Agencias/Ciudad de México.- Hace 45 años la guerrilla sandinista derrocaba en Nicaragua a la dictadura de la familia Somoza. ¿Por qué el presidente Daniel Ortega, en el poder desde hace 17 años, es hoy acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen como el que ayudó a vencer?
Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado, ha recomendado “suma cautela” a los inversionistas internacionales que planean hacer negocios en Nicaragua. En un análisis sobre el clima de inversión para 2024 difundido esta semana, Washington advierte de que en el país centroamericano se “mantienen suspendidos los derechos civiles garantizados por la Constitución, las detenciones de presos políticos, las confiscaciones de la propiedad privada y su desprecio al Estado de derecho, creando un clima de inversiones plagado de riesgo reputacional y regulación arbitraria”.
Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Nicaragua, lanza por primera vez una advertencia directa y muy clara a los inversionistas, en especial a los estadounidenses. En el documento difundido por el Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales hace un repaso sobre el clima político y económico bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si bien reconocen que Nicaragua mantiene variables macroeconómicas estables, alertan que casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y la mayoría del financiamiento externo se reducirá para 2025.
“Después de llevar a cabo un masivo fraude electoral y encarcelar a sus oponentes, el régimen Ortega-Murillo se aseguró un cuarto período presidencial consecutivo en noviembre de 2021″, contextualiza el análisis. “El régimen ha revocado el registro legal y confiscado los activos de más de 3,600 organizaciones sin fines de lucro –ONG– supuestamente por presentar un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En febrero de 2023, poco después de expulsar a más de 200 presos políticos a los Estados Unidos, el régimen los despojó de su nacionalidad nicaragüense, los borró del registro civil, congeló sus cuentas bancarias y les confiscó de sus bienes”.
A renglón seguido, el análisis destaca la “represión endurecida” en contra del sector privado, en especial el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas sus cámaras a partir de 2023, cuando fueron disueltas por el Gobierno y todos sus bienes fueron confiscados.
El Departamento de Estado recuerda a los inversionistas que las cámaras empresariales por décadas jugaron un papel clave en el sector privado de Nicaragua abogando por la comunidad empresarial y por políticas comerciales. “Las empresas ahora deben establecer contacto directamente con el Gobierno autoritario de Nicaragua, con frecuencia a un mayor costo para las empresas y desde una posición negociadora más débil”, apuntan.
En abril de 2018 Nicaragua giró radicalmente cuando estallaron fuertes protestas contra Ortega que se prolongaron por tres meses y dejaron más de 300 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados, según la ONU.
Ortega y su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sostienen que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington, y las controlaron con paramilitares.
“Quisieron imponer el terrorismo”, dijo Murillo esta semana.
Acusándolos de traición a la patria, en 2023 el gobierno excarceló, expulsó del país y despojó de nacionalidad y bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos.
Uno de ellos, el excandidato presidencial Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, aseguró a AFP desde Miami que “casi un 15% de la población ha sido forzada al exilio”.
Según expertos de la ONU, el gobierno comete “violaciones” de derechos humanos “equivalentes a crímenes de lesa humanidad”.
Ningún periodista extranjero puede entrar a Nicaragua. La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), basada en San José, cuenta 263 comunicadores nicaragüenses exiliados desde 2018, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos.
Nicaragua está en el puesto 163 de 180 en la clasificación de Reporteros sin Fronteras (RSF), en el grupo de “situación muy grave” con Rusia, China, Corea del Norte o Afganistán. En América Latina solo por encima de Cuba.
Acusando a la Iglesia católica de haber apoyado las protestas, el gobierno prohibió procesiones en las calles y desterró a unos 200 religiosos, según la investigadora exiliada Martha Patricia Molina. A fines de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego enviados al Vaticano.
Nicaragua adoptó leyes de “ciberdelitos” y “agentes extranjeros” inspiradas en las rusas. Desde 2018, el gobierno cerró más de 3.600 organizaciones -incluida una universidad jesuita- que recibían financiación externa, y confiscó sus bienes por no reportar el origen de sus ingresos.
