agosto 21, 2018

Abre AMLO puerta a conflicto de intereses con designación de ‘superdelegados’

Por Ernesto Villanueva/Ciudad de México.- Se han dado a conocer a los futuros coordinadores estatales de la Federación en los 32 estados del país. La figura no es ilegal ni mucho menos. Tiene asidero en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. El problema, empero, se encuentra en el conflicto de interés que parece configurarse si los ungidos son designados.

En días pasados, el ameritado jurista Raúl Contreras Bustamante, director además de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inauguró el tema en la agenda de la discusión pública mediante un análisis técnico-jurídico. (https://www.excelsior. com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/los-coordinadores-federales-en-los-estados/1256513).

Es menester, sin embargo, seguir abundando sobre ese asunto. El Dr. Contreras dijo textualmente: “La fracción VI del artículo 3 —de esa misma ley (se refiere a la Ley General de Responsabilidades Administrativas)— define como “conflicto de interés” a la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.” Y, por supuesto, tiene toda la razón.

Las filias o fobias de los coordinadores regionales con los gobiernos estatales representa un caso de corrupción precisamente bajo la modalidad de conflicto de interés.

Conflicto de interés real si efectivamente se ponen en práctica esas simpatías o antagonismos. Conflicto de interés potencial si el servidor público tiene un interés personal que pudiera eventualmente concretarse esa parcialidad en el cargo, aunque no se materialice. Y conflicto de interés aparente que se configura sólo con que se perciba que puede traducirse en acto una eventual incompatibilidad.

Si ha enarbolado como bandera de campaña el combate a la corrupción, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador debe empezar por casa desde que tome posesión del cargo.

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El Congreso local de Puebla acaba de designar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia a José Montiel Rodríguez, quien incumple los 10 años de ejercicio de la profesión de abogado como mínimo como lo establece la ley.

La abogada Monserrat Lydia González ha interpuesto una demanda de amparo contra ese acto del Congreso, en virtud de que al señor Montiel le fue expedida su cédula profesional en el 2012.

Es de esperar que el poder judicial de la federación revierta ese acto.

Si don José Montiel promueve o acepta un acto de corrupción como vía de acceso al poder judicial poblano sería absurdo esperar que observe imparcialidad en la labor de administración de justicia.

La corrupción sólo engendra corrupción.

@evillanuevamx

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