Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Un Juez Federal otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) 83 órdenes de aprehensión contra funcionarios, elementos del Ejército, policías y miembros del llamado cártel de ‘Guerreros Unidos’ implicados en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que ocurrió en septiembre de 2014.
El Juez Segundo de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México concedió a la FGR 20 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ubicados en el municipio de Iguala, Guerrero.
Además, liberó 5 órdenes de captura contra autoridades administrativas y judiciales ubicadas en la entidad de Guerrero.
Paralelamente, entregó a la FGR 14 órdenes de aprehensión contra miembros del llamado cártel de Guerreros Unidos, además, contra 26 policías municipales de Huitzuco, 6 más de Iguala, 1 de Cocula y 11 estatales.
“Todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014 y fechas posteriores.
“Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”, indicó la FGR.
De acuerdo a la FGR las acusaciones contra los diversas implicados serían dadas a conocer una vez cumplimentadas las órdenes de aprehensión.
La investigación de la FGR señaló que autoridades federales y locales conocieron en tiempo real la situación de los normalistas de Ayotzinapa, siendo omisas para impedir la desaparición forzada y posterior asesinato de 43 estudiantes, registradas en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Incluso, el Ejército podría haber intervenido y habría salvado a los normalistas.
En ese contexto, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada coincidieron por separado que la aprehensión del ex procurador General de la República (PGR) Murillo Karam contribuiría para abrir un proceso de rendición de cuentas de las autoridades involucradas en la creación de la narrativa llamada ‘Verdad Histórica’.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indicó que el anterior gobierno federal construyó la narrativa de la ‘verdad histórica’ basada en tortura de los detenidos.
“A las madres y padres no les mueve la venganza ni la animadversión personal contra nadie, sino la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan”, consideró el Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