Aliado de China, Rusia, Corea del Norte e Irán, el gobierno nicaragüense está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por la situación de derechos humanos.
China tiene en el país proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, ferroviaria, energética, vende autobuses y exporta todo tipo de bienes a Nicaragua.
“Para el régimen, los vínculos comerciales y financieros con China son una opción táctica frente al endurecimiento de relaciones con el mundo democrático”, aseguró a AFP Manuel Orozco, del centro de análisis Diálogo Interamericano.
Con Rusia “la dependencia en seguridad es total”, agregó, al señalar la presencia de militares rusos, los entrenamientos para la policía y la compra de armamento.
Buscando golpear a Estados Unidos y hacer un “negocio millonario”, según Orozco, Nicaragua ha sido trampolín para migrantes “con más de 1,000 vuelos chárter que transportaron a cerca de 200,000 de mayo de 2023 a mayo de 2024”.
Ortega gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución, perdió las elecciones de 1990 y volvió al poder en 2007. Fue reelegido en tres comicios cuestionados por Washington, la UE y organismos internacionales.
El exguerrillero de 78 años manda con su esposa, sus hijos trabajan en el gobierno y dirigen los medios de comunicación. El izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla todo el Estado.
“Nicaragua es una Corea del Norte tropicalizada: una dictadura de corte familiar, seguidores que se comportan como una secta, un sistema opresivo con el Estado a su servicio, y un culto a la personalidad de Ortega”, opinó Maradiaga.
Hace poco, Ortega dio “plenos poderes” para negociar con China a su hijo Laureano, de 42 años, asesor presidencial señalado por opositores como el “delfín”.
Para Orozco, “la esperanza del cambio democrático” está en una suerte de implosión.
El gobierno festejará este 19 de julio. “Luchamos contra los enemigos de la humanidad” y “entre éstos están los traidores”, dijo Murillo.
“Dentro del país existe una aparente normalidad siempre y cuando no haya ninguna crítica al sistema”, comentó Maradiaga.
Para Orozco, los nicaragüenses están más preocupados por la vida cotidiana y “la migración es la válvula de escape laboral”.
“La gente ambiciona irse, recibir remesas familiares (27% del PIB), lograr el favor de alguien en el gobierno o vivir en una burbuja de negación, para que no te pase nada”, opinó.
El análisis presta mucha atención al cóctel de leyes represivas aprobadas después de las protestas sociales de 2018 por un parlamento leal a la pareja presidencial, empezando por la Ley de Agentes Extranjeros que criminaliza toda recepción de fondos internacionales. El Departamento de Estado menciona también que las extorsiones en materia aduanera han causado alarma entre los inversionistas que operan en Nicaragua. Mientras que señalan el control sobre los espacios públicos ejercido desde inicios de 2024 por el Ministerio del Interior (Mint), específicamente en la industria de los espectáculos y shows en vivo.
“En 2020, la Asamblea Nacional aprobó seis leyes represivas que causaron alarma entre los inversionistas. Algunas de las más preocupantes son: una ley de agentes extranjeros que obliga a organizaciones e individuos a reportar todo apoyo extranjero y que impide a cualquier persona que recibe financiamiento externo ser candidato a cargos de elección popular; y una ley de protección al consumidor que podría impedir a instituciones financieras tomar decisiones independientes sobre brindar o no servicios a clientes financieros, incluyendo a las entidades sancionadas por la OFAC”, recoge el análisis. “Las autoridades impositivas, según reportes, han expropiado bienes tras imponer cobros de impuestos arbitrarios y encarcelado a personas, sin el debido proceso, hasta negociar y obtener el pago de impuestos. Las multas arbitrarias e inspecciones aduaneras perjudican a las empresas que usan o venden productos importados”.
