Agencias /Ciudad de México.- El gobierno español proveerá más dinero para las 850,000 familias más empobrecidas del país a fin de que puedan lograr un ingreso mínimo mensual en el primer intento de la nación por garantizar un salario básico.
El plan fue aprobado por la coalición de izquierda del presidente Pedro Sánchez. El líder el Partido Socialista español está bajo presión para estimular la recuperación económica y reducir los efectos colaterales de la cuarentena implementada desde hace dos meses para contener la propagación del coronavirus que ha matado por lo menos a 27,000 personas.
Los ciudadanos mayores a 21 años serán elegibles para recibir las prestaciones sociales si no tienen un ingreso mínimo mensual en el rango de los 461 euros (513 dólares) a los 1,015 euros ($1,130 dólares), según el número de familiares. Los migrantes que están en España desde hace más de un año podrán solicitarlo.
El ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá informó que las medidas tienen la intención de reducir la pobreza y la desigualdad. Agregó que 100,000 familias se beneficiarán de inmediato y el gobierno tiene el objetivo de incluir a 750.000 más en los próximos meses. El costo total de los fondos públicos de España se estima en 3,000 millones de euros ($3,300 millones de dólares) al año.
También los extranjeros tienen derecho a percibir la ayuda, pero deberán residir legalmente en España durante al menos un año. Como en el caso de la edad, esta exigencia se diluye cuando se trata de víctimas de malos tratos o de trata.
En la Seguridad Social explican que el objetivo de la ayuda, que se mantendrá durante la situación de vulnerabilidad, no es cronificar la pobreza sino establecer un itinerario de salida de la situación para los beneficiarios. Para eso, uno de los requisitos que se prevé es que el solicitante esté inscrito como demandante de empleo.
No obstante, se espera que haya excepciones a esta regla general dado que muchos de los potenciales beneficiarios pueden ser inempleables por sus circunstancias personales (enfermedad psíquica, alcoholismo…). Esta exigencia es rechazada con contundencia por la Asociación de Directoras y Gestores de Servicios Sociales precisamente por esa inempleabilidad de muchos potenciales beneficiarios.
