Agencias / Ciudad de México.- Mientras los Gobiernos toman medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus, los grandes despachos de abogados han encontrado un filón para que los inversores internacionales perjudicados por esas acciones que permitiría presentar demandas millonarias contra los Estados apelando a los acuerdos de protección recíproca de inversiones entre países (los ISDS, en sus siglas en inglés).
Uno de ellos es la Carta de la Energía, a la que más de 40 inversores se acogieron para denunciar a España por el recorte a las renovables, que se han saldado, de momento, con 14 laudos condenatorios.
A pesar de la crisis sanitaria sin precedentes, que ha costado la vida a más de 500.000 personas en el mundo, “los abogados instan a las grandes empresas a defender sus beneficios y a desafiar las medidas de emergencias ”.
Así lo desvela un estudio elaborado por el Corporate Europe Observatory (CEO), grupo de investigación con sede en Bruselas, y el Transnational Institute (TNI), instituto de investigación y promoción de políticas públicas, de Amsterdam, al que ha tenido acceso CincoDías.
La investigación, muy crítica con los ISDS, a los que considera “un sistema paralelo de justicia corporativa”, se basa en informaciones públicas de los despachos: notas en sus páginas webs, blogs o seminarios, en los que explican a sus clientes “las vastas protecciones que los acuerdos de inversión les ofrecen” para reclamar.
Por ejemplo, en el área de la energía o los servicios, por la prohibición que muchos Gobiernos, como España, han impuesto a las compañías de cortar el suministro de electricidad, luz, gas y agua a los consumidores vulnerables.
Respecto al país más afectado por la pandemia, Italia, con más 32.000 fallecidos, el informe alude a un artículo publicado por la firma local ArbLit el 26 de marzo, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno. Los abogados de este despacho plantean si las medidas, “mal coordinadas”, del Ejecutivo de Giuseppe Conte “podrían estar dentro del alcance de los tratados de inversión entre Italia y otros Estados”.
Tratados que solo protegen al inversor extranjero y que puede fijar indemnizaciones no solo por los perjuicios presentes, sino “por la previsión de pérdidas futuras”, señala el informe Además, a diferencia de la justicia nacional (que, en este caso, se rige por los decretos excepcionales de estado de alarma que da poderes amplios a los Gobiernos democráticos), no tienen en cuenta “los intereses sociales”, como en el caso de la crisis actual.
Ante el riesgo de reclamaciones millonarias por parte de los inversores y las empresas al que se enfrentan los Estados, los expertos han pedido una restrcción permanente de dichas reclamaciones por el covid-19.También la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) hizo sonar las alarmas el pasado 4 de mayo con estas declaraciones: “Si bien, aún no se conocen demandas reales de ISDS relacionados con elcoronavirus, los abogados especializados están considerando numerosos casos y escenarios muy duros”.
Preparando el terreno
La industria del arbitraje, alertan CEO y TNI en su investigación, está preparando el terreno. Así lo demuestran bufetes como Quinn Emanuel, que, en uno de sus blogs, animaba a los inversores “a buscar alivio y/o compensación por cualquier pérdida resultante de las medidas estatales”. En la misma línea se manifiesta Volterra Fietta.
Más explícita resulta la firma Ropes & Gray en este comentario: “los Gobiernos han respondido ante el covid-19 con una serie de medidas, como las restricciones de viajes, limitaciones en las operaciones comerciales o beneficios fiscales. Por su legitimidad, estas medidas pueden afectar negativamente a las empresas al reducir su rentabilidad, retrasar sus operaciones o ser excluidas de las subvenciones”. Y añade que, para las empresas con accionistas extranjeros, los ISDS “podrían ser una herramienta poderosa para recuperar o prevenir pérdidas resultantes de las acciones relacionadas con el covid-19”.
Como señala un jurista de Reed & Smith, “muchos arbitrajes surgieron de circunstancias sociales difíciles, como la crisis financiera de Argentina a principio de la década de los 2000 o la Primavera Árabe, en 2010. “Los daños recuperables pueden ser voluminosos”, indica la firma Sidley, especialmente si se reconocen pérdidas futuras.
Según la investigación, hasta 10 son los escenarios de reclamaciones que preparan los bufetes (de momento, no se ha presentado ninguna). Entre ellos, el sector del agua (países como El Salvador o Bolivia, el Gobierno han dado acceso a agua corriente gratis a familias contagiadas) o el de la sanidad, con el control temporal de hospitales privados (como en España o Irlanda), lo que Quinn Emanuel consideran una expropiación indirecta, “incluso aunque los Gobiernos hayan costeado el uso de las instalaciones”.
Un frente importante es el de la obligación impuesta a las farmacéuticas de proporcionar licencias obligatorias, medicamentos, tratamientos o material asequible para los ciudadanos. una cuestión relevante de cara a la fabricación de futuras vacunas.
Otros escenarios se relacionan con la suspensión del cobro de peajes en autopistas, el transporte o la comida gratis a ciertos colectivos expuestos. En este asunto, el bufete Alston & Bird, augura que “los tribunales serán implacables”, a pesar de que las medidas “pudieran parecer justas”. También, la suspensión del pago de alquileres, de las facturas de energía por la pérdida de empleo, como han hecho muchos Gobiernos europeos, algo que Shearmen & Sterling considera “incompatibles con el derecho internacional”.
Otras medidas denunciables, se refieren a la crisis de deuda, que podrían desembocar el control de capitales y reestructuraciones que afectaría a los inversores financieros; a políticas de desgravación fiscal a los necesitados y el incremento de impuestos a las grandes fortunas y la defensa de sus clientes ante posibles disturbios sociales derivados de la propia crisis.
