Agencias/Ciudad de México.- El Gobierno de Donald Trump revocará el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida de protección contra las deportaciones, para unos 300,000 ciudadanos de Venezuela que están en Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump pondrá fin a un programa que protegía de la deportación a cerca de 350,000 venezolanos, dejándoles apenas dos meses antes de que pierdan su derecho a trabajar en Estados Unidos.

La orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afecta a 348,202 venezolanos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el cual está programado a expirar en abril. La cifra representa aproximadamente la mitad de los cerca de 600.,000 beneficiarios del programa. Se tiene previsto que el resto de las personas pierdan sus protecciones a finales de septiembre.

El anuncio se publicará y entrará en vigor 60 días después.

Se trata de una de las más recientes acciones del gobierno federal en contra del sistema de inmigración, mientras los funcionarios intentan cumplir con las promesas de imponer medidas más enérgicas contra las personas que viven en el país sin autorización legal y llevar a cabo el mayor operativo de deportación en la historia de Estados Unidos.

La noticia desató un caos entre los venezolanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

“Ahora me siento en el aire, en abril quedo indocumentado”, dijo Henry Carmona, un venezolano de 48 años que dijo que tuvo que abandonar su país luego de recibir amenazas de muerte. “Yo no puedo volver a Venezuela. Puedo ir preso, temo por mi vida”.

En Venezuela, Carmona trabajaba como pintor para una empresa gubernamental, pero no estaba a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro, explicó. Fue golpeado por fuerzas paramilitares cercanas a Maduro, por lo que decidió irse del país, afirmó.

Carmona llegó a Estados Unidos en 2022 y se reunió en Miami con su esposa y su hija de 17 años. Los tres solicitaron el TPS. Ahora trabaja en la construcción y dijo que buscará otra manera para permanecer legalmente en Estados Unidos.

El Congreso estableció el TPS en 1990 para evitar que las personas fueran deportadas a países que atravesaban por catástrofes naturales o conflictos civiles, otorgando a las personas permisos para trabajar con incrementos de hasta por 18 meses. El TPS resguarda a cerca de 1 millón de inmigrantes de 17 países. Los venezolanos son uno de los mayores beneficiarios.

En su decisión, el Departamento de Seguridad Nacional informó que la situación en Venezuela había mejorado lo suficiente como para justificar el fin de las protecciones. Noem también destacó que la designación del TPS se había utilizado para abrir una vía para que personas que no tenían otra manera de migrar hacia Estados Unidos pudieran establecerse en el país.

“Las elevadas cifras han dejado como resultado estragos en las comunidades locales”, asegura la decisión de Noem. También señaló que entre los que llegan a Estados Unidos hay miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El grupo delictivo se originó hace más de una década en una prisión del estado central de Aragua, pero se ha expandido en los últimos años a medida que millones de venezolanos huyeron del gobierno de Nicolás Maduro y migraron hacia Estados Unidos o algún otro país del continente.

Durante su campaña, Trump destacó en repetidas ocasiones sobre los peligros que representaba la pandilla, lo que desató críticas de que se refería a todos los inmigrantes como criminales.

Más de 7.7 millones de venezolanos han salido de su país desde 2013, cuando la economía de Venezuela se desmoronó y Maduro asumió el cargo. La mayoría de ellos se establecieron en Latinoamérica y el Caribe pero, después de la pandemia, un número cada vez más grande de migrantes se fijó como objetivo llegar a Estados Unidos.

La prolongada crisis en el país ha aniquilado a la clase media y empujado a millones de personas a condiciones de pobreza.

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Políticamente, el país se encuentra en un estancamiento después de que Maduro tomó posesión el mes pasado para un tercer mandato de seis años a pesar de que existe evidencia creíble de que Edmundo González, candidato de la alianza opositora que cuenta con respaldo de Estados Unidos, derrotó a Maduro por un margen mayor a 2-1 en las elecciones de julio pasado.

La lideresa de la oposición María Corina Machado dijo a la prensa que su equipo ha estado en contacto con miembros del Congreso de Florida y de otros estados para abordar el fin del TPS y encontrar algún tipo de protección para los venezolanos

“Queremos que regresen pero para una Venezuela libre, segura y próspera donde nadie se persiga, y que lo hagan voluntariamente”, declaró. “Los criminales son una fracción ínfima de los venezolanos que están dándolo todo por contribuir a la nación estadounidense”.

Activistas en materia de inmigración se reunieron en un restaurante de Doral —conocida como “Doralzuela” por la enorme comunidad venezolana en la ciudad del sur de Florida — para expresar su rechazo al fin del TPS.

Dijeron que las condiciones en Venezuela no han mejorado y no es seguro enviar a las personas de regreso al país.

“Vamos a utilizar todas las herramientas legales con las que contamos”, dijo Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus.

El TPS le otorga a las personas permiso legal para permanecer en el país, pero no abre una vía a largo plazo para obtener la ciudadanía. Los beneficiarios dependen de que el gobierno renueve su estatus una vez que expire. Los críticos de la medida han dicho que, con el tiempo, la renovación del estatus se vuelve automática, sin importar la situación actual en el país de origen de la persona.

En los últimos días de la presidencia de Joe Biden, el predecesor de Noem, Alejandro Mayorkas, extendió las protecciones para los venezolanos hasta octubre de 2026. Pero Noem revocó esa decisión.

Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita las opciones de deportación. Pero el gobierno federal asegura que uno de sus objetivos principales es el de garantizar la posibilidad de llevar a cabo deportaciones hacia Venezuela. Su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, viajó a Venezuela y sostuvo un encuentro con Maduro. Seis prisioneros estadounidenses fueron liberados tras la reunión.

