Agencias/ InsurgentePress, París.- Un pacto en la cumbre del atletismo mundial para cubrir a atletas rusos dopados: casi cinco años después de la revelación del escándalo, la justicia francesa ordenó un juicio por corrupción contra expresidente de la IAAF Lamine Diack y su hijo.

Lamine Diack, senegalés de 86 años, considerado la pieza clave del sistema, deberá responder ante la corte correccional de París por “corrupción activa y pasiva” y “blanqueo en banda organizada”, al término de unas profundas investigaciones iniciadas en verano de 2015.

El juicio no debería celebrarse antes de unos meses.

Un trío de jueces de instrucción, liderados por Renaud Van Ruymbeke, firmó el pasado 19 de junio una orden de 89 páginas, conforme a los requerimientos de la fiscalía nacional financiera (PNF). También ordenaron un juicio contra otros cinco protagonistas, presuntos actores de un programa “full protection” (protección total) vinculado al dopaje institucionalizado en Rusia entre 2011 y 2015.

Este escándalo tuvo grandes consecuencias para Rusia, que a día de hoy sigue sin poder participar en competiciones mundiales de atletismo.

A cambio de “contrapartidas financieras”, este programa garantizaba la protección de los atletas rusos a los que se apuntaba por dopaje. En total se pidieron directa o indirectamente 3,45 millones de euros a los atletas, según la orden a la que tuvo acceso la AFP.

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Lamine Diack se apoyó especialmente en su hijo Papa Massata Diack, conocido como ‘PMD’, exconsejero de la IAAF a cargo de los jugosos derechos de marketing. Su papel se considera “central” en las malversaciones en el seno de la IAAF.

Papa Massata Diack, en el centro de varias investigaciones por corrupción en la cima del deporte mundial, asegura ser inocente desde Dakar, donde está instalado. Pero nunca ha podido ser interrogado por la justifica francesa pese a su orden de arresto.

Está acusado de “blanqueo en banda organizada”, “corrupción activa” y “complicidad de corrupción pasiva” junto a Habib Cissé, exconsejero de Lamine Diack, y al exjefe antidopaje de la IAAF, Gabriel Dollé, reclamados por “corrupción pasiva”.

  • Procedimientos “retrasados voluntariamente” –

Revelado a finales de 2014 por la televisión alemana ARD, este escándalo descubrió otras sospechas de corrupción al margen de la atribución de los Juegos Olímpicos de 2016 a Rio de Janeiro y de 2020 a Tokio.

En aquel momento, la corredora de maratón Lilya Shobukhova, pillada por un “uso masivo” de EPO, reconoció haber tenido que abonar 450.000 euros para evitar sanciones. Finalmente suspendida, pidió un reembolso y se le enviaron 300.000 euros a través de la cuenta de una “cáscara vacía” en Singapur, Black Tidings, vinculada a Papa Massata Diack.

En 2011, a un año de los JO de Londres, la IAAF disponía de una lista de 23 atletas sospechosos de dopaje, incluidos futuros medallistas como Sergey Kirdyapkin (50 km marcha), Olga Kaniskina (20 km marcha) o Shobukhova.

Sin embargo los procedimientos de sanciones “fueron retrasados voluntariamente por la IAAF para permitirles participar” en los JO de Londres y para algunos, en el Mundial de Moscú (2013), desvelan los jueces.

Rusia, que “no quería comprometer su reputación”, “aceptó realizar varias contribuciones con la condición de que los atletas sospechosos de dopaje puedan participar”, añaden los jueces.

Lamine Diack habría ingresado 1,5 millones de euros de fondos rusos para financiar campañas políticas en Senegal contra el presidente Abdoulaye Wade (2000-2012).

El pacto también habría facilitado negociaciones de importantes contratos con patrocinadores y televisiones rusas, ante la perspectiva de los JO de Londres y el Mundial de atletismo.

Con Valentin Balakhnichev (expresidente de la Federación de Atletismo Rusa, ARAF) se llegó a un “compromiso”: “era necesario retrasar la suspensión de los atletas para obtener el contrato” de patrocinio con el banco ruso VTB, declaró Lamine Diack al juez.

Bajo orden de arresto de la justicia francesa, Balakhnichev y Alexei Melnikov, exentrenador de carreras de medio fondo en la ARAF, están demandados por corrupción pasiva.

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