Agencias/Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró una pausa en la relación entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá tras las críticas que emitieron contra la reforma al Poder Judicial en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados mexicana.
“¿Cómo le vamos a permitir al embajador [Ken Salazar], con todo respeto porque no es un asunto de pleito o enemistades, que él opine que está mal lo que estamos haciendo. No vamos a decirle que abandone el país, pero sí leerle la Constitución, que es como leerle la cartilla.
“La relación [con el diplomático] es buena, pero está en pausa desde que declaró eso [en referencia a sus dichos sobre el Poder Judicial]”, indicó en conferencia de prensa.
El mandatario mexicano hizo énfasis en que esta pausa se aplica también a Graeme Clark, embajador de Canadá en la nación latinoamericana, quien igualmente dio su opinión sobre esta propuesta para reformar los organismos judiciales.
Esto no significa una ruptura diplomática con ninguna de estas naciones, aclaró López Obrador.
“Ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. La relación [diplomática con ambos] continúa pero, ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Mientras haya eso, y sigan con esa política, hay pausa”, apuntó.
El 22 de agosto de 2024, el embajador estadounidense en México aseveró que, de aprobarse la reforma al Poder Judicial, se pondría en riesgo la democracia en la nación latinoamericana, así como la relación comercial entre ambas naciones. Días más tarde, el diplomático estadounidense moderó el tono de sus dichos y dijo que sus comentarios eran “en espíritu de colaboración”.
A él se sumó Graeme Clark, embajador de Canadá en el territorio mexicano, quien hizo énfasis en las consecuencias económicas. “[Los empresarios] solo quieren estabilidad”, aludió ante la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham).
Esto provocó reacciones por parte del Gobierno mexicano. Mientras tanto, López Obrador hizo énfasis en la defensa de la soberanía e independencia de la nación que él encabeza.
Asimismo, la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, refirió que el debate sobre la reforma al Poder Judicial del país latinoamericano solo corresponde a su población.
López Obrador ha impulsado una reforma al poder judicial que prevé la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular en medio de una ola de críticas dentro y fuera de México que simultáneamente detonó la fuga de capitales y múltiples protestas en el país.
La iniciativa de López Obrador prevé la elección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular y tómbolas, además, de recortar el periodo de permanencia en el cargo.
Ayer, cientos de personas protestaron en calles de Ciudad de México contra la polémica reforma constitucional impulsada por López Obrador que concluirá su mandanto est 1 de octubre y sido secundada por legisladores del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Paralelamente, el Banco de México (Banxico) reportó que durante el segundo trimestre del 2024 salieron capitales golondrinos por un total de 8,233 millones de dólares (mdd).
Esto, indicó Baxico, es una tendencia registrada en 16 de los últimos 21 trimestres con salidas de capitales.
La salida de inversión registrada durante el segundo trimestre del presente año es la más grande para un trimestre desde el periodo octubre-diciembre del 2021, cuando salieron 14,476 millones de dólares, en medio de la creciente polémica relacionada con la reforma judicial.
La reforma será abordada en la legislatura que iniciará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para su aprobación sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Ante ello, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que se vulneran sus derechos laborales el asado 19 de agosto.
Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Señalan también que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos.
“Lo que se está haciendo a través de esta reforma, aparte de la modificación de los sueldos y quitar varios derechos es cortar la carrera judicial”, dijo a la AFP Roberto Zayas (39), empleado judicial.
Esta reforma tensó también la relación del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá, socios en el tratado de libre comercio T-MEC.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo el jueves pasado que la elección popular de jueces “amenaza” la relación comercial entre ambos países y es un “riesgo” para la democracia mexicana.
Su par de Canadá, Graeme Clark, indicó por su parte que los inversionistas de su país mostraron preocupación por la reforma y que esperan un “sistema judicial que funcione si hay problemas”.
El gobierno de López Obrador calificó la declaración de Salazar de “injerencista”, mientras que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum -quien asume el primero de octubre- remarcó que en Estados Unidos se elige a los jueces por voto popular.
Como parte de los principios de la ‘austeridad republicana’, se pretende además poner un alto a los que se consideran “gastos excesivos y onerosos” del Poder Judicial: la iniciativa contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados se vinculen al del presidente de la República y reducir sus prestaciones.
