Agencias/Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La reforma judicial del Presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aprobada la madrugada de este miércoles, convertiría a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular, proceso que abriría la puerta a la injerencia de los poderosos cárteles del narcotráfico y respaldaría plenamente las decisiones jurídicas del Ejecutivo emanado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional.
Paralelamente, mediante la elección de jueces en las urnas a propuesta del Ejecutivo en turno y mayoría oficialista de legisladores de MORENA aceleraría la persecución política contra líderes opositores al régimen de gobierno.
Sin embargo, la iniciativa ha sido criticada por distintos especialistas que alertaron, entre otros puntos, que la reforma socava la independencia judicial e ignora el sistema de méritos establecido para ocupar las distintas posiciones dentro de la estructura.
Según especialistas, el proyecto de reforma al Poder Judicial que ha impulsado López Obrador abriría la puerta al control totalitario del oficialista MORENA mediante la elección del voto en urnas o tómbola de jueces y magistrados que encubrían al 100% las pillerías o corruptelas de los políticos del partido gobernante.
Además, facilitaría a los cárteles del narcotráfico el sometimiento del Poder Judicial que bajo esa estrategia podrían impulsar o financiar la elección de jueces y magistrados para posteriormente hacerse acreedores de beneficios en procesos legales en diversas regiones del país.
En 1991, el entonces poderoso capo Pablo Escobar impulsó en el seno de la Asamblea Constituyentes de Colombia, (un símil al Congreso de la Unión en México), una reforma a la carta magna para elegir de manera popular a jueces y magistrados, a través de la que pretendía eliminar de una vez por todas las extradiciones de esa nación de Sudamérica hacia Estados Unidos.
El pasado 11 de marzo, la directora de Inteligencia Nacional del Gobierno de Estados Unidos, Avril Danica Haines declaró ante el Senado norteamericano que los cárteles del narcotráfico mantienen bajo control algunas partes del territorio mexicano.
“Creo que no hay duda que es un reto para el Gobierno de México enfrentar a los cárteles. hay partes del país que efectivamente están bajo el control de los cárteles en ciertos aspectos”, dijo Danica Haines
Danica Haines entregó un informe respecto a la “Evaluación anual de amenazas 2024”, al Comité de Inteligencia de Estados Unidos, en las que incluyó las operaciones de alto riesgo que representantes los cárteles mexicanos.
“Al mismo tiempo, nosotros diríamos que nuestra cooperación con ellos [el Gobierno de México] ha mejorado con el tiempo. Pero esta es un área en la realmente hemos podido trabajar con ellos para tratar de ayudar [en la lucha contra los cárteles del narcotráfico]”, agregó Haines.
Danica Haines confirmó que los cárteles mexicanos representan una amenaza real por su capacidad para el tráfico de drogas a niveles históricos hacia Estados Unidos.
“La amenaza de las drogas ilícitas permanece en niveles históricos, ya que las organizaciones criminales transnacionales en México suministran y mueven grandes cantidades de opioides sintéticos, como el fentanilo, hacia Estados Unidos”, señaló Danica Haines al presentar su testimonio el 11 de marzo de 2024.
Simultáneamente, la instauración de figura de jueces sin rostro abriría la puerta la violación sistemática de los derechos humanos, situación similar a las que actualmente existen en el gobierno de Nayid Bukele en El Salvador.
López Obrador impulsó la iniciativa en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha bloqueado leyes que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
Aquí las claves de la reforma constitucional, que pudo ser aprobada gracias a las amplias mayorías que obtuvieron el oficialismo en las elecciones del 2 de junio, en las que fue elegida presidenta Claudia Sheinbaum.
La parte medular y más controvertida es la elección popular de jueces y ministros, incluidos los de la Suprema Corte.
Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras solicitudes y concursos de méritos.
AMLO asegura que la elección busca limpiar de corrupción a la justicia, pero la oposición, oenegés y Estados Unidos sostienen que socava la independencia judicial y deja a los jueces a merced del narcotráfico, que ya incide en la política.
La proyectada elección de unos 1,600 jueces y magistrados federales, y de los miembros de la Suprema Corte, es un caso único.
“No existe en otros países”, señala Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.
Si bien en Estados Unidos algunos estados eligen a los jueces locales, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de una vez a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.
Asimismo, elimine la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumpla.
4. Nuevo órgano de supervisión
La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.
En México, donde diariamente se cometen unos 80 homicidios, la impunidad supera el 90%, según la Suprema Corte, que ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los órganos investigativos antes de que impulse una “demolición” del poder judicial.
La reforma incorpora a los jueces sin rostro o anónimos para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado.
Sin embargo, esa figura es criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los jueces.
La medida ha sido aplicada en otros países de la región. En Colombia se adoptó a finales de los años 1980 para enfrentar una escalada terrorista del narcotráfico, en medio de cuestionamientos a su eficacia para proteger a los magistrados y garantizar la justicia.
En El Salvador, como parte del estado de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele, se ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a millas de supuestos pandilleros que luego son presentados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional.
Activistas de derechos humanos denuncian que en medio de esas redadas han caído muchos inocentes.