Otro de los detalles principales que revela el análisis del Departamento de Estado es que, en respuesta a la profundización del autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua y la mayoría del financiamiento externo se reducirá para 2025.
La profundización de la alianza entre Managua y la República Popular de China preocupa a los Estados Unidos, ya que ha originado promesas de inversión y comercio que hasta la fecha no han producido resultados significativos.
“Las autoridades nicaragüenses buscan la inversión extranjera directa para proyectar normalidad y dar señales de apoyo internacional. Debido a que las fuentes de inversión directa tradicionales han disminuido en medio de la continua crisis política, el gobierno autoritario ha buscado cada vez más inversión de países ideológicamente compatibles como la República Popular de China, Rusia e Irán. Los incentivos a la inversión apuntan a empresas con enfoque exportador que requieren grandes cantidades de mano de obra no calificada o con baja calificación”, plantea el Departamento de Estado.
A pesar de la represión y pobreza creciente, continúa el análisis, Nicaragua sigue mostrando estabilidad en sus variables macroeconómicas, incluyendo un récord en remesas de $5 mil millones en reservas en moneda extranjera, una carga de deuda externa sostenible y un sector bancario adecuadamente capitalizado.
“Proyecciones independientes predicen que la economía de $17 mil millones de Nicaragua crecerá cerca de 3.5% en 2024. La inflación se redujo al 6% en términos interanuales en diciembre de 2023. El costo de la canasta básica alcanzó un precio récord de $540 al mes en diciembre de 2023, más del doble del salario mínimo de $240″, enumera variables la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales. “El sector formal aún se mantiene por debajo del pico de 2017 con unos 120 000 puestos de trabajo menos, y las familias nicaragüenses ahora ganan 20% menos en promedio en términos reales, en comparación a 2017. A raíz de una ola sin precedentes de cientos de miles de migrantes nicaragüenses hacia los Estados Unidos en 2022 y 2023, las remesas familiares crecieron a un nuevo récord de $4.7 mil millones en 2023 –cerca del 30% del PIB de Nicaragua— impulsando el gasto en consumo local y generando ingresos tributarios significativos”.
En ese contexto político y económico, la oficina del Departamento de Estado les dice a los inversionistas que Nicaragua aún muestra un potencial de crecimiento significativo “siempre y cuando se pueda restablecer la confianza de los inversionistas mediante el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de derecho”.
“Sus activos (de Nicaragua) incluyen: amplios recursos naturales; un sector agrícola bien desarrollado; y acceso directo a grandes rutas marítimas. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua – representa el 30% de las importaciones de Nicaragua y es destino del 55% de sus exportaciones–”, sostiene el análisis.
Las autoridades de Libia ordenaron el arresto del director comercial de la aerolínea Ghadames Air, de quien no se conoció el nombre, acusado de transportar ilegalmente a migrantes a Estados Unidos a través de Nicaragua y “comprometer una actividad perjudicial para los intereses del país”.
Para el especialista en migración, Manuel Orozco, la acción libia significa que Nicaragua “se ha convertido en una papa caliente para quienes hacen vuelos chárteres” con migrantes.
Un comunicado de la Fiscalía libia señala que Ghadames Air ha transportado a “cientos de personas” a Nicaragua con la intención de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
La compañía opera “vuelos que transportan a cientos de personas de países de Asia Oriental sin tener en cuenta las obligaciones de la compañía aérea y la legislación nacional relacionada con la inmigración”, dice el comunicado.
El pasado 4 de junio aterrizó en el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua un Boeing 777-200 procedente Kazajstán, que realizó una escala en Libia y era operado por la aerolínea Ghadames Air. Este fue el tercer vuelo de esta aerolínea que llegó a Nicaragua en menos de un mes, a pesar de que Managua no está entre sus destinos regulares.
Ese mismo 4 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que continuará implementando medidas para para evitar que se siga usando a Nicaragua como “trampolín migratorio” al permitir la llegada de migrantes a través de vuelos chárter.