Asimismo, se propone que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también elegidos mediante el voto popular.
Se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte.
Y no solo eso, se plantea modificar el diseño y la estructura del Consejo, a través de la creación de un tribunal disciplinario judicial que, para poder garantizar su autonomía e independencia, ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Para el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’ (4T), conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial no es una tarea menor. Se trata de hacer realidad finalmente un conjunto de cambios que hasta la fecha han sido rechazados en el Congreso o invalidados por la Corte.
Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición y no pocas barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Para el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, en cambio, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave para conseguir, finalmente, echar abajo los obstáculos para continuar profundizando el proceso de transformación que comenzó en 2018.
Cabe recordar que, en varias ocasiones, la Suprema Corte ha declarado inválidas algunas iniciativas de reforma impulsadas por el partido oficial, al tiempo que jueces han otorgado amparos a favor de particulares inconformes ante decretos presidenciales o cambios a leyes secundarias y la Constitución.
Es una reforma que pone al descubierto dos visiones contrapuestas de proyecto de país: mientras que para la oposición el Gobierno no busca sino una “mayor concentración del poder”, “atropellar el Estado de derecho” y “debilitar la democracia”; para la 4T se trata de “fortalecer el sistema de impartición de justicia” con el objetivo de “colocarlo al servicio del pueblo”.
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial es que atenta contra uno de los principios básicos de los órganos de impartición de justicia: la independencia.
Bajo esta perspectiva, toda vez que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial harían propuestas de candidatos para ocupar los cargos de ministros de la Corte, magistrados y jueces, las preferencias del partido oficialista MORENA y sus aliados, que arrasaron en la elección de junio de este año (y por lo tanto ostentarán la Presidencia y la mayoría del Congreso), serían preponderantes.
El filósofo y sociólogo Armando Bartra, un intelectual de izquierda que ha estudiado los procesos políticos de la historia reciente de América Latina, dijo a la Revista Proceso que está convencido de que el Plan C del Presidente López Obrador es equivalente a las asambleas constituyentes que permitieron cambios de régimen en varios países de la región en los últimos 30 años.
En entrevista con Proceso, Bartra sostiene que el paquete de reformas estructurales consideradas en el Plan C del mandatario, el cual cuenta con el apoyo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, producirá, en los hechos, una “nueva Constitución” que plasmará el proyecto político, económico y social de la Cuarta Transformación (4T).
Esta nueva Constitución mexicana, que es posible aprobar modificando varios artículos del texto actual con la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y la que puede lograr en el Senado, tendría que rescatar el progresismo de la Constitución de 1917 y, “por otro lado, ponerlo al día con los retos nuevo milenio”, señala el académico.
Para el autor de 30 libros, entre ellos Los nuevos herederos de Zapata y El fin del principio: hacia la segunda etapa de la 4T, lo que se verá en las próximas semanas en México es un proceso equivalente al de las asambleas constituyentes que en su momento impulsaron Hugo Chávez en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador (2007).
Ellos, dice Bartra, lograron plasmar sus reformas progresistas en esas nuevas constituciones surgidas de dinámicas constituyentes, mientras que en México el proyecto de la 4T quedaría incorporado a la Carta Magna con la aprobación, por parte del Congreso, de las 18 iniciativas de López Obrador conocidas como Plan C, más cuatro que ha planteado Sheinbaum.
Bartra recordó que en 2018, tras el triunfo electoral de López Obrador, platicó con el entonces presidente electo sobre la necesidad, o no, de comenzar su gobierno con un paquete de reformas constitucionales, dado que MORENA había logrado mayoría calificada en el Congreso.
El planteamiento de López Obrador, narró Bartra, fue que, efectivamente, la Constitución mexicana había sido gravemente alterada en sus postulados nacionalistas, progresistas y populares para favorecer intereses privados, pero que, aun así, se podía trabajar con esa Carta Magna y, sobre la marcha, ir introduciendo reformas.
Pero los tres primeros años de gobierno se priorizó la agenda social, luego vino la pandemia del Covid-19 y, en 2021, MORENA perdió la mayoría calificada en el Congreso.
“Ahí –sostiene– las reformas constitucionales, en general, ya no pasaban, porque había una derecha decidida a no dejarlas pasar, a bloquearlas. Ahora, con la derrota del bloque conservador (en los comicios del 2 de junio y la conformación de una mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y probablemente en el Senado) no van a poder bloquearlas”.
