Agencias/Ciudad de México.- La población carcelaria de El Salvador se ha triplicado en menos de dos años, alcanzando una cifra cercana a los 100,000 prisioneros, debido a las duras medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas delictivas.
Desde marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas han arrestado a más de 72,600 personas bajo sospecha de ser miembros de pandillas, aunque ninguno de ellos ha sido sentenciado.
Esta política de mano dura ha llevado a que El Salvador tenga una tasa de encarcelamiento que es el triple de la de Estados Unidos y más del doble de la de Cuba, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en términos de tasa de encarcelamiento.
Aunque esta política ha contribuido a reducir la tasa de homicidios en el país, también ha generado críticas de grupos de derechos humanos que acusan al gobierno de realizar detenciones masivas arbitrarias, lo que ha resultado en la detención de miles de personas inocentes.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión más grande y nueva del país, ha sido el centro de esta campaña contra las pandillas. A pesar de tener capacidad para 40,000 reclusos, actualmente alberga a 12,000 prisioneros.
La prisión está ubicada en un rincón aislado y cerrado al público, y los reclusos no pueden recibir visitas. Dentro de la prisión, se observa que las condiciones son extremadamente duras, con reclusos durmiendo en literas sin colchones ni almohadas y algunos contrayendo enfermedades como la tuberculosis.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha defendido estas políticas y ha señalado que el país reformará su sistema de justicia para acelerar las sentencias para aquellos que ya están encarcelados.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre el respeto de los derechos de los detenidos y la necesidad de garantizar un debido proceso legal.
