Agencias/Washington.- La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos congeló la Orden Ejecutiva del Presidente Barack Obama que pretendía regularizar el estatus de residencia y laboral de aproximadamente cuatro millones de inmigrantes indocumentados.
La Corte emitió un fallo dividido, con cuatro votos a favor y cuatro en contra, que frenó la iniciativa de Obama para evitar las deportaciones de millones de personas en su mayoría hispanos en Estados Unidos.
La decisión de los magistrados ha sido un duro golpe a la comunidad de inmigrantes indocumentados, quienes bajo la Orden Ejecutiva que emitió el mandatario, en noviembre de 2014, se sentían protegidos de una eventual deportación de Estados Unidos.
En términos concretos, el empate en la decisión de los jueces anuló la posibilidad de un cambio a las leyes migratorias en el país en lo que le resta del mandato de Obama.
La ausencia del noveno magistrado de la terna en la Corte Suprema de Justicia, debido a la muerte del juez Antonin Gregory Scalia, quien falleció el pasado 13 de febrero, permitió que el fallo quedara entablado en número de sufragios.
En marzo pasado Obama anunció la nominación del juez federal Merrick Garland para ocupar el puesto vacío que dejó Scalia en la Corte Suprema, pero la oposición republicana que controla la Cámara de Senadores bloqueó totalmente el proceso de consideración, debate y votación de la postulación del magistrado.
La ausencia del noveno juez en la Corte Suprema anuló cualquier posibilidad de una reforma migratoria por decisión de Obama, lo que en pleno proceso de elección presidencial deja la posibilidad de que los cambios a las leyes en esa materia se den bajo la presidencia de quien gane los comicios del próximo 8 de noviembre.
En términos jurídicos, la decisión dividida de la Corte Suprema convalida el fallo del año pasado de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito en Nueva Orleans, Louisiana, que consideró inconstitucional la Orden Ejecutiva de Obama.
La Corte de Apelaciones determinó que el presidente no tenía la autoridad constitucional para prevenir el cumplimiento de las leyes de inmigración sobre los inmigrantes indocumentados. Es decir, la Corte de Nueva Orleans descalificó a Obama para detener la deportación de los inmigrantes indocumentados y lo desautorizó para emitir permisos de trabajo temporal y de residencia en Estados Unidos, sin la autorización del Congreso federal.
En noviembre de 2014, cuando Obama emitió la Orden Ejecutiva que beneficiaba a unos 4 millones de inmigrantes indocumentados, una coalición de 26 estados encabezada por Texas, de los 50 de la Unión Americana, se opusieron a la decisión del presidente y la catalogaron de inconstitucional.
Ante las intervenciones de las Cortes y de los estados, la Casa Blanca apeló a la Corte Suprema de Justicia, que ahora, incompleta en su número de magistrados, técnicamente aniquila la orden presidencial a favor de la comunidad migratoria.
La Orden Ejecutiva de Obama pretendía emitir permisos de trabajo temporal y de residencia a inmigrantes indocumentados, padres de familia de ciudadanos estadunidenses, al tiempo que ampliaba la regularidad del estatus de residencia y laboral de millones de inmigrantes extranjeros que cuando eran menores de edad fueron traídos a Estados Unidos.
La acción unilateral del mandatario estadunidense sobre inmigración se dio como resultado de la ausencia de apoyo en el Congreso federal para aprobar una reforma integral que regularizara el estatus de residencia y de trabajo de unos 11 millones de indocumentados.
Dominado por los republicanos en los dos extremos, la Cámara de Representantes y de Senadores, el Congreso federal aniquiló cualquier intento legislativo para modificar las leyes migratorias.
Obama, quien como candidato a la presidencia prometió que de llegar a la Casa Blanca, en sus primeros seis meses de gobierno enviaría al Capitolio un proyecto de ley de reforma migratoria integral, incumplió su palabra.
El presidente estadunidense tardó seis años para actuar en materia migratoria, y al hacerlo utilizó los poderes ejecutivos que ahora le anuló la Corte Suprema.
Con el fallo de los ocho magistrados, corresponderá al próximo presidente de Estados Unidos –sea Donald Trump, el virtual candidato republicano, o a Hillary Clinton, la virtual candidata demócrata– anular o seguir empujando en las Cortes la decisión de Obama.
Con Trump como presidente sería imposible que se mantuviera la defensa de la Orden Ejecutiva, tomando en cuenta que el magnate de la industria de la construcción ha prometido que de ganar la Casa Blanca deportará a todos los inmigrantes indocumentados y construirá un muro a lo largo y ancho de la frontera con México, que incluso, asegura, financiará el propio gobierno mexicano.
En el caso de una presidencia bajo Clinton, también se ve difícil la pelea en la Cortes por la Orden de Obama. Lo más viable, según expertos y analistas políticos, será esperar a los resultados de la elección presidencial y general del próximo 8 de noviembre, pues de esos comicios dependerá no solo la presidencia, sino también la composición política del Congreso federal.
Un proyecto de ley de reforma migratoria impulsado en el mismo Capitolio es lo más viable para determinar el futuro de la inmigración indocumentada, amén de que también será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos a quien toque nominar al candidato para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia.