Para Bartra, “no es deseable para la democracia” tener mayorías calificadas y “aplanadoras legislativas”, pero es la única forma de sacar adelante la agenda de reformas progresistas de López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo cual “es absolutamente legítimo”, porque el contundente triunfo electoral de Morena fue una decisión democrática de los electores.
Y con esto, señala el académico, ya hay que dejar de hablar, como muchos lo hacían, de “la llamada Cuarta Transformación” o de “la 4T” entre comillas, y hay que hablar “de una gran transformación y de un cambio de época” en el que habrá grandes reformas que son “necesarias” para México, como la del INE y la del Poder Judicial, contempladas en el Plan C.
“Creo que es claro que ya estamos en una nueva época y en un cambio de régimen, y una de las definiciones de esta nueva realidad política van a ser los cambios constitucionales”, afirma el filósofo, sociólogo y antropólogo social, quien ha impartido clases en la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco).
Bartra coincide con quienes piensan que, en esta nueva época, en México se instaló una nueva hegemonía, “pero no es la hegemonía de un partido (Morena, en este caso) sino que es la hegemonía de un proyecto político, social y cultural, de izquierda, progresista y posneoliberal”.
En entrevista con RT, Jaime Cárdenas Gracia, abogado especializado en derecho constitucional, explica que el argumento esgrimido por la oposición no se sustenta, ya que, en realidad, el Poder Judicial ya está politizado.
“Durante los últimos años, en los hechos ha sido un método completamente político, un sistema de reparto de ministros entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN)”, sentencia.
En el caso de la selección de ministros de la Suprema Corte, por ejemplo, el mecanismo de nombramiento otorga al Presidente de la República la facultad de presentar una terna de candidatos que luego son aprobados por el Senado con una mayoría calificada.
“Durante los últimos años, en los hechos ha sido un método completamente político, un sistema de reparto de ministros entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN)”, sentencia.
Por otro lado, en el caso de jueces y magistrados, Cárdenas Gracia explica que durante los últimos años se intentó que su selección fuera a partir de concursos, no obstante, cuestiona que las convocatorias no son abiertas a toda la sociedad y se limitan a tomar en cuenta a funcionarios judiciales.
“En la actualidad la selección de jueces y magistrados se da a través de un método cerrado, endogámico y muy corporativo”, asevera el también investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para Cárdenas Gracia, una de las virtudes de la reforma judicial propuesta por López Obrador es que abre la convocatoria a toda la sociedad.
Además, puntualiza que en la iniciativa se establece que los tres poderes podrán presentar propuestas de candidatos a ocupar los cargos, mismas que serán revisadas por un Comité de Evaluación, con el objetivo de seleccionar los mejores perfiles de acuerdo a su capacidad, experiencia y probidad en su desempeño profesional.
De esta forma, explica Jaime Cárdenas Gracia, el proceso de selección de candidatos ya no estará en manos de un solo poder como ocurre actualmente, el Ejecutivo, sino que dependerá de los tres poderes.
“Hay que decir que habrá una mayor participación de la sociedad a través de los Comités de Evaluación. Además, el mecanismo de sorteo para elegir a los candidatos finalistas evitará el control por parte de un poder o grupo”, sostiene Cárdenas.
Por su parte, Andrés García Repper, abogado especializado en derecho electoral y constitucional, asevera que, en cuanto a la reforma judicial que se discute en el Congreso, la de la oposición es una “visión tramposa”.
“Lo único que se busca con esta reforma es que las autoridades del Poder Judicial emanen de la decisión popular, una vez superados varios filtros técnicos, por supuesto. Pero eso no significa que el Poder Judicial no continuará ejerciendo su independencia como hasta ahora”, asevera el abogado Andrés García Repper.
Explica que, en su artículo 95, la Constitución mexicana establece que el poder público dimana del pueblo, con lo cual, es posible modificar en todo momento la forma en que se constituye el Poder Judicial.
