Agencias, Ciudad de México.- La Unión Europea quiere proteger los sistemas judiciales de los Estados miembros de las presiones y amenazas de la delincuencia organizada, un problema que preocupa especialmente en Bélgica, donde las redes de narcotráfico están muy presentes en los últimos años, en paralelo al aumento de la entrada de droga a través del puerto de Amberes.

“En los Países Bajos, en Bélgica y en Italia vemos que los políticos y los jueces se ven amenazados por los grupos criminales (…) Se trata de proteger el Estado de derecho”, dijo en rueda de prensa el ministro belga, Paul Van Tigchelt, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.

El asunto fue abordado en una reunión de ministros europeos de Justicia, donde se habló de la manera de prevenir y atajar esas amenazas.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo por su parte que ese tipo de presiones o intimidaciones a cargo de las redes de delincuencia organizada pueden no solo afectar a jueces o fiscales, sino también a ministros o primeros ministros como se ha visto en el caso de Bélgica.

Indicó, en ese contexto, que el asunto será abordado con las asociaciones de jueces de los diferentes países, en el contexto de la elaboración del informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho.

“Es importante que el trabajo (de jueces y fiscales) se pueda hacer al abrigo de la intimidación y las amenazas”, señaló el comisario.

Se habló también de cómo mejorar la legislación para combatir a las redes responsables de traficar con migrantes.

Además, los ministros abordaron la lucha contra la impunidad en relación con la guerra de Ucrania.

En particular, pasaron revista a la situación en un almuerzo de trabajo en el que participó el Fiscal General de Ucrania, Andriy Kostin.

En declaraciones a la prensa, Kostin agradeció el apoyo europeo y valoró que la Corte Penal Internacional (CPI) haya emitido este martes órdenes de arresto contra dos militares rusos por presuntos crímenes contra la humanidad.

“Este es el primer caso en el que se cree que los sospechosos han cometido crímenes contra la humanidad”, subrayó el Fiscal General en declaraciones a la prensa, tras participar en un almuerzo de trabajo en el marco de un Consejo de ministros europeos de Justicia.

Por otra parte, Reynders explicó que en la reunión de hoy defendió la idea de incluir el delito de odio en la lista de eurodelitos, y aseguró que ese tipo de comportamientos han aumentado como consecuencia de la situación en Oriente Medio, que ha dado lugar a un aumento del antisemitismo y de los mensajes antimulsulmanes.

La entrada en vigor comportará que queden sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, tanto nacionales como internacionales, y el alzamiento de las medidas cautelares que pesen sobre los amnistiables, incluso en los casos en que se presenten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley.

La justicia europea tendrá que pronunciarse sobre la ley de amnistía si, como todo apunta, los tribunales españoles elevan cuestiones prejudiciales para determinar si la norma encaja en el derecho de la Unión, especialmente en los dos delitos amnistiables que suscitan más dudas entre la judicatura: el terrorismo y la malversación.

La cuestión prejudicial implica la suspensión inmediata de la aplicación de la ley de amnistía -aunque solo en el caso concreto que haya suscitado las dudas del tribunal-, pero al mismo tiempo ata de manos a los jueces que la planteen, que no podrán seguir practicando diligencias en relación con el procedimiento en curso.

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