenientes de siete fondos diferentes.

Se trata de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, del Fondo Regional así como de los programas de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, Escuelas de Tiempo Completo.

El pliego de observaciones dirigido al gobierno del estado de Chiapas con el mayor monto de posible desfalco es uno por 524.3 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, cuyo uso no pudo ser demostrado con documentación comprobatoria y justificativa.

Además de ese pliego, también tiene otro con observaciones por 277 millones 592 mil 120 pesos, recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, los cuales son considerados ya como un daño patrimonial, por haber sido mal utilizados.

La ASF explicó que el posible daño al erario se ocasionó por pagar con recursos de ese programa montos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado, por 4 millones 440 mil 841.01 pesos; por pagos de plazas no autorizados en el tabulador, por 76 millones 904 mil 852.02 pesos y por el pago de conceptos no identificados ni autorizados al personal por 196 millones 246 mil 427.86 pesos.

Otros 77 millones 152 mil pesos, provenientes del programa de Escuelas de Tiempo Completo, fueron considerados daño patrimonial porque el gobierno no pudo acreditar que esos recursos fueron otorgados a los directores de los centros de trabajo autorizados y otros 42 millones de pesos más se usaron indebidamente en el pago de 11 mil 425 trabajadores por concepto de apoyos económicos, que excedieron el monto establecido en la normativa.

En el caso de Morelos, que acumula un probable desfalco por 951 millones 795 mil 224.15 pesos, el monto más grande de recursos faltantes está concentrado un pliego de observaciones, en el que se señalaron irregularidades por 859 millones 76 mil 66.59 pesos, provenientes de los recursos de Participaciones Federales a los Estados.

La ASF encontró que esa cantidad de dinero se repartió entre 17 instituciones del gobierno estatal, las cuales no reportaron en qué utilizaron esos recursos.

Esas instituciones fueron el Congreso del estado, el cual no explicó en qué usó 468.5 millones de pesos; la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no reportó el uso de 15.8 millones de pesos; el Tribunal de Justicia Administrativa, que no reportó el uso de 35 millones de pesos; el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que usó sin comprobar 18.7 millones de pesos y el Instituto de la Defensoría Pública del estado de Morelos, que no reportó en qué uso 16.1 millones de pesos.

Otras instituciones señaladas son la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Morelos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el Fideicomiso Centro de Convenciones World Trade Center, el Museo Morelense del Arte Popular, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, el Centro Cultural Museo Juan Soriano, el Auditorio Cultural Teopanzolco y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

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