Sin acuerdo de paz en las favelas

Agencias / InsurgentePress, Ciudad de México.- Desde hace muchos años, el problema de la seguridad en Río de Janeiro depende casi por completo de las negociaciones entre los funcionarios del Gobierno y los líderes de los barrios pobres, las llamadas favelas. En una ciudad donde se sabe que los pobres y los ricos comparten prácticamente los mismos barrios, también se sabe que la pacificación no se consigue sin el asentimiento de los líderes del narcotráfico, conscientes de los problemas políticos que hay en juego. A menudo, incluso, los jefes del crimen tienen una mayor influencia en la toma de decisiones que cualquier funcionario del Estado de Río de Janeiro.

Las imágenes difundidas esta semana en las favelas cercanas a las sedes de los Juegos Olímpicos y el secuestro relámpago del campeón de jiu-jitsu neozelandés Jason Lee, el sábado pasado, en la «Baixada Fluminense», una de las principales favelas de Río, han desencadenado la preocupación respecto a la situación de inseguridad en las zonas donde el Ejército o la Policía no han sido capaces aún de garantizar la paz.

Delitos comunes en Brasil, como el secuestro exprés o el conocido «arrastão» -cometido por un gran número de asaltantes en lugares públicos-, aumentan ante la oportunidad que se les brinda a los delincuentes: las playas llenas, lugares públicos abarrotados y un incremento de turistas de alto poder adquisitivo y vulnerables a la acción criminal.

Los acontecimientos de los últimos dos meses demuestran que la situación no está totalmente controlada. En particular, llamaron la atención dos crímenes en Río: la violación de una menor por treinta hombres en una favela y el rescate de un traficante en la zona de cuidados intensivos de un hospital en el centro de la ciudad, situado a pocos metros de una comisaría de Policía.

El primero mostró el nivel existente de salvajismo en los barrios pobres de Río. El segundo reveló que el diálogo entre los traficantes y los organismos de seguridad del Gobierno puede estar sufriendo una crisis de intermediación.

Quien conoce Río de Janeiro sabe que no se puede avanzar sin arrancar garantías de paz a los traficantes. Del mismo modo, también se sabe que la delincuencia solo se mueve en las favelas si la autorizan los narcos.

El rebrote de la delincuencia en determinadas zonas de la ciudad no es la única preocupación de las autoridades a apenas ocho días de que comiencen los Juegos. También preocupa el descontento social, que ya afloró hace dos años, con ocasión del Mundial de fútbol, cuando miles de brasileños aprovecharon la visibilidad internacional para expresar sus protestas. Además, el retorno de la inversión de este tipo de eventos es cuestionable para los sectores más pobres.

La Copa del Mundo fue una bandera de esta insatisfacción, pero también lo serán a buen seguro los Juegos Olímpicos. Hace unos días, el Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro lanzó el «Mapa da Exclusão». La iniciativa es el resultado de la campaña «Río 2016, los Juegos de Exclusión», y resume los efectos sociales negativos de la realización de las grandes inversiones en la ciudad.

Traslados forzados de comunidades, violaciones de los derechos del trabajo, intervención militar y el impacto ambiental fueron algunos de los daños planteados por la campaña. El objetivo es dejar claro el alto costo de este megaevento para la ciudad, no solo financiero, sino sobre todo social.

De acuerdo con los datos recogidos en el mapa, 77.000 personas fueron desalojadas de sus hogares, once trabajadores murieron durante la construcción de las infraestructuras y las sedes olímpicas. Además, el número de homicidios aumentó de manera alarmante en las zonas donde no se celebran las competiciones -porque la seguridad se ha concentrado en las sedes- y el objetivo de limpiar la contaminada bahía de Guanabara no se ha cumplido.

Según los datos oficiales, la ciudad ha tenido que invertir más de 10.000 millones de euros para poder recibir los Juegos. Y no todos en la ciudad creen que vayan a recuperarlos.

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