Agencias / InsurgentePress, Ciudad de México.- La Fiscalía de Bolivia emitió órdenes de aprehensión contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, del ejecutivo de Jeanine Áñez, reportan medios locales.
Las órdenes fueron emitidas el 5 de noviembre, según se puede leer en las fotos de los documentos difundidos por la prensa. Sin embargo, la información al respecto se dio a conocer recientemente.
En las órdenes se lee que fueron emitidas “por el uso indebido de influencias” y “otros” delitos. Mientras tanto, los medios detallan que la medida se aprobó en el marco de una investigación por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.
La causa fue abierta tras una denuncia de 7 diputados del Movimiento al Socialismo (MAS). De acuerdo con el informe, el exministro de Defensa firmó el 19 de diciembre de 2019 un contrato con la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en EE.UU., por una suma de entre 250 y 270 bolivianos (entre 36 y 39 dólares) por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo de su modelo. De esta manera, el Estado pagó 5,6 millones de dólares por este tipo de armamento, suma que fue considerada excesiva.
El diario El Deber recoge que el daño económico para las arcas nacionales fue estimado en aproximadamente 2 millones de dólares.
Defensa desmiente sobreprecio de gases y rechaza información “malintencionada”
El ministro de Defensa, Fernando López, desmintió, con documentación en mano, la supuesta compra de granadas de gas lacrimógeno con sobreprecio y rechazó la información “malintencionada” que generó un medio de televisión.
“El canal basa una denuncia en un documento con datos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, en que la granada de gas vale $us 14 (alrededor de Bs 100) y acusa que aquí las compramos a mayor precio. Sin embargo, este documento es de 2017 y los conflictos en Bolivia fueron en 2019”, refirió la autoridad en conferencia de prensa.
Aclaró que el medio de comunicación confundió el costo de las granadas de gas porque el Ministerio de Defensa compró granadas grandes, que dicho medio dio por hecho que se trataban de municiones más pequeñas, por ello supuso que hubo sobreprecio.
Además, el Ministro mostró cifras del historial de compras de esa munición no letal que hizo esa cartera de Estado desde 2016, en los que los precios varían cada año y cuestan entre Bs 280 y Bs 300 por unidad.
En la compra de esa munición no letal que se realizó para reforzar a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, la autoridad demostró que para los hechos ocurridos en el país en noviembre de 2019, la unidad de esa munición costó Bs 290, que es el rango de precios en el que se adquirió en anteriores gestiones.
“Con datos fehacientes, reales, estamos demostrando que no hubo ningún tipo de sobreprecio en la adquisición de estos productos”, expresó López.
Por otra parte, la autoridad de Estado señaló que el canal televisivo utilizó un documento distinto al original que emitió el Ministerio de Gobierno sobre la participación de un intermediario en la compra de las granadas.
Los documentos exhibidos por el canal señalan que el Ministerio de Gobierno envió el 25 de noviembre una carta a la empresa Cóndor, en Brasil, en la que solicita la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma, según el diario Página Siete.
Al día siguiente, el Ministerio de Gobierno indicó que esta compra se concretaría mediante una compañía intermediaria, Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, Estados Unidos.
“La empresa extranjera —que vende ese tipo de munición— no realiza ventas directas y nombra como su representante en Bolivia a Bravo Tactica Solutions LLC. Por lo tanto, no se podían hacer compras directas”, remarcó López.
El Ministro de Defensa agregó que para dar este tipo de datos en la conferencia de prensa tuvo que consultar a las Fuerzas Armadas y a la Policía debido a que es información clasificada.
“Sin embargo, en honor y a favor de la transparencia (…), estamos mostrando las pruebas de manera específica y concreta, y a disposición de la Contraloría”, sostuvo.
Por último, la autoridad recordó que la única instancia que puede gestionar la importación de este tipo de municiones es el Ministerio de Defensa, de acuerdo a lo establecido en la Ley 400 (de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados).
