Agencias/Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), engañan a sus alumnos para que se pronuncien en contra de la reforma al Poder Judicial del país latinoamericano, como lo hicieron ayer en una manifestacuón en las calles de la Ciudad de México.
“Hay manifestaciones de jóvenes de la [Facultad] de Derecho de la UNAM y quiero referirme a ellos, los que estudian leyes. Tienen maestros que, seguramente, les están diciendo que es injusto e ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, o que es antidemocrático. Los están engañando”, afirmó en conferencia de prensa.
El mandatario mexicano agregó que, tanto en la Facultad de Derecho, así como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) de la misma casa de estudios, hay especialistas que son adversarios a su Gobierno o que han estado envueltos en escándalos políticos.
Los señalamientos de López Obrador se dan después de que, durante esta semana, estudiantes pertenecientes a la UNAM se manifestaran en la Ciudad de México contra la iniciativa presentada por el presidente mexicano para modificar los órganos judiciales de la nación latinoamericana.
El 19 de agosto, empleados de los diferentes órganos del Poder Judicial de México iniciaron un paro indefinido de labores en contra de la reforma a este ámbito gubernamental.
En la primera etapa, se conformó por los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) y trabajadores de, al menos, cinco entidades del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, capital del país. Posteriormente, jueces y magistrados federales se sumaron a las manifestaciones.
La reforma al Poder Judicial propuesta por López Obrador, que será discutida en la Cámara de Diputados (Cámara Baja) busca, entre otras cuestiones, que los jueces, magistrados y ministros de la Corte mexicana sean elegidos a través del voto popular.
Frente a una ola de críticas dentro y fuera de México, continúa la discusión sobre el proyecto de reforma judicial que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión que simultáneamente detonó la fuga de capitales y protestas en todo el país.
La iniciativa de López Obrador prevé la elección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular y tómbolas, además, de recortar el periodo de permanencia en el cargo.
El pasado 25 de agosto, cientos de personas protestaron en calles de Ciudad de México contra la polémica reforma constitucional impulsada por López Obrador que concluirá su mandanto est 1 de octubre, siendo secundada por legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Paralelamente, el Banco de México (Banxico) reportó que durante el segundo trimestre del 2024 salieron capitales golondrinos por un total de 8,233 millones de dólares (mdd).
Esto, indicó Baxico, es una tendencia registrada en 16 de los últimos 21 trimestres con salidas de capitales.
La salida de inversión registrada durante el segundo trimestre del presente año es la más grande para un trimestre desde el periodo octubre-diciembre del 2021, cuando salieron 14,476 millones de dólares, en medio de la creciente polémica relacionada con la reforma judicial.
La reforma será abordada en la legislatura que iniciará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para su aprobación sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Ante ello, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que se vulneran sus derechos laborales desde el pasado 19 de agosto.
Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Señalan también que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos.
“Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos es cortar la carrera judicial”, dijo a la AFP Roberto Zayas (39), empleado judicial.
Esta reforma tensó también la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, socios en el tratado de libre comercio T-MEC.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo el jueves pasado que la elección popular de jueces “amenaza” la relación comercial entre ambos países y es un “riesgo” para la democracia mexicana.
Su par de Canadá, Graeme Clark, indicó por su parte que los inversionistas de su país mostraron preocupación por la reforma y que esperan un “sistema judicial que funcione si hay problemas”.
El gobierno de López Obrador calificó la declaración de Salazar de “injerencista”, mientras que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum -quien asume el primero de octubre- remarcó que en Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular.
Como parte de los principios de la ‘austeridad republicana’, se pretende además poner un alto a los que se consideran “gastos excesivos y onerosos” del Poder Judicial: la iniciativa contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y reducir sus prestaciones.
Asimismo, se propone que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también elegidos mediante el voto popular.
Se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte.
Y no solo eso, se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo, a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.
Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición y no pocas barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Para el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, en cambio, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave para conseguir, finalmente, echar abajo los obstáculos para continuar profundizando el proceso de transformación que comenzó en 2018.
Cabe recordar que, en varias ocasiones, la Suprema Corte ha declarado inválidas algunas iniciativas de reforma impulsadas por el partido oficial, al tiempo que jueces han otorgado amparos a favor de particulares inconformes ante decretos presidenciales o cambios a leyes secundarias y la Constitución.
Es una reforma que pone al descubierto dos visiones contrapuestas de proyecto de país: mientras que para la oposición el Gobierno no busca sino una “mayor concentración del poder”, “atropellar el Estado de derecho” y “debilitar la democracia”; para la 4T se trata de “fortalecer el sistema de impartición de justicia” con el objetivo de “colocarlo al servicio del pueblo”.
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial es que atenta contra uno de los principios básicos de los órganos de impartición de justicia: la independencia.
Bajo esta perspectiva, toda vez que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial harían propuestas de candidatos para ocupar los cargos de ministros de la Corte, magistrados y jueces, las preferencias del partido oficialista MORENA y sus aliados, que arrasaron en la elección de junio de este año (y por lo tanto ostentarán la Presidencia y la mayoría del Congreso), serían preponderantes.
Por otro lado, en el plano externo, a partir de que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la elección presidencial, el pasado 2 de junio, y refrendó su compromiso de apoyar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el peso mexicano comenzó a sufrir un proceso de depreciación ante el dólar.
En esos días, en medio de la incertidumbre entre inversionistas, Sheinbaum reiteró en una conferencia de prensa el compromiso de la Administración que encabezará de garantizar la certidumbre jurídica.
Adicionalmente, con ánimo de fomentar la confianza en los mercados financieros, Sheinbaum comentó que Rogelio Ramírez de la O, quien se ha desempeñado como secretario de Hacienda y Crédito Público durante el Gobierno del Presidente López Obrador, se mantendría en el cargo.
Sin embargo, desde entonces el peso mexicano no ha logrado recuperar terreno ante el dólar. De principios de junio a la tercera semana de agosto, el tipo de cambio pasó de 17 a 19,45 pesos por dólar, una depreciación de casi 14,5 %.
Y las presiones externas sobre la economía mexicana van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley lanzó la recomendación de no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente “aumentará las primas de riesgo en México”.
Las presiones externas van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley recomendó no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente “aumentará las primas de riesgo” en el país latinoamericano.
Por otro lado, el cumplimiento de las reglas del pacto comercial más relevante para México, el T-MEC, suscrito con EEUU y Canadá, también está siendo objeto de cuestionamientos, ya no solo por parte de legisladores norteamericanos y funcionarios como Brian Nichols, titular del Departamento de Estado para América Latina.
El pasado 22 de agosto, Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México, publicó un comunicado en el que apunta que la reforma judicial que está en discusión pone en riesgo el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías bajo el T-MEC.
