Agencias/Ciudad de México.- La minera suiza Solway Investment Group ocultó reportes de contaminación en una zona indígena en el noreste de Guatemala, afirma una investigación de 20 medios internacionales que también denuncian compra de favores e intimidación, acusaciones que la firma rechazó.

La investigación “Mining Secrets” -en la que participaron 65 periodistas de 15 países, entre ellos de El País de España, Le Monde de Francia y el local Prensa Comunitaria- indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y PRONICO, subsidiarias de Solway Investment Group que operan en el municipio de El Estor.

Dirigida por la organización Forbidden Stories, la pesquisa “revela las estrategias que Solway ha usado para ocultar, en contubernio con las autoridades, cualquier elemento que podría inferir su responsabilidad en graves casos de contaminación del medio ambiente”.

De acuerdo con el informe, uno de los casos fue la aparición en 2017 de una extensa mancha roja en el lago de Izabal, que colinda con la planta de procesamiento de níquel, que la empresa y el gobierno atribuyeron a la reproducción de algas.

El caso provocó una protesta de pescadores que acusaron a la minera de haberlo provocado. Uno de los manifestantes, Carlos Maaz, murió a tiros tras un enfrentamiento con policías.

Sin embargo, los documentos filtrados por hackers de Guatemala “desmienten las declaraciones oficiales y confirman las intuiciones de los pescadores”, destacó la publicación.

“Mediante una inspección del departamento de Gestión Ambiental, se determinó la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal”, alertó una comunicación interna de PRONICO, de acuerdo con la investigación.

El consorcio de medios también evidenció prácticas de espionaje a periodistas, manipulación e intimidación de líderes comunitarios por tierras, relación con un juez y “pagos (de la empresa) a la policía para terminar con las protestas”.

La última protesta contra la minera ocurrió en octubre del año pasado, cuando decenas de indígenas tomaron por varios días el acceso al municipio de El Estor para impedir el paso de camiones de la mina, alegando que un fallo judicial había detenido la explotación minera.

La Policía los desalojó con gases y luego el presidente Alejandro Giammattei declaró un estado de sitio con el despliegue de cientos de militares, en los que activistas denunciaron allanamientos para intimidarlos.

La empresa y el gobierno respondieron que el fallo solo le impedía temporalmente la explotación en la mina Fénix con licencia para CGN, pero PRONICO podía seguir operando con material de otra cantera.

“Después de examinar las investigaciones publicadas por Forbidden Stories y analizar sus afirmaciones, Solway Investment Group refuta las alegaciones que carecen de fundamento fáctico”, señaló la empresa en un comunicado compartido a la AFP, en el que subraya que las acusaciones son “falsas”.

¿De dónde viene tanta diligencia?. Las sospechas de los vínculos entre el presidente Giammattei y los empresarios rusos del metal comenzaron con una denuncia del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, publicada en el The New York Times. El 23 de junio su oficina (FECI) abrió una investigación tras la denuncia de un testigo que presentó indicios de que un grupo de ciudadanos rusos y kazajos relacionados con la empresa Mayaníquel entregó una alfombra llena de billetes a Giammattei para su campaña que la prensa bautizó como ‘la alfombra mágica’.

Segun el testigo una delegación de tres empresarios rusos y un kazajo asociados a Mayaníquel llegaron a Guatemala el 26 de abril de 2021 en un avión privado desde de Bruselas. Tres días después, según el testigo que habló con los fiscales, los extranjeros visitaron a Giammattei a quien entregaron “una alfombra que estaba envuelta como regalo con un listón color rojo que lo amarraba. Al cargar dicho paquete con otra persona, pude determinar que la misma contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes”, confesó.

Un mes después de aquella supuesta entrega, el 28 de mayo de 2021, Mayaníquel obtuvo una nueva licencia la explotación de níquel y otros metales en el sur de Izabal. La empresa había solicitado esa licencia 11 años antes pero el permiso llegó solo después de la visita de la delegación rusa.

“Fue aquel expediente”, dice Sandoval desde una vivienda de Washington, a donde ha tenido que exiliarse, lo motivó que su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, lo destituyera del puesto un mes después. Una alfombra, el exilio masivo de jueces y fiscales y las imponentes chimeneas de Solway en la reserva de la biosfera forman parte de un escándalo con muchas piezas en común que en Guatemala se conoce como: la trama rusa.

La habilidad del dinero de la minería es que ha logrado calar en todos los niveles sociales y políticos. Policías, líderes mayas o ministros se han visto beneficiados por los millones rusos. De la cascada no ha quedado fuera ni al juez que recibe todas las causas judiciales de El Estor, el implacable Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Primera Instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Izabal.

El nombre de Arteaga apareció por primera vez en los periódicos del país cuando hace algunos años detuvieron a dos narcotraficantes mexicanos junto a una avioneta recién estrellada en la que había un millón de dólares. El juez consideró que no había riesgo de fuga si dejaba que siguieran su proceso judicial en libertad y, por su puesto, nunca más se volvió a saber de ellos ni de un pellizco importante del millón de dólares.

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