Después de la visita, Trump escribió en su sitio de redes sociales Truth Social que Venezuela acordó recibir de regreso a sus ciudadanos, lo que podría poner fin al estancamiento en el tema de las deportaciones.

El gobierno de Venezuela no ha confirmado algún acuerdo hasta el momento.

Trump tomó medidas similares durante su primer mandato cuando intentó terminar el Estatus de Protección Temporal para personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Pero grupos defensores en materia migratoria interpusieron una demanda, evitando el fin de las protecciones

The New York Times fue el primer medio en informar sobre el anuncio del fin al TPS para venezolanos.

El TPS es una ayuda que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que han migrado a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar allí hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.

De acuerdo con el Times, unos 250.000 venezolanos bajo las protecciones del TPS hasta septiembre no se verán afectados por esta revocación del alivio migratorio que está pendiente de oficializarse.

La noticia se produce después de que Trump anunciara ayer que Venezuela ha aceptado encargarse del transporte y recibir a sus ciudadanos que sean deportados de EE.UU.

Durante su primer gobierno, Trump intentó poner fin a las protecciones para los migrantes de varios países, entre ellos Haití, El Salvador y Sudán, pero los tribunales federales bloquearon algunos de esos intentos.

La decisión elimina el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los migrantes en 60 días, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un aviso que se publicará esta semana. La medida les quitaría su protección contra la deportación y su derecho a trabajar en EE.UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “determinó que es contrario al interés nacional permitir que los ciudadanos venezolanos cubiertos permanezcan temporalmente en los Estados Unidos”, según el documento. Noem ya había cancelado una prórroga de 18 meses del TPS para 600,000 venezolanos emitida el mes pasado bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

La nueva directriz se suma a una ofensiva más amplia contra la inmigración que ha incluido arrestos de inmigrantes indocumentados desde Nueva York hasta Denver, incluyendo personas condenadas por delitos graves. El presidente Donald Trump ha prometido llevar a cabo la mayor deportación en la historia de EE.UU., ha ordenado a miles de soldados adicionales que ayuden en la aplicación de la ley y ha cortado el acceso al asilo.

Se espera que Venezuela permita el regreso de migrantes deportados directamente al país sudamericano después de que el asesor de Trump Richard Grenell se reuniera la semana pasada con el presidente del país, Nicolás Maduro. La prohibición de dichos vuelos está en vigor desde hace casi un año.

Cuando Biden extendió la protección para los venezolanos poco antes de dejar el cargo el mes pasado, la administración atribuyó la decisión al gobierno “inhumano” de Maduro.

La decisión del DHS de esta semana se aplica a los inmigrantes venezolanos a quienes se les concedió el TPS en 2023. Un grupo separado de inmigrantes venezolanos tiene protección bajo una decisión de 2021. Su estatus de TPS está programado para expirar en septiembre de este año.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que también revocará las protecciones del TPS para personas de otros países. El programa está dirigido a personas de naciones consideradas inestables y cubre a alrededor de un millón de personas de 17 países, entre ellos Haití y Ucrania.

Los venezolanos han estado entre los grupos más grandes de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México sin autorización en los últimos años, huyendo de la violencia, la pobreza y la alta inflación en su país. El programa TPS para venezolanos recibió un amplio apoyo al principio, pero luego recibió críticas de los republicanos, que argumentaron que necesitaba restricciones más estrictas.

Además un tribunal federal le impidió al gobierno de Donald Trump enviar a tres inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba, en medio de una amplia estrategia desplegada por el presidente estadounidense para controlar la inmigración.

En un documento jurídico presentado más temprano ese día, los abogados de los hombres afirmaron que los detenidos “encajan en el perfil de aquellos a los que el gobierno da prioridad para que sean detenidos en Guantánamo, es decir, hombres venezolanos detenidos en el área de El Paso con base en acusaciones (falsas) de estar vinculados con la banda Tren de Aragua”.

En el texto se le pide a una Corte Federal de Distrito en Nuevo México que emita una orden de restricción temporal para bloquear su traslado, añadiendo que “la mera incertidumbre que el gobierno ha creado en torno a la disponibilidad de proceso jurídico y acceso a asesoría es suficiente para autorizar el modesto mandato judicial”.

Durante una audiencia breve, el juez Kenneth J. Gonzales concedió la orden temporal, a la que el gobierno se opuso, dijo Jessica Vosburgh, abogada de los tres hombres.

“Es a corto plazo. Esto será revisado y detallado más en las próximas semanas”, le dijo Vosburgh a The Associated Press.

Se dejó un mensaje al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para solicitarle sus comentarios.

El documento fue presentado como parte de una demanda en nombre de los tres hombres interpuesta por los grupos activistas Centro de Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México, y el Centro Asesor de Inmigrantes Las Américas.

La banda Tren de Aragua se originó en una prisión anárquica en el estado central venezolano de Aragua hace más de una década, y en los últimos años se ha expandido a medida que millones de venezolanos desesperados han huido del gobierno del presidente Nicolás Maduro y emigrado a otras partes de América Latina o Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó la semana pasada que vuelos con personas detenidas habían aterrizado en Guantánamo. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes enviaron una carta en la que exigían tener acceso a las personas que han sido enviadas allí, diciendo que la base no debería usarse como un “agujero negro jurídico”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que más de 8,000 personas han sido arrestadas en acciones para contener la inmigración desde la investidura de Trump el 20 de enero.

Trump se ha comprometido a deportar a millones de las aproximadamente 11.7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal.

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