“Lo único que se busca con esta reforma —alega el jurista— es que las autoridades del Poder Judicial emanen de la decisión popular, una vez superados varios filtros técnicos, por supuesto. Pero eso no significa que el Poder Judicial no continuará ejerciendo su independencia como hasta ahora”
Además de los partidos políticos de la oposición, buena parte de quienes laboran en el Poder Judicial ha expresado su rechazo hacia la reforma judicial.
No solamente ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, sino también quienes integran el personal administrativo se han terminado sumando al paro indefinido que comenzó el pasado 21 de agosto, en escala nacional.
Acusan que sus derechos laborales se verán socavados en caso de aprobarse la reforma, con todo y que la iniciativa constitucional no implica afectaciones en materia de salarios y prestaciones para quienes no son altos funcionarios.
García Repper puntualiza que, en el proyecto de dictamen de la iniciativa, que ya ha sufrido algunas modificaciones en las Comisiones legislativas, se establece en el primer párrafo del artículo X transitorio que a los trabajadores del Poder judicial se les respetarán todos sus derechos.
Por otro lado, en el plano externo, a partir de que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la elección presidencial, el pasado 2 de junio, y refrendó su compromiso de apoyar la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el peso mexicano comenzó a sufrir un proceso de depreciación ante el dólar.
En esos días, en medio de la incertidumbre entre inversionistas, Sheinbaum reiteró en una conferencia de prensa el compromiso de la Administración que encabezará de garantizar la certidumbre jurídica.
Adicionalmente, con ánimo de fomentar la confianza en los mercados financieros, Sheinbaum comentó que Rogelio Ramírez de la O, quien se ha desempeñado como secretario de Hacienda y Crédito Público durante el Gobierno del Presidente López Obrador, se mantendría en el cargo.
Sin embargo, desde entonces el peso mexicano no ha logrado recuperar terreno ante el dólar. De principios de junio a la tercera semana de agosto, el tipo de cambio pasó de 17 a 19,45 pesos por dólar, una depreciación de casi 14,5 %.
Y las presiones externas sobre la economía mexicana van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley lanzó la recomendación de no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente “aumentará las primas de riesgo en México”.
Las presiones externas van en aumento. Esta semana, el banco de inversión de origen estadounidense Morgan Stanley recomendó no invertir en acciones de empresas mexicanas, dado que la reforma judicial supuestamente “aumentará las primas de riesgo” en el país latinoamericano.
Por otro lado, el cumplimiento de las reglas del pacto comercial más relevante para México, el T-MEC, suscrito con EEUU y Canadá, también está siendo objeto de cuestionamientos, ya no solo por parte de legisladores norteamericanos y funcionarios como Brian Nichols, titular del Departamento de Estado para América Latina.
El pasado 22 de agosto, Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México, publicó un comunicado en el que apunta que la reforma judicial que está en discusión pone en riesgo el funcionamiento de la democracia y la integración de las economías bajo el T-MEC.
Tanto Cárdenas Gracia como García Repper coinciden en que la iniciativa de reforma del Poder Judicia, presentada por López Obrador, es apenas un primer paso en el camino para transformar de fondo este poder y, con ello, hacer realidad la impartición de justicia en México.
Los cambios no se limitan a la iniciativa del mandatario mexicano, sino que continuarán durante la próxima Administración. Sobre el asunto, recuerda García Repper: los tres ejes propuestos por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum son, en primer lugar, concluir la reforma judicial y, en un segundo momento, impulsar las reformas de las Fiscalías y las Defensorías de Oficio.
“Me parece acertado haber empezado con esta reforma orgánica del Poder Judicial. De haber iniciado con la transformación de las fiscalías, por ejemplo, estas habrían impugnado una iniciativa de este tipo ante la Suprema Corte que, seguramente, la habría invalidado”, asegura García Repper.
Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia considera que es necesario avanzar en la profesionalización de las policías municipales y estatales. Y también en la reforma de las Fiscalías en México que, asegura, no han demostrado capacidad a la hora de realizar investigaciones.
“Hay que fortalecer también las defensorías públicas, para que la población de menores ingresos pueda contar con un abogado bien capacitado que pueda llevar sus respectivos casos con profesionalismo”, argumenta.
Cárdenas Gracia, quien en 2020 fue titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado del Gobierno de México, concluye que aún hay mucho por hacer para convertir en realidad la impartición de justicia: “Esta reforma es apenas un inicio, una primera etapa de este proceso de transformación”.