El gobierno estadounidense aseguró que ampliaría su política de restricciones de visas para las “personas que facilitan la migración irregular a Estados Unidos y se benefician de la explotación de migrantes vulnerables”.
“Nuestra política ampliada ahora también se aplicará a los ejecutivos de agencias de viajes y operadores turísticos que brinden servicios de viajes diseñados principalmente para migrantes irregulares a Estados Unidos”, explica el comunicado.
El 23 de diciembre de 2023 un avión procedente de Dubai y con destino a Managua fue interceptado en Vatry, Francia, a raíz de una denuncia anónima sobre tráfico de personas. Las autoridades francesas deportaron a 276 pasajeros indios y 27 solicitaron asilo en Francia.
Para Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, ahora hay “una comunidad internacional más alerta de lo que hace Nicaragua y de quienes son cómplices”.
“Cada país irá monitoreando estas acciones a su manera. El caso de Libia es ilustrativo, pero otros países, como India, Francia, también han tomado acciones para contener redes comerciales que facilitan el transporte migratorio”, agrega.
“Nicaragua ahora es una papa caliente para quien quiera meterse en vuelos chárter”, dice. Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, llegaron a Nicaragua 1,475 vuelos chárteres procedentes de diversas partes del mundo, para un promedio de 122 vuelos mensuales, según la reconstrucción que hace Orozco del tráfico aéreo internacional.
Sin embargo, el especialista destaca que de enero a mayo de este año el número de vuelos bajó a menos de 40, unos 8 vuelos mensuales como promedio.
“Lo que ha pasado es que el efecto difusivo de la información llegó a manos de todo el mundo después de repetir las advertencias durante seis meses”, apunta. “Lo de Libia tuvo un cambio fuerte porque Estados Unidos actuó y puso al gobierno libio en alerta. El efecto reputacional sobre Nicaragua es grande ya que el mundo lo mira como un estado traficante de personas”.
El primer vuelo de Ghadames Airlines que llegó a Managua partió de Benghazi (Libia) el 18 de mayo de 2024 a las 12:09 de la medianoche, hora de Libia y aterrizó en Managua a las 6:54 de la mañana, hora de Centroamérica.
Para todos sus vuelos a Nicaragua, Ghadames Airlines ha usado el Boeing 777-200 con matrícula 5A-GRS, el más grande de su flota, con capacidad de 400 pasajeros.
Un artículo The Libya Observe detalla la relación de Rusia Ghadames Airlines con Rusia. “Sus vuelos a Nicaragua no tienen fines comerciales, pero probablemente sean una de las formas de Moscú de empujar a los inmigrantes hacia la frontera estadounidense para socavar la campaña electoral de Joe Biden; o un mensaje a la Casa Blanca sobre el daño que Rusia podría causar a través de sus aliados”, dice el medio libio.
Además del uso político que Nicaragua hace de los migrantes, Manuel Orozco llama la atención sobre “la extorsión por vía de salvoconductos a los migrantes que pasan por tierra” que hace el régimen nicaragüense.
De acuerdo con los cálculos del especialista, pasaron unos 257 mil migrantes de Nicaragua a Honduras desde enero a junio de 2024. Las autoridades nicaragüenses cobran 150 dólares a cada migrante que pasa por tierra y sin papeles por el país, y unos 200 a quienes llegan en vuelos chárter por impuestos de aeropuerto, visas y otros cobros.
“Mi cálculo es que ha ganado (la dictadura de Nicaragua) alrededor de 100 millones entre ambas cosas: vuelos y paso por tierra”, dice.
Los migrantes Cuba, América del Sur, Asia y África, buscan a Nicaragua para llegar a Estados Unidos y así evitar el peligroso y difícil paso por la selva del Darién, en Panamá.
En Nicaragua, le régimen de Daniel Ortega ha dispuesto facilidades como liberación de visas, transporte y alojamiento interno, para que los migrantes crucen hacia Honduras y prosigan su camino a Estados Unidos por tierra.
