Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco empleados de la empresa encargada del mantenimiento del helicóptero en cuyo accidente perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle han sido vinculados a proceso por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena culposo en esa entidad desde diciembre de 2020.,
En un comunicado la FGR precisó que los peritajes técnicos corrieron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, dependiente de la Agencia Federal de Aviación Civil, desde diciembre de 2018.
“Dichos dictámenes establecieron las premisas técnicas suficientes para poder obtener la vinculación a proceso de cinco empleados de la empresa que brindaba el mantenimiento de la aeronave accidentada, que fueron acusados por delitos de homicidio y daño en propiedad ajena culposo, que son de competencia local.
“El proceso se lleva a cabo en el ámbito judicial del estado de Puebla y la FGR mantiene abierta la investigación correspondiente por algún posible delito federal que pueda surgir durante el proceso del fuero común”, indicó la FGR en el comunicado.
Desde diciembre de 2018, recordó la FGR, en que ocurrió el accidente del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora Alonso y su esposo Moreno Valle, consensuo con la Fiscalía General de Puebla llevar a cabo la investigación bajo su facultad y colaboración federal.
“Para así mostrar la transparencia y la imparcialidad en ese caso, en el que no estaba aún determinada la federalidad”, señaló la FGR.
El 29 de diciembre de 2020, un Juez de Control Penal vinculó a proceso a cuatro implicados en el accidente aéreo en el que murieron la gobernadora Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres integrantes más de la tripulación en Puebla, el 24 de diciembre de 2018.
Ese día, el Juez de Control consideró que los elementos que aportó la Fiscalía de Puebla han sido contundentes para mantener en prisión a José Antonio “N”, dueño del taller “Rotor Flight Service”, encargado del mantenimiento del helicóptero con matrícula XA-BON, y de los trabajadores Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”.
Tras una audiencia de siete horas, el Juez dictaminó la vinculación a proceso de los cuatro implicados en el accidente que provocó la muerte de la pareja de políticos del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones.
Durante la audiencia, la parte defensora argumentó ante el Juez de Control que los empleados del taller habían reportado en su oportunidad y varios días de anticipación a la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, propietaria del helicóptero, que había una falla en el actuador lineal del alabeo, sistema que permite a la aeronave mantenerse estable en el aire.
“Se le notificó que existía una falla, depende del dueño autorizar el reemplazo, se le avisó y la Fiscalía quiere imponer esa carga a mi representado al decir, oye, tuviste que quitársela a fuerza, es imposible, es decir, mi cliente revisaría el trabajo del mecánico una vez que autorizara la compra y reparación”, indicó Óscar Sánchez Terrones abogado de los detenidos , según reportó el portal de Televisa.
Los cuatro abogados por separado presentaron alegatos con información sobre los datos técnicos que aportaron los detenidos para alertar a la empresas sobre la falla técnica 11 días antes del fatídico accidente.
En ese dictamen, los ahora vinculados a proceso habían solicitado mantener la aeronave en tierra por los riesgos que implicaba su navegabilidad aérea.
Los dueños de la empresa, alegaron los abogados, nunca cambiaron las piezas y el helicóptero realizó otros dos vuelos, antes del accidente el 24 de diciembre de 2018.
Según el abogado, la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, ha sido la responsable de permitir que el helicóptero continuara en servicio en el Gobierno de Puebla.
Paralelamente, el piloto asumió el riesgo y responsabilidad al aceptar la aeronave, a pesar de la falla técnica que tenía.
“El piloto es la máxima autoridad en el momento del despegue, si él consideraba que no hubiese que había algún tipo de desperfecto ellos inmediatamente tenían todo el derecho, así fuera el presidente de la república de no volar”, señaló Óscar Sánchez Terrones, abogado.
La Fiscalía del Puebla dio a conocer que Agustina Flores propietaria de la parcela en la que ocurrió el siniestro del helicóptero reclamó el pago de 237 mil pesos por la pérdida de su cosecha de maíz y daños causados al terreno.
El juez de control dictó la vinculación a proceso a los cuatro imputados, y tres de ellos permanecerán recluidos en la prisión de Huejotzingo, Puebla.
Mientras que José Antonio, permanecerá en el Centro de detención de San Miguel, debido a su condición física vulnerable.
La Fiscalía de Puebla informó que ha detenido a un quinto implicado de nombre Miguel ‘N’ que desempeñó el cargo de técnico eléctrico de la misma empresa.
Miguel ‘N’ ha sido presentado ante un Juez de Control que fijó una audiencia aparte para determinar su situación jurídica